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República de Uruguay

Se agotó la marihuana en el primer día de ventas en Montevideo

Una joven con sus paquetes de cannabis (EFE)

Una joven con sus paquetes de cannabis (EFE)

Las cuatro farmacias registradas ante el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (Ircca) para vender marihuana de uso personal en la capital uruguaya agotaron sus existencias de marihuana tras el primer día de venta.

Los cuatro comercios habilitados de Montevideo confirmaron esta información y, en algunos casos, aseguraron que las existencias se acabaron apenas unas horas después de abrir sus puertas.

El miércoles, los comercios amanecieron con largas filas de personas que esperaban acceder a las dos variedades que el Estado uruguayo puso en circulación, que denominó Alfa I y Beta I.

Aunque las dos presentaciones tienen algunas diferencias en su composición, el porcentaje de psicoactividad de las flores ronda el 2% en ambos casos.

Los envases, sellados al vacío, poseen 5 gramos de cannabis y su presentación incluye una serie de recomendaciones e indicaciones para los usuarios.

La adquisición a través de las farmacias es una de las tres vías de acceso a la marihuana que estableció la ley aprobada en diciembre de 2013, bajo el gobierno de José Mujica (2010-2015).

Dicha normativa también estableció el acceso a la marihuana de uso personal a través de clubes de cultivadores y el cultivo doméstico.

Fuentes de una de las farmacias no pudieron precisar cuándo se renovarán las existencias de marihuana.

Infobae con información de EFE
Foto: EFE

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Uruguay: El MPP acelera tratamiento de impuesto a los militares

A instancias del Movimiento de Participación Popular (MPP), el Frente Amplio agilizará el tratamiento del impuesto transitorio que grava las jubilaciones y pensiones de militares.

El planteo fue realizado en la Comisión de Hacienda por el senador Rubén Martínez Huelmo (Espacio 609) ayer por la mañana y el tema será incorporado al orden del día de la próxima semana. "En poco tiempo va a entrar al Senado la Rendición de Cuentas y antes queremos dejar algunos asuntos ya encarrilados", dijo Martínez Huelmo a El País.

El impuesto a militares retirados (que ganan más de $ 50.000) había ingresado formalmente al Parlamento en octubre del año pasado con el objetivo de reducir el déficit que año a año acumula el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

En 2015 el déficit de la Caja Militar acumulaba US$ 400 millones y en el 2016 se tuvieron que volcar otros US$ 50 millones extras que restringen las posibilidades de asignaciones presupuestales adicionales a otras áreas consideradas prioritarias por el gobierno en esta Rendición de Cuentas.

El sector del expresidente José Mujica trabó en diciembre del año pasado la aprobación del impuesto a militares en la bancada del Frente Amplio. El argumento que se usó en ese momento fue que se pretendía discutir el impuesto cuando la reforma de la Caja Militar llegara al Parlamento. Con los dos proyectos ya ingresados, el MPP está dispuesto a levantar las objeciones que habían congelado el tratamiento de la iniciativa.

Las insistencias del ministro de Economía Danilo Astori para apurar el tratamiento del proyecto han sido casi permanentes por la incidencia del déficit de la Caja Militar en la economía. El propio presidente Tabaré Vázquez afirmó el pasado lunes en la localidad de Ramón Trigo, en Cerro Largo —donde se celebró el Consejo de Ministros—, que "es prioritario" bajar el déficit anual del Servicio de Retiros y Pensiones Militares y expresó su deseo de que se vote "lo antes posible".

Sus palabras no cayeron en saco roto y el MPP decidió dar el puntapié inicial para agilizar el tratamiento legislativo. Tan así es, que el sector entiende que se puede tomar como base las comparecencias a la Comisión del año pasado para evitar más demoras. "Estamos en disposición de cumplir con la solicitud del Poder Ejecutivo", afirmó Martínez Huelmo. "Ya están todas las opiniones en la versiones taquigráficas del año pasado, la Comisión no puede permanecer con un proyecto del Poder Ejecutivo indefinidamente. No creo que corresponda, más cuando tenemos mayoría en la Comisión. No podemos mantenernos omisos en un tema que el propio presidente le ha dado realce", explicó el legislador.

Consultado por las dudas que el MPP había planteado con respecto al impuesto, Martínez Huelmo explicó que las mismas estaban referidas "a un examen global del tema". "Con el impuesto no tenemos muchas dudas (…) Nosotros propusimos que se comience a abordar porque había quedado a la espera de la reforma previsional, ahora eso ya vino", indicó Martínez Huelmo.

Según el legislador, la bancada oficialista "no tiene problema con el asunto", por lo que en su opinión están los votos para aprobar el nuevo tributo. "Lo que falta es predisponer la circunstancia, hacer la valoración de si falta algún elemento más o de lo contrario se procede", indicó.

No se descarta la posibilidad de realizar alguna modificación al texto remitido al Parlamento por el Ejecutivo. Por ejemplo, el senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) había planteado extender el plazo de cobro del impuesto transitorio —de 18 meses al doble— con el fin de contribuir en mayor medida a la reducción del déficit fiscal.

Cambios a la reforma.
En tanto, en Defensa ya se comenzó a trabajar en la reforma de fondo de la Caja Militar a donde serán convocados diversos actores para opinar.

El senador Mujica planteó hace una semana postergar reforma de Caja Militar hasta concretar la reestructura de las Fuerzas Armadas. "Hay que intentar hacer un estudio de las leyes orgánicas y ver si es posible lograr un esfuerzo de racionalización que permita, por un lado, aminorar ciertas cosas y, por el otro, aumentar el presupuesto efectivo, dijo Mujica. Esta reestructura de las ley orgánica militar llegará antes de fin de año al Parlamento, explicó Martínez Huelmo a El País. Luego de este planteo, Mujica sufrió una afección que lo obligó a pedir licencia médica por lo que en los próximos días piensa retomar el asunto.

El MPP había pedido "una semana" de plazo para hacer "los contactos al más alto nivel" dentro del Frente Amplio sobre la posibilidad de dejar en suspenso la reforma de la Caja (no el impuesto) y contestará en los próximos días a la oposición.

En tanto, a nivel del Frente Amplio se conformó una comisión interna para proponer cambios a la reforma de la Caja Militar que fue enviada por el Ejecutivo al Parlamento.

La iniciativa establece que la causal de retiro voluntario será para los militares que tengan 60 años de edad y un mínimo de 30 años de servicio.

El nuevo régimen que se aplicará de forma total solo para aquellos que llevan menos de diez años en las Fuerzas Armadas establece como tope máximo de retiro las 28 Bases de Prestaciones y Jubilaciones, lo cual equivale a $ 101.108.

Sectores como Casa Grande —de la senadora Constanza Moreira— y el IR de Macarena Gelman, plantearon subir la edad de retiro, modificar las tasas de reemplazo y bajar los topes de jubilación previstos en el proyecto de ley remitido al Parlamento por Vázquez.

La senadora Constanza Moreira (Casa Grande) considera que el proyecto es "generoso" y propone cambios "al régimen de transición" previsto en el proyecto del Poder Ejecutivo. A su entender, es injusto que un obrero de la construcción se retire con 60 años y un militar con 48 años, tal como está planteado en esta nueva reforma de la Caja Militar.

Coincidencias entre José y Gonzalo Mujica.
El diputado independiente Gonzalo Mujica dijo a El País que está de acuerdo con el senador José Mujica en la necesidad de un tratamiento integral previo a la consideración de un impuesto a los retiros militares.

El diputado Mujica entiende que el impuesto transitorio aplicado a militares retirados será recurrido y "nunca se va a poder cobrar".

"El tratamiento no será integral si no incluye en la Rendición de Cuentas el aumen- to de los salarios de los militares activos, que son los más bajos de la administración en el caso del personal de tropa y escandalosamente insuficientes en el caso de los oficiales", opinó Mujica. El legislador ha manifestado públicamente su oposición al cobro del impuesto, por lo que el proyecto no tendría votos para ser aprobado en la Cámara de Diputados.

El País uy.
Foto: Fernando Ponzetto

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Uruguay: Cuestionan aumento de penas para combatir el narcotráfico

Al aprobar este martes un nuevo endurecimiento en las penas contra el narcotráfico, el Parlamento volvió a mostrar unanimidad en su intención de combatir el delito con sanciones más duras. Con esta nueva ley se consolida además un cambio de postura en el Frente Amplio que siempre se había opuesto a aumentar las sanciones, y que ya dio su voto para aprobar la pena mínima de un año para los menores que comentan delitos graves, y la imposición de una reclusión mínima de 24 meses de prisión para quienes trafiquen pasta base, ambas aprobadas en 2012.

Ahora, como consecuencia de las reuniones convocadas por el presidente Tabaré Vázquez a todos los partidos en 2016, llegó al Parlamento –y se aprobó– el proyecto de ley tendiente a combatir el crimen organizado en torno al narcotráfico.

La normativa estableció una pena mínima de penitenciaría de dos años y máxima de diez para aquellos delitos asociados al narcotráfico que sean cometidos por un "grupo delictivo organizado", al tiempo que sanciona con un mínimo de dos y un máximo de 18 años de penitenciaría a quien "organizare o financiare" actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes. Y los especialistas en criminalidad volvieron a cuestionar el endurecimiento de las sanciones como solución al tema delictivo.

Además, las penas mínimas de dos años de penitenciaría convierten en inexcarcelables los delitos, lo que además choca con el nuevo código procesal penal, ya que tal como está planteado, el concepto de "inexcarcelable" dejará de existir porque la prisión preventiva no estará condicionada por la pena del delito.

Y aunque esta ley fue aprobada por unanimidad de todos los partidos, la senadora frenteamplista, Constanza Moreira, afirmó que "no le gusta" y que votó por "disciplina partidaria", mientras que la socialista Daisy Tourné reconoció que votó "con más duda que certeza".

Mientras tanto, los partidos Nacional, Colorado e Independiente respaldaron el texto al considerarlo un avance, aunque presentaron reparos porque habían impulsado sanciones más duras a las que finalmente se aprobaron. El senador colorado, Pedro Bordaberry, en tanto, felicitó el "cambio de posición" por parte del Frente Amplio que ahora sí acepta aumentar penas, cuando antes lo rechazaba.

Sin embargo, para especialistas consultados por El Observador, el impacto de esta y otras medidas que marcan el endurecimiento de penas, están lejos de ser la solución al problema de la inseguridad.

Es que según dijo el abogado integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), Martín Fernández, no hay evidencia de que aumentar las penas en el pasado haya tenido por consecuencia una reducción del delito. "Si el aumento de las penas fuera efectivo, no habría crimen en los países en los que hay pena de muerte", ejemplificó.

En el mismo sentido, el psicólogo criminalista, Gustavo Álvarez, dijo a El Observador, que "el aumento de pena privativa de libertad no disminuye ni disuade cuantitativamente los delitos" porque quienes los cometen no creen que van a ser atrapados, de la misma forma que cuando alguien circula en auto por encima del límite de velocidad, lo hace porque no cree que lo van a multar.

Además, para Fernández, la normativa que aumentará los castigos contra narcotraficantes constituye un retroceso respecto al cambio de paradigma propuesto por la ley de regulación del mercado del cannabis, con la que se intentó dejar de lado la lógica prohibicionista, en pos de una regulatoria. "No se puede dar un paso para adelante y tres para atrás", opinó

Problemas en la cárcel
Álvarez dijo que aumentar las penas contribuye a un incremento en número de personas en cárceles, lo que tiene efectos negativos en la sociedad. "Si aumentas el tiempo que un delincuente está preso y mientras está recluido no haces nada, simplemente es un paréntesis en la actividad delictiva", opinó el especialista.

Fernández, por su parte, dijo que este tipo de leyes, como la aprobada el pasado martes, requieren analizar qué impacto pueden tener, ya que enviar por más tiempo a personas a la cárcel solo generará más hacinamiento y dificultará los trabajos para su rehabilitación.

El comisionado parlamentario penitenciario, Miguel Ángel Petit, había señalado en su informe anual que Uruguay cuenta con 341 personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes, el nivel de prisionización más alto de su historia.

Según concluyó Petit en su trabajo, "una alta prisionización es también una inyección de violencia a la sociedad, retroalimentando el proceso: a más población presa, peores procesos de socialización e integración social. La consecuencia: más delitos".

En Uruguay todos los años unos 6.500 presos recuperan la libertad. De ese número se estima que unos 4.200 (65%) reincidirán en algún momento.

El observador

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Uruguay hace historia: tras meses de producción estatal, empieza a vender en farmacias su propia marihuana

Un usuario de cannabis fuma en plena Avenida 18 de Julio, en Montevideo (Adrián Escandar)

Un usuario de cannabis fuma en plena Avenida 18 de Julio, en Montevideo (Adrián Escandar)

Es la etapa clave del proceso de legalización que el país sudamericano comenzó en 2013. Ya hay casi 5 mil inscriptos para comprar las flores de cannabis. Cómo se vive en las calles la medida que revoluciona el combate al narcotráfico.

Mientras conversa con un cliente que entró a comprar papelillos para fumar, Lucas López (25) abre un cajón del mostrador de su tienda y en un gesto mecánico y naturalmente discreto saca una bolsa pequeña. Del otro lado del plástico transparente brillan con luminiscencia verde unas 10 ó 15 flores de la planta de cannabis. La conversación entre los hombres no se corta por algún tipo de estupor. No hay algo que temer ni razón por la que escandalizarse. A nadie le llama la atención la escena, ni siquiera cuando el perfume a jardín cítrico, como llegado de algún bosque exótico, invade el ambiente. Mientras cobra y despide al comprador, Lucas pica uno de los cogollos que cultivó en el balcón de su apartamento y arma un porro que, en minutos, estará fumando en la vereda de la avenida 18 de Julio, la calle más importante de Uruguay.

Un joven, en una pausa de su día laboral, consumiendo marihuana a plena luz del día, en pleno centro de Montevideo, aquí no despierta la condena de nadie. Los movimientos cotidianos de cualquier avenida no se alteran. Dos mujeres con sus perros conversan mientras los animales se olfatean. Un taxista frena para que un hombre de negocios se suba a su auto. Un policía camina atento a todo, menos al porro. Lucas podría saludar al agente amablemente sin riesgos de ir preso. Fumar no es aquí más indecente que gastarle una broma al policía por la derrota de su equipo de fútbol. A diferencia de lo que sucede en la mayoría de las naciones del planeta, en este país tener y fumar marihuana es una acción amparada por la ley.

Es así que, fiel a su tradición vanguardista en cuestión de derechos individuales, a tres años y medio de sancionada la legalización de la producción, el autocultivo y el consumo de cannabis, Uruguay dará estos días otro paso histórico en la lucha contra el narcotráfico: ofrecerá en las farmacias dos variedades de marihuana que cualquier residente podrá comprar, sin necesidad de presentar una receta ni dar su identidad y mucho menos ir a buscar al dealer.

Para combatir lo que el ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica llamó "el monopolio de mafiosos", este pequeño país del sur americano, el primero en abolir la esclavitud, y que ya legalizó el aborto, la prostitución y la adopción de hijos en matrimonios del mismo sexo, empezará a vender marihuana producida y regulada por el propio Estado.

La ley, sancionada en diciembre de 2013, también permite el cultivo hogareño o la conformación de clubes cannábicos, espacios donde el cultivo es colectivo y requiere de una membresía y discreción. Es un nuevo paradigma en la política de drogas universal; una forma progresista y liberal de combatir el crimen urbano y una acción novedosa en materia de salud pública (aunque en lo que respecta a farmacias la oferta de cannabis para uso medicinal sigue pendiente).

El Gobierno mantiene en secreto la fecha exacta en que comenzará la venta en farmacias (lo va a anunciar en conferencia de prensa), pero se estima que será el 19 de julio, un día después de la celebración del 187° aniversario de la Constitución nacional. En febrero pasado, durante una visita a Alemania, el presidente Tabaré Vázquez anunció que la tercera etapa de la ley se pondría en marcha a mitad de año. Diego Olivera, titular de la Junta Nacional de Drogas, confirmó a Infobae que ya tienen aseguradas 16 farmacias de todo el país y "posiblemente" cierren en estas horas con otras 20.

Todavía no trascendió qué farmacias que vendarán marihuana. "El día previo a la salida a la venta se va a informar cuáles son y dónde están", aclara Alejandro Antalich, presidente del Centro de Farmacias de Uruguay, que nuclea 300 locales. El proceso de naturalización del cannabis tiene sus restricciones. No cualquiera podrá comprar la marihuana en las farmacias. Para hacerlo es obligatorio ser residente del país y haberse registrado en el Correo como "adquirente", ante el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). A dos meses de abierta la inscripción, ya hay 4.617 personas habilitadas a retirar hasta 10 gramos por semana, tal como dicta la ley.

"La verdad que estamos muy contentos con esta medida. Evita que muchos jóvenes tengan que ir a comprarle porro a los narcos. Además creo que la ley abrió la cabeza a mucha gente, sobre todo los mayores", sonríe Lucas. Las estimaciones oficiales marcan que el negocio de la marihuana clandestina (la mayoría llega de Paraguay) representa 30 millones de dólares anuales. Pero el valor del gramo en farmacias será de 1,3 dólar (mucho menos que lo que cuesta el prensado paraguayo en el mercado negro) y se venderá en pequeños envases metálicos que contienen inscripciones con advertencias como "no conducir", "no apto para embarazadas", "no niños" y un texto con precauciones y sugerencias para el uso responsable. El propio Tabaré Vázquez remarcó meses atrás: El líder frenteamplista, médico, aclaró aquella vez: "No hay que consumir drogas, ni marihuana ni ninguna droga. No hay que fumar ni tabaco, ni marihuana ni ninguna droga". 

Pero en Uruguay se respeta la Constitución, que exime de la autoridad de los jueces "las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero". A los compradores sólo se les va a pedir que se identifiquen con la huella dactilar, que registraron al momento de anotarse, y un software irá guardando la data de cuánto cannabis compra cada consumidor (al llegar a los 40 gramos por mes se bloquea la venta) y el stock que tiene cada farmacia. La identidad de los consumidores es secreta y sólo se podrá acceder a esa información mediante un pedido judicial.

Paula Mussio tiene 33 años, es ingeniera en alimentos, se dedica a la microbiología y consume cannabis hace años. Tuvo plantas de marihuana en su casa pero desde que se mudó, meses atrás, no tiene espacio ni tiempo para cuidar sus propios cultivos. Por eso apenas el Gobierno anunció que abría el registro se anotó. "Hace muchos años que venimos pidiendo que se active y de cierto modo quería formar parte de esto en alguno de los eslabones. Poder comprar cannabis de un modo seguro en la farmacia de la esquina de tu casa es una opción que hay que usar", comenta. Y, a pesar de que critica al Estado por la demora en la implementación y la escasa cantidad de farmacias incluidas hasta el momento, enumera las ventajas: "Podés comprar poca cantidad en gramos, el precio es bastante accesible, sabés la calidad de lo que comprás, estará estandarizado, y bueno, después cada uno valorará el contenido de THC".

Encuestas oficiales de 2014 indican que en Uruguay -donde viven 3,4 millones de habitantes aproximadamente- consumen marihuana para uso "recreativo" 160 mil personas, de las cuales 105 mil son usuarios ocasionales. El resto es considerado usuario habitual (al menos una vez por semana). El primer grupo insume unas 2 toneladas y el segundo, 32. Es mucho dinero que, de seguir prohibido su cultivo y consumo, iría a parar al mundo narco.

Por eso la legislación es integral. Además de anotarse para comprar en farmacias, los residentes uruguayos pueden hacerlo también como autocultivadores (hay 6.974 ingresados al sistema que pueden tener hasta seis plantas hembras por ciclo de cultivo) o como socios de alguno de los 63 clubes cannábicos habilitados hasta el momento (que hoy nuclean a unos 3.oo0 socios en total).

Uno de los problemas iniciales que se le presenta al gobierno es el de la cantidad que produce. Desde la localidad de Libertad, donde están ubicados los cultivos (custodiados por las fuerzas militares, frente a una cárcel que décadas atrás fue modelo de reinserción social), saldrán en los próximos días camiones cargados con la primera cosecha: apenas 400 kilos de cannabis (menos de lo que transporta en un solo viaje una avioneta narco desde Paraguay) para repartirse en las farmacias; es decir que habrá, al menos al principio, 8 gramos para cada usuario habilitado.

"Es un plan piloto y es importante que comience para ver cómo funcionan las tres modalidades a la vez: autocultivo, clubes y farmacias. Seguramente incrementen rápido la producción", considera el sociólogo Martín Collazo, integrante de Monitor Cannabis, un equipo que depende de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, dedicado a estudiar la regulación estatal. Además, se espera que la semana siguiente al lanzamiento de la venta en farmacias ya esté lista una segunda partida de 400 kilos.
Simbiosys e International Cannabis Corporation son las dos empresas uruguayas que obtvieron la licencia para producir cannabis para consumo "recreativo" a pedido del Estado, en la que invierten importantes capitalistas del rubro de la tecnología y de la agricultura, respectivamente. Ambas compañías comenzaron a cultivar en febrero de 2016. Cada una recibió 2.000 plantines nacidos de semillas traídas de un banco genético español. "Si la producción inicial es de 400 kilos es un desastre, nosotros pusimos un invernadero para tener 170 kilos por mes y llegar a las 2 toneladas anuales que pidió el Gobierno", protesta Fernando Saicha, un cultivador argentino que fundó Symbiosis y salió de la empresa a fines del año pasado. Sobre estas diferencias, como tampoco sobre qué tipo de cannabis van a consumir los uruguayos y cuánto THC contiene, el gobierno todavía no respondió.

Acostumbrada a medidas liberales la sociedad uruguaya parece aceptar sin prejuicios la decisión del Estado. Entre 2010 y 2012 el debate público previo a la sanción de la ley fue determinante. Mujica y el resto de los funcionarios hicieron hincapié en el objetivo del Estado. Si bien el consumo no está penado en Uruguay desde 1974, al no ser legal la compra se propició el negocio ilegal. "Hay más de 100 mil personas, la mayoría muchachos, que esporádicamente consumen algún porro de marihuana por acá o por allá. Y están atrás de la aventura de comprarle algo al narcotráfico, por aquí o por allá, porque todo este mundo es clandestino aunque el hedor se suele ver y sentir por muchas partes. El consumo está a la vuelta de la esquina y ha originado un mercado clandestino que, por la clandestinidad, tiene sus feroces reglas", defendió el proyecto Mujica en aquel momento, como refleja el libro "El Camino. Cómo se reguló el cannabis en Uruguay". "Hay que combatir el narcotráfico y sacarles el mercado", remarcó cuando apareció la iniciativa el entonces ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro.

En 2014, una encuesta privada a 968 personas reflejó que entre "la venta en farmacias con calidad controlada por el Estado" y "comprarla a la mafia de las drogas", el 78% de los consultados eligió la primera opción. Sin embargo, algunos sectores políticos se oponen todavía al proyecto. El diputado y ex titular de la comisión de Adicciones Alvaro Dastugue (el primer pastor de la Iglesia Pentecostal en llegar al Parlamento) no oculta su disconformidad con la medida. "Tengo una postura muy contraria a la ley porque entiendo que ha logrado promocionar el consumo de marihuana y bajar la percepción del riesgo en adolescentes. Tenemos en aulas muchos jóvenes bajo el efecto del consumo de marihuana. La noción de que es legal es que no hay problema", comenta el diputado del Partido Nacional, quien recientemente se mostró contrario al matrimonio homosexual y el aborto y le aseguró a Infobae que, si en algún momento gobernara su partido, él buscará derogar todas esas leyes, incluida la de marihuana: "La ley nació para disminuir la inseguridad y con el objetivo o la motivación de que se iba a reducir el narcotráfico. Hasta ahora sucedió todo lo contrario; el consumo aumentó y nuestro país vive una ola de inseguridad insoportable".

"El objetivo social aún no se puede evaluar. El 60% de los usuarios sigue vinculado a redes narco directa o indirectamente", explica Collazo, pero también remarca que "la curva de crecimiento de consumo bajó" mientras que en los países donde es ilegal "creció entre 1 y 2 puntos porcentuales". 

"Para nosotros la marihuana sigue siendo una sustancia de riesgo así que queremos controlar lo más efectivamente posible el consumo", repite Julio Calzada, uno de los creadores de la ley, quien estima que con esta legislación, aún sin la venta en farmacias, el negocio narco ya se quedó sin 12 mil potenciales clientes.

Según un estudio de Monitor Cannabis, la Policía registra una disminución de la venta de marihuana clandestina en las zonas donde hay más autocultivadores y clubes cannábicos, que son los barrios más acomodados de Montevideo. Sin embargo, en las zonas vulnerables se incrementó la violencia entre bandas y se mantienen las bocas de expendio de drogas ilícitas. "Esa es la flojera que le critico a este gobierno, tenemos que abastecer a esas zonas y 400 kilos es una gota en el mar", remarcó la médica Raquel Peyraube, que trabaja hace 30 años con la problemática de drogas y es una de las impulsoras conceptuales de la nueva ley, como asesora del Estado.

Raquel Peyraube, médica defensora de la legalización del uso de drogas. Nacida en Montevideo y formada en Argentina, ya en 1987, cuando Uruguay acababa de recuperar la democracia Peyraube, que aclara que no fuma, recetaba marihuana a los usuarios para que cuando fueran víctimas de las razzias policiales los comisarios la llamaran a ella. Entonces aparecía la médica y le explicaba a las fuerzas policiales que el uso que le daban esos chicos era terapéutico. "Me odiaban los policías", ríe ahora, en su departamento del barrio Punta Carretas. Su prestigio en relación a la temática de legalización de drogas actualmente es global. La semana próxima dará una charla en Colombia, la siguiente en Buenos Aires y luego viajará invitada a Sudáfrica a presenciar un juicio contra consumidores de cannabis. Aunque no esconde críticas a la forma de implementación y al tiempo que el Gobierno demoró en instalar la venta en farmacias, Peyraube defiende la legalización y argumenta contra la postura del diputado Dastugue. "Todo lo que el prohibicionista dice que va a pasar en un régimen de regulación, ya pasa con la prohibición. Que consumen los menores, ya consumen. Que se inician en edades cada vez más tempranas, hoy están en 12 ó 13 años. ¿De qué estamos hablando? Todo eso ocurrió en régimen de prohibición, de ausencia del Estado en las políticas públicas", expresa con énfasis.

La cultura cannábica es cada vez más aceptada en Uruguay. Los negocios como el de Lucas venden desde remeras alusivas a la legalización a ropa interior con el estampado de la hojita de la planta milenaria, una marca de yerba mate lanzó meses atrás su variedad cannábica, se editan libros sobre la temática y las tiendas que venden insumos de consumo y cultivo, conocidas como grow shops, siguen abriendo y ya son cerca de 30 sólo en Montevideo. Lucas López, además de tener su propio negocio desde hace casi dos años, fuma con su papá Mario y le hace tinturas a su mamá para dolores reumáticos. La naturalización del consumo se extiende entre las familias.

Mario Silva, un vendedor ambulante que trabaja sobre la avenida 18 de Julio hace 30 años, hace poco agregó a su puesto de callejero de venta de baratijas, insumos para fumar cannabis. "Sí, se vende, funciona bien, acá se acepta todo, somos un país libre", ríe el hombre de 54 años, que recuerda que cuando era joven "teníamos que fumar marihuana escondidos porque nos podían meter presos y dar una paliza".

Uruguay no quiere convertirse en un sitio de turismo cannábico. Pero atraviesa una fervorosa fase de liberación de prejuicios, al punto que meses atrás abrió el primer Museo de Cannabis del país, a cargo de Eduardo Blasina, ingeniero agrónomo y ex integrante de la empresa Symbiosis. "Al museo llegan de todas las partes del mundo y hay que explicarles que no vendemos. Sin embargo, en el patio siempre hay gente fumando. Es una etapa de libertad muy linda", resume Fernando, el guía del museo, donde se exhiben todos los productos que pueden salir derivados del cannabis: desde cuerdas hasta alimentos.

"Este año fue el boom de las flores de los balcones. En abril, cuando recién había sido la cosecha, se sentía el perfume de la flor en las calles", dice Lucas para graficar esta nueva época, y con una exageración romántica, agrega: "Es el aroma de la libertad". 

Mussio agradece vivir un momento que ella considera histórico: "La ley es una señal muy relevante con respecto al cambio de visiones y paradigmas en las políticas de drogas. Que se empiecen a discutir salidas alternativas al prohibicionismo es muy necesario y estoy orgullosa de que mi país sea el que innova".

Para Peyrabue, la legalización y, sobre todo la venta en farmacias, es una decisión que apunta a mejorar la salud no sólo física sino también moral de un país. Lo explica sin rodeos: "La ilegalidad promueve la corrupción. Por lo tanto ni por razones políticas, ni económicas, ni de derechos, ni de salud conviene mantenerse en régimen de ilegalidad. En lo personal si tengo consumo de sustancias de riesgo, aspiro a que sea controlada por los gobiernos y no por las mafias".

Infobae
Foto: Adrián Escandar

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Tres jerarcas del gobierno de Mujica indagados por Fondes

Durante cuatro días, tres exjerarcas del gobierno de José Mujica declararán en calidad de indagados y otros cinco como testigos sobre presuntas irregularidades en las concesiones de préstamos del Fondo de Desarrollo (Fondes) otorgados a empresas autogestionadas durante el gobierno anterior.

La denuncia sobre eventuales anomalías en la entrega de préstamos por parte del Fondes a cooperativas fue presentada el 4 de mayo pasado por el abogado penalista Enrique Moller en representación de los parlamentarios blancos, Rodrigo Goñi y Jaime Trobo y del independiente Gonzalo Mujica.

El miércoles 21, la jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, hizo lu-gar al pedido del fiscal especializado Luis Pacheco y definió las citaciones de los exjerarcas de Economía, Relaciones Exteriores, Industria y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) del gobierno anterior y otras personas vincu-ladas a la izquierda para los días 17, 18, 21 y 22 de agosto, según señalaron a El País fuentes del caso.

Al ser exintegrantes de la Dirección del Fondes, el exsubsecretario del Ministerio de Economía, Pedro Buonomo, el exdirector de Industria del Ministerio de Industria, Sebastián Torres, y el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni, fueron citados como indagados. En tanto, concurrirán a declarar como testigos el exministro de Relaciones Exteriores, Roberto Conde; el exembajador de Uruguay en Venezuela, Jorge Mazzarovich; el diputado del MPP, Daniel Placeres —representante de Envidrio S.A.— e Iván Vasilic, representante de Urutransfor S.A.

Desglose.
Según documentos a los que accedió El País, el fiscal Pacheco señaló a Larrieu, el 25 de mayo pasado, que la denuncia de los parlamentarios Goñi, Trobo y Mujica se refería a dos temas: presuntas irregularidades en negocios de comercio exterior con Venezuela que involucran a cuatro empresas privadas uruguayas: Aire Fresco S.A., Atlansur S.A., Urutransfor S.A. y Envidrio, y a presuntas irregularidades en préstamos otorgados por el Fondo de Desarrollo (Fondes) a cinco empresas autogestionadas.

Pacheco entendió que la denuncia sobre los negocios de comercio con Venezuela debía ser incluida en un expediente judicial que investiga a la empresa Aire Fresco S.A. En dicho expediente interviene el fiscal especializado de 1er Turno, Carlos Negro. Como existe "una evidente conexión procesal", Pacheco solicitó a Larrieu que la parte de la denuncia sobre los negocios con Venezuela se agreguen al otro expediente. Larrieu hizo lugar al pedido.

Medida.
El 14 de junio, en otro documento, Pacheco dijo a la jueza Larrieu que, con respecto a los negocios con Venezuela, la denuncia de los legisladores no contiene acusaciones concretas, sino que promueve la investigación de determinados hechos con la finalidad de que "se conozca realmente si se cumplió con las normas de actuación pública".

La citación en calidad de testigos de los representantes de las empresas busca conocer la forma en que se llevaron a cabo los negocios en cuestión.

Respecto a las presuntas irregularidades en el Fondes, Pacheco entendió que, como los integrantes de su Directorio serían los únicos eventualmente responsables, debía solicitar que la declaración de "los Directores Buonomo, Frugoni y Torres sean prestadas en calidad de indagados".

Frugoni.
El exdirector de la OPP Gabriel Frugoni envió una carta a la Justicia: "He tomado conocimiento, por intermedio de distintos medios de prensa, que se realizó una denuncia en la cual se cuestionan actuaciones del Fondes. El compareciente integró la Junta de Dirección de dicho organismo, entre 2011 y 2014 y designa a la doctora Laura Robatto como su defensora en dicha causa".

El País Uy.
Foto: Gerardo Carella / Presidencia

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