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República de Uruguay

Uruguay se adhiere al proyecto del ferrocarril bioceánico

Uruguay se adhirió este jueves al proyecto de construcción y funcionamiento del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración, al suscribir con Bolivia un memorándum para este propósito.

“Uruguay apoya a Bolivia en la búsqueda de alternativas para transportar su producción”, dijo el ministro uruguayo de Obras Públicas, Víctor Rossi, en un acto realizado en Montevideo, en el que participó su colega boliviano, Milton Claros.

La Embajada de Bolivia en Uruguay, a través de su cuenta en Twitter informó sobre el evento: “Ministros de Obras Públicas de Uruguay y Bolivia suscriben memorándum para impulsar el corredor bioceánico de integración”.

El Corredor Bioceánico está diseñado desde el puerto de Santos, en Brasil, océano Atlántico, hasta los puertos del Perú, en el océano Pacífico.

Bolivia, Perú, Paraguay y ahora Uruguay forman parte del emprendimiento impulsado por Bolivia que en mayo sumará a Brasil, según informó el ministro Claros. Los cuatro países instalarán este mes las reuniones técnicas para avanzar en la iniciativa de integración regional.

El Gobierno de Bolivia es el principal impulsor de este proyecto que, a criterio, su importancia se equipara al Canal de Panamá.

4 países
Representantes de Bolivia, Perú, Paraguay y Uruguay se reunirán para comenzar con el tratamiento técnico del proyecto del ferrocarril bioceánico.

Opinión

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Uruguay: Topolansky tiene "en la mira" a dos juezas para ser candidatas a la presidencia por el FA

La senadora del Frente Amplio, Lucía Topolansky (MPP), dijo que tiene "en la mira" a dos mujeres del Poder Judicial que se desempeñan como juezas para ser candidatas por el Frente Amplio en las elecciones de 2019.

Consultada sobre posibles mujeres candidatas en las próximas elecciones, Topolansky no quiso dar nombre concreto porque si lo hace "empiezan a jugar tiro al blanco" para bajarlo, según dijo entrevistada por el programa Quién es Quién de Diamante FM.

"Yo personalmente tengo en la mira a dos mujeres que actualmente trabajan en el Poder Judicial. Podemos logró una alcaldía de Madrid con una jueza y eso uno lo tiene que observar. Es una jugada interesante. Hay dos a las que le veo una cantidad de condiciones", dijo aunque aclaró que todavía no habló con nadie.

La senadora también mencionó otras mujeres que actualmente se desempeñan en el Poder Ejecutivo como la ministra de Industria, Carolina Cosse, o la de Vivienda, Eneida De León.

El Frente Amplio no tiene definido quiénes serán sus candidatos a la presidencia en las elecciones de 2019 y tanto el actual senador y expresidente, José Mujica, como el ministro de Economía, Danilo Astori, descartaron esa posibilidad.

El presidente, Tabaré Vázquez, dijo en el programa En La Mira de VTV que es un momento para renovar el Frente Amplio y que hay que darle lugar a gente joven que está haciendo las cosas bien. El mandatario puso como ejemplo de esto a Javier Miranda y a Daniel Martínez.

El Observador

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Uruguay: El Senado vota la ley de femicidio; colectivos convocan a la sesión

El plenario del Senado terminará de aprobar esta mañana el proyecto de ley por el cual se modifican los artículos 311 y 312 del Código Penal castigándose más severamente los actos de discriminación y femicidio. La iniciativa, originaria del Poder Ejecutivo, será votada por todos los partidos y posteriormente pasará a consideración de la Cámara de Representantes, que le dará sanción.

Distintas organizaciones sociales están convocando por las redes a concurrir a las barras del Senado a presenciar la sesión de esta mañana.

Los artículos del Código Penal señalados fijan las circunstancias agravantes especiales y muy especiales de un asesinato. El proyecto acordado establece la sustitución del numeral 1° del artículo 311 del Código Penal por el siguiente texto como agravante "cuando se cometiera en la persona del ascendiente o del descendiente legítimo o natural, del hermano legítimo o natural, del padre o del hijo adoptivo, del cónyuge o excónyuge, del concubina o concubina, del exconcubino o exconcubina, o cuando se cometiera por persona con quien la víctima tuviera o hubiera tenido una relación de afectividad e intimidad, y siempre que no constituya circunstancia agravante muy especial, de las establecidas en el artículo siguiente".

Los motivos.
El artículo segundo del proyecto acordado agrega los siguientes numerales al artículo 312 del Código Penal, señalando como agravante muy especial cuando la muerte se produzca "como acto de discriminación por la orientación sexual, identidad de género, raza u origen étnico, religión o discapacidad". Y establece la nueva categoría de femicidio, cuando se cometa "contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio, por su condición de tal".

Además, señala que sin perjuicio de otras manifestaciones, el Código considerará que existieron motivos de odio, desprecio o menosprecio, por su condición de tal, cuando la muerte le hubiera precedido algún incidente de violencia física, sicológica, sexual, económica o de otro tipo, cometido por el autor contra la mujer, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima.

También si la víctima se hubiera negado a establecer o reanudar con el autor una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad, o en caso de que previo a la muerte de la mujer el autor hubiera cometido contra ella cualquier conducta que atente contra su libertad sexual.

El País Uy.
Foto: M. Bonjour

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Un depósito con puertas a Brasil y a Uruguay: la clave de una red de contrabando

Una investigación de Crimen Organizado permitió desarticular una banda de contrabandistas que utilizaban un depósito ubicado justo sobre la línea divisoria entre Uruguay y Brasil, en la ciudad de Rivera, para trasladar grandes cantidades de lanas y cueros vacunos sin llamar la atención de personal de aduana. El predio tenía dos entradas: una por territorio uruguayo y otra, al fondo, por territorio brasileño. 

Según explicaron fuentes de la investigación, los contrabandistas llevaban a ese lugar (ubicado entre Av Conrado Goncalves y Mal Malet) el cuero y la lana que recolectaban de lugares todavía no determinados de Uruguay, más la que traían informalmente desde Argentina, a través de la frontera de Salto. 

Para ingresarla a Uruguay desde Argentina contaban con la complicidad de un funcionario de aduana uruguayo, que falsificaba documentación y omitía controles. 

Ya en Rivera, un camión bajaba la mercadería por la puerta del lado uruguayo del predio, y, dentro del depósito, se hacía el acopio de los cueros y se dejaba todo pronto para su distribución. Pocos días después, a través de un portón trasero -ubicado del lado brasileño- un camión cargaba la mercadería y seguía su camino por Brasil.

El pago de la mercadería de contrabando se hacía a través de dos cambios de Rivera, cuyos propietarios fueron detenidos el miércoles 19. Ahora, con la colaboración de la Dirección General Impositiva (DGI), los investigadores buscarán determinar qué grado de participación tienen estas empresas en la operación. 

Un megaoperativo
Si bien la investigación de este caso comenzó en 2013, hasta el momento la Policía se había limitado a reunir pruebas y observar desde lejos. No fue sino hasta este miércoles que efectivos de Crimen Organizado realizaron 19 allanamientos en la ciudad de Rivera, Tranqueras, Salto, Florida, Las Piedras, Progreso y Montevideo, al tiempo que detuvieron a 34 uruguayos y 2 brasileños. 

Entre los detenidos figuran los dos líderes de la banda, los propietarios de los cambios que custodiaban el dinero de la operación y el funcionario aduanero que facilitaba el ingreso de mercadería desde Argentina. 

La Policía también logró incautar 425.679 kilos de lana, 96.870 unidades de cuero vacuno y lanares, 21.000 kilos de sal y 120 caravanas de vacuno. Estas últimas servirán para determinar de dónde provienen los animales a los que se les quitó el cuero. También se lograron incautar casi 3 millones d epesos uruguayos, 188.000 pesos argentinos, 653.000 reales en efectivo y 4.006 en cheques, US$ 129.000 en efectivo y US$ 28.000 en cheques, y 9.000 euros.

Cuando los policías uruguayos se presentaron en el depósito para detener a varios miembros de la organización, éstos intentaron fugar rumbo a Brasil por la puerta trasera del predio, con lo que habían logrado escapar de su jurisdicción. Sin embargo, del otro lado de la línea invisible, esperaba la policía brasileña, dispuesta a colaborar con sus pares uruguayos. Al verse rodeados, los contrabandistas no tuvieron más alternativa que entregarse. Ayer, la jueza Beatriz Larrieu y el fiscal especializado en Crimen Organizado, Carlos Negro, corrían contra reloj para tomarle declaración a los 36 detenidos por este caso. La Justicia debe definir entre hoy y mañana si los procesa ya que, de lo contrario, deberán ser liberados.

El Observador

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Uruguay: Estado paga US$ 500 mil al año a personas que estuvieron presas por error de la Justicia

Durante tres años fueron "los ángeles de la muerte". Dos enfermeros acusados en 2012 de matar a 15 pacientes de la Asociación Española y el hospital Maciel fueron enviados a prisión hasta febrero de 2015, cuando la jueza penal Dolores Sánchez resolvió que su procesamiento –dictado por el magistrado Rolando Vomero- se había basado en un "rumor".

Por el mismo caso también había sido procesada una tercera enfermera, acusada de ser cómplice de los supuestos homicidios.

Para la mujer fueron casi 500 días de cárcel por crímenes que no cometió ni de los que fue cómplice. Por ese motivo, su encarcelamiento llevó a que sus abogados, Fernando Posada y Andrés Ojeda, se encuentren preparando una demanda contra el Estado por, entre otros aspectos, el daño moral causado a la enfermera.

Un juicio al Poder Judicial por prisión indebida le cuesta al Estado, en promedio, US$ 51 por cada día que una persona estuvo presa sin tener que estarlo. La cifra surge de un estudio realizado por Posada a raíz de la demanda que preparan por el caso de la enfermera. En el informe analizó 94 sentencias por prisión indebida entre los años 2010 y 2016, 47 de primera instancia y las otras 47 de segunda instancia, tomadas de bases de datos privados y del Poder Judicial.

Según el estudio de Posada, abogado de Baker Tilly Uruguay, en los años estudiados el promedio de días que una persona estuvo presa sin tener que estarlo fue 552. Eso significa un gasto para el Estado de US$ 28 mil por reclamante. Los últimos datos divulgados por el Poder Judicial, correspondientes a 2015, indican que al año hay 20 reclamos por prisión indebida. Es decir que, por año, el gasto en demandas por prisión indebida asciende a US$ 563 mil.

El artículo 4º de la ley sobre prisión preventiva del Código del Proceso Penal (CPP) indica que "quien haya sufrido prisión preventiva en un proceso penal sin haber sido en definitiva condenado a pena privativa de libertad por lo menos igual al lapso de prisión preventiva sufrida, tendrá derecho a recibir del Estado la indemnización en dinero de los perjuicios materiales y morales que dicha prisión preventiva –el exceso de ella, en su caso– le hubieren causado".

De todos modos, el monto mínimo y máximo de lo que debe pagarse no está establecido, por lo que depende de cada juez.

El informe toma en cuenta exclusivamente el daño moral, una de las causas que se incluyen dentro de una demanda. Eso significa que en análisis se basó en "el padecimiento que se genera a un sujeto que se lo encarcela de forma injusta".

Para Posada, teniendo en cuenta el daño moral causado a una persona que está meses en la cárcel sin que tenga que estarlo, pagarle US$ 51 dólares por cada día de ese "padecimiento" es una suma "baja".

En el caso de las condenas en primera instancia (que no requieren apelación), el promedio fue de US$ 61. Las demandas de este tipo se realizan ante Juzgados Letrados de lo Contencioso Administrativo y, si es necesario apelar, el caso pasa a un Tribunal de Apelaciones en lo Civil.
En esos tribunales, el juzgado que paga más por día, en promedio, es el de quinto turno (US$ 71) y el que paga menos el de sexto turno (US$ 39).

En 60% de los casos analizados que fueron apelados, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia en primera instancia. A su vez, 61% de las revocaciones rebajaron la condena dictada en primera instancia.

El abogado preparó el informe para tener una idea de cuánto reclamar en la demanda que prepara junto con Ojeda por el caso de la enfermera. Al saber que, en promedio, se paga por día US$ 51 tienen un estimativo de cuánto solicitar en el escrito que presentarán en breve.

Por ese caso, la defensa de la enfermera ya tuvo una audiencia conciliatoria –el paso previo al juicio civil-. Para la conciliación solicitaron unos US$ 450 mil por los 16 meses que la mujer estuvo presa, indicó Ojeda a El Observador. El análisis de Posada también será utilizado para otras demandas que prepara junto con Ojeda.

Uno de los dos enfermeros procesados por mismo caso demandó al Estado por U$S 1,9 millones por los tres años que estuvo preso.

Situaciones
La indemnización por prisión indebida no es exclusiva de aquellas personas que son absueltas, como los enfermeros acusados de "asesinos". Puede pedirse una indemnización para "la revocación de un procesamiento con prisión", "el dictado de un sobreseimiento" o "el dictado de una sentencia condenatoria que imponga una pena de reclusión inferior a los días que el sujeto ya sufrió en carácter de prisión preventiva", aclara Posada en el informe.

El primer caso se aplica a aquellos casos en los que la defensa de los acusados recurre una determinada sentencia y la Justicia hace lugar a ese recurso. Como el recurso de apelación se presenta junto con el de reposición, el juez que dictó la sentencia en primera instancia puede revocarla. Si mantiene el fallo, el expediente pasa a un Tribunal de Apelaciones.

Posada explica en el estudio que mientras se analiza el caso, la persona enjuiciada continúa en la cárcel bajo la figura de la prisión preventiva. "Para nuestro ordenamiento jurídico, debería tener naturaleza meramente cautelar. Esto quiere decir que solo debería disponerse en los casos en que exista algún tipo de peligro", sostiene.

Sin embargo, bajo el CPP actual la prisión preventiva se ha transformado en la regla. Por ese motivo, el nuevo código –que comenzará a regir el 16 de julio de este año- establece claramente que debe tratarse de una excepción.

Eso supone que, una vez que el nuevo CPP se ponga en marcha, los resarcimientos por prisión indebida deberían ser inferiores a los actuales.

Para aquellas sentencias en las que se dicta la condena de los procesados, la indemnización responde a los días extras que la persona implicada estuvo en la cárcel.

Por ejemplo, una persona puede estar en la cárcel un año bajo la figura de la prisión preventiva y que la condena sea por nueve meses. En ese caso, hubo tres meses extra de prisión.

El Observador

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