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El Comité Contra la Tortura de la ONU instó a la Argentina a derogar el DNU que modificó la Ley de Migraciones

El Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas instó a la Argentina a derogar el decreto de necesidad y ur­gencia que modificó la Ley de Migraciones 25.871 en enero de este año (DNU 70/2017). Lo hizo en las obser­vaciones finales de la evaluación periódica sobre el cumplimiento de la Convención Contra la Tortura.

Según el Comité –CAT, como se lo conoce por sus siglas en inglés–, el DNU deroga parte de las garantías de la le­gislación de 2004, al introducir “un procedimiento de expulsión de migrantes sumarísimo que reduce drástica­mente los plazos para recurrir la expulsión” y dificulta el acceso a la asistencia jurídica gratuita de las personas migrantes. Señaló, además, que el Decreto no asegura que la detención por razones migratorias sea una me­dida de último recurso, ya que establece la prisión preventiva de migrantes desde el inicio del procedimiento. El Comité instó al Estado a garantizar el uso excepcional de esta medida y el control judicial efectivo de las órdenes de detención. También manifestó su preocupación por los rechazos de migrantes –en algunos casos, grupos familiares– en frontera, sin las garantías del debido proceso y asistencia jurídica      gratuita.

El CAT en sus observaciones anteriores, de 2004, celebró la aprobación de la Ley de Migraciones. De cara a la evaluación de 2017, el CAT había solicitado los datos sobre detenciones y expulsiones de las personas mi­grantes en el país. En ese contexto se presentó al Comité información sobre los retrocesos normativos intro­ducidos por el DNU en la Argentina señalando cómo el DNU viola el debido proceso, el acceso a la justicia de las personas migrantes y el carácter excepcional de la detención por razones migratorias, además de crimi­nalizar a las personas migrantes. La Defensoría General de la Nación y la Procuración Penitenciaria de la Na­ción también acercaron al Comité informes sobre los graves efectos de la nueva norma.

Previamente a estas observaciones finales, durante el diálogo interactivo con los representantes del Estado argentino, los miembros del CAT ya habían manifestado su preocupación por los efectos del DNU y el posible aumento de la xenofobia y la discriminación en contra de las personas migrantes, al señalarlas como responsables de los problemas de seguridad y con el delito.

Organizaciones de migrantes y de derechos humanos señalaron que Argentina “debe responder de manera urgente” a la observación que el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas realizó sobre el cumplimiento de los derechos humanos de los migrantes en el país.

Organizaciones Argentinas de DDHH apoyan el informe del CAT

“Es momento de que finalmente el Gobierno entienda lo que le venimos diciendo desde que comenzaron a pensar este endurecimiento: ese decreto es discriminatorio y alienta la xenofobia”, postuló Nengumbi Sukama, fundador del Instituto Argentino para la Igualdad, la Diversidad y la Integración (Iarpidi). Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advirtieron que “Argentina está en una clara posición de incumplimiento de normas internacionales en materias de derechos humanos de los migrantes, lo mínimo que pide el comité es la derogación del decreto para que cesen sus efectos adversos en ese sentido”. El DNU en cuestión, que permanece en vigencia desde el 30 de enero pasado, aún no fue evaluado por el Congreso, que puede declarar su nulidad.

El Estado argentino “debe derogar o enmendar las disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia No. 70/2017”, planteó el Comité Contra la Tortura de la ONU (CAT) en el informe final de sus más recientes audiencias, que culminaron la semana pasada en Ginebra y de las que Argentina fue parte examinada. Allí, entre varios otros puntos –situación de cárceles y lentitud en los procesos judiciales, entre otros–, consultó a las autoridades nacionales sobre la protección de los derechos a los migrantes. “Se hizo mucho hincapié en los puntos que denunciamos las organizaciones sociales sobre el decreto 70/2017 y las autoridades no supieron qué contestar”, apuntó Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del CELS. 

Morales resumió las críticas que el CAT realizó al decreto 70/2017 en cuatro puntos: “señaló que el DNU permite las expulsiones sin garantías legales mínimas, limita el acceso a la defensa jurídica y, por ende, al derecho a acceso a la justicia, amplía los supuestos por los que un migrante puede ser detenido bajo prisión preventiva y los rechazos de migrantes en la frontera sobre la base de parámetros muchas veces discriminatorios, algo que sucedía desde antes de la aprobación del DNU”.  En ese contexto, “lo mínimo que pide el comité es que se respeten los derechos humanos de los migrantes y que se derogue ese decreto”, añadió el abogado. Además, destacó que la Ley de Migraciones “fue destacada por el CAT en 2004” y entendió que “el hecho de que ahora esté instando al Gobierno a reponerla, sumado al pedido que la CIDH le hizo en marzo en el mismo sentido y el emitido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial –de la ONU–, el año pasado, para que no adoptara medidas regresivas en materia de derechos de los migrantes ofrece un contexto para analizar qué pasa: Argentina está en una clara posición de incumplimiento de normas internacionales en materias de derechos humanos”, denunció.

“Es lo que venimos planteando desde que apareció este decreto”, advirtió el fundador del Iarpidi, senegalés de nacimiento y una de las voces que con mayor ahínco alzaron las críticas a la decisión del Ejecutivo de endurecer las condiciones de permanencia de los ciudadanos extranjeros en el país vía decreto presidencial. En ese sentido, consideró que las observaciones del CAT “son una postura adecuada para fortalecer lo que venimos denunciando, que la postura del Gobierno es xenófoba, que este decreto es discriminador porque vincula a los ciudadanos extranjeros con el crimen sin pruebas”.

“Entendemos que la única forma de frenar y revertir los efectos adversos a los derechos de los migrantes que ya tuvo este decreto es su derogación”, añadió Morales. El decreto entró en vigencia el 30 de enero pasado. La Comisión Bicameral lo trató en febrero, pero no emitió dictamen para que las Cámaras lo confirmen o lo rechacen.

El Estado argentino debe cumplir con las observaciones del Comité contra la Tortura y, en consecuencia,

derogar el DNU 70/2017.

Firman: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Colectivo para La Diversidad (COPADI); Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF); Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración  (IARPIDI); Programa Migración y Asilo del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina; Todo en Sepia- Asociación de Mujeres Afrodescendientes en la Argentina

Fuente: Página 12, por Ailín Bullentini, y ALC Noticias. 

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