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Organismos de DDHH en Argentina constatan retroceso de derechos de los migrantes

Amnistía Internacional y la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF) alertaron sobre la criminalización que sufren los migrantes en ese país a partir de un discurso oficial que incide en la implementación de medidas regresivas y en una percepción negativa de los extranjeros.

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"Ha habido una construcción consciente de asociar al migrante con el delincuente para después implementar una serie de medidas que reciban la bienvenida por parte de la sociedad", señaló a Sputnik la directora de protección y promoción de derechos humanos de Amnistía en Argentina, Paola García Rey, durante la presentación de la campaña 'Nos Une la Vida'.

A través de esta iniciativa, las dos entidades de derechos humanos realizaron cuatro anuncios audiovisuales en los que muestran la relación cotidiana que une a argentinos y a personas de diversas nacionalidades.

El proyecto contó con la participación de varios migrantes arraigados en el país, quienes aparecieron compartiendo con otros argentinos diversas costumbres, como un paseo por el parque, un partido fútbol o un juego de cartas.

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Carla Montero, boliviana que reside desde hace 16 años en Argentina, aseguró durante la presentación de la campaña que los medios de comunicación "construyen un sentido de la sociedad argentina y hacen que la discriminación aflore con cada vez más fuerza".

Miles de argentinos se vieron obligados a dejar su país tras la crisis de 2001, lo que evidencia que "la migración es un derecho humano en Argentina y en cualquier parte del mundo", subrayó Montero.

Otra de las participantes de la campaña, Olinda Pérez Moreno, explicó que la comunidad peruana tiene colocado en muchas ocasiones "el cartel de la delincuencia y el narcotráfico", cuando lo que no se ve es que "nuestros vecinos no nos ven como extranjeros, sino como seres humanos", añadió.

Combatir la xenofobia

La campaña pretende ser una "nota disonante" ante una "melodía" que aborda la inmigración desde una perspectiva negativa, vinculada al rechazo y a posturas xenófobas, explicó la coordinadora de la CAREF, Gabriela Liguori.

"Venimos advirtiendo que a nivel nacional hay una oleada muy fuerte del crecimiento del mensaje xenófobo hacia el migrante", señaló.

El organismo brinda servicios de atención directa a la población migrante a través de dos espacios: el servicio social y la clínica jurídica, donde intervienen también la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

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"En estos espacios hemos detectado un incremento de las consultas sobre la documentación que deben presentar los migrantes, dado que las personas tienen cierto temor a acercarse de manera directa a la Dirección General de Migraciones (DGM)", explicó Liguori.

Ese recelo ha sido consecuencia de un serie de prácticas respecto a los trámites de regularización migratoria, que han vuelto al organismo más estricto.

El CAREF ha tenido conocimiento "de casos concretos de retención de personas que tenían pedido de expulsión, y a las que fueron a buscar directamente al trabajo o a la casa para llevarlos a un lugar privados de libertad hasta su deportación", detalló su coordinadora.

Medidas del gobierno

También se ha detectado un alza en las consultas que realizan las organizaciones que trabajan con los migrantes ante la incertidumbre que genera el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente argentino Mauricio Macri en enero pasado.

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El decreto restringe el ingreso al país y acelera la deportación de extranjeros con condenas privativas de libertad o con antecedentes penales modificando así la Ley de Migraciones de 2003, "que tenía participación civil y consenso global por lo protectora que era en término de derechos humanos", acotó Rey.

Alegando que se trataba de una cuestión de seguridad, el DNU fue oficializado con una serie de estadísticas que magnificaba el porcentaje real de los detenidos extranjeros dentro del universo penitenciario.

El Gobierno, por otro lado, no pudo argumentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuál era la premura para recurrir a un decreto de necesidad y urgencia sin pasar por el Poder Legislativo.

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El DNU del mandatario fue examinado en febrero por una comisión bilateral del Congreso, que no consiguió emitir un dictamen sobre su validez.

El Parlamento deberá por tanto dictaminar si aprueba el decreto presidencial, que sólo será desestimado si tanto la Cámara de Diputados como el Senado se oponen a él.

"No hay ningún antecedente en la legislación argentina en el que ambas Cámaras hayan rechazado un decreto", observó Liguori.

Por eso, junto con el CELS y el Colectivo por la Diversidad (COPADI), el CAREF presentó en febrero un amparo colectivo ante la justicia para pedir la nulidad y la inconstitucionalidad del DNU de Macri.

BUENOS AIRES (Sputnik y otras fuentes) 

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