La inversión extranjera en minería legal cayó de $808 millones a – $190 millones desde 2018 y la creciente minería ilegal ha contribuido a este resultado

El sector formal, que ya venía siendo golpeado por la inseguridad política y jurídica, tiene que lidiar con  la inseguridad y la ilegalidad.  El nuevo foco de la minería ilegal está en el Parque Nacional Podocarpus.

Según un informe de la Superintendencia de Compañías y del Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda
(Sigade), la inversión extranjera directa del sector minero pasó de $808 millones en 2018 a -$190 millones en 2022, es decir, se registra una desinversión.

Esto debido a que las empresas mineras en exploración y previa fase de construcción han pausado sus inversiones (paralizaron sus inversiones desde el exterior), a consecuencia de la incertidumbre económica y jurídica pero también por la creciente falta de garantías en cuanto a seguridad para las operaciones legales y la incursión de la minería ilegal que es un mal que azota el Ecuador.

Uno de los últimos episodios del creciente azote de la ilegalidad son los reportes de la grave incursión de la extracción ilegal de minerales en el Parque Nacional Podocarpus.

La Cámara de Minería del Ecuador (CME) ha expresado su rechazo total a la extracción ilegal de minerales en una de las áreas protegidas del país que alberga más de 600 especies de animales.

De acuerdo con este gremio, los perjuicios generados por la extracción minera ilícita no son solamente ambientales sino sociales y económicos.

El Parque Nacional Podocarpus presenta una sensibilidad ambiental – biológica muy alta y la implementación de campamentos ilegales, la introducción de maquinaria minera, apertura de accesos y extracción de material en una zona sensible, causa un impacto ambiental negativo muy difícil de remediar.

“La invasión de la minería ilegal en el Podocarpus es aún mucho más grave pues es dentro un área protegida, en una zona remota y poco controlable, incluso la contaminación del agua llegaría hasta el Perú por la cuenca Puyango -Túmbez”, señaló María Eulalia Silva, presidente ejecutiva de la CME.

Además, Silva también indicó que como representantes del sector minero industrial del Ecuador consideran “que el verdadero enemigo de todos los ecuatorianos es la minería ilegal, que también es enemiga de la naturaleza, de la soberanía de nuestro país”.

Una investigación del medio digital ‘La barra espaciadora’ develó que «en el corazón del Parque Nacional Podocarpus, que ocupa parte de las provincias de Zamora Chinchipe y Loja, en el suroriente de Ecuador, viven 4.000 personas que extraen oro de manera ilegal y que, a su vez, es su moneda de cambio diario. En esa comunidad ilegal no existe el dinero, no lo usan, todo lo compran y lo venden con oro».

Esta creciente economía paralela e ilegal tiene como otra de sus múltiples consecuencias que Ecuador cada vez pierda más terreno como destino de inversiones mineras formales.

Para Carolina Orozco, presidente del Directorio de la CME, ha quedado demostrado que el Gobierno no ha tenido ni los recursos humanos ni económicos para combatir la minería ilegal que se ha salido de las manos.

«La minería responsable es parte de combatir esa extracción ilegal. El oro está en el subsuelo y es responsabilidad de los ecuatorianos decidir quién lo hace y de qué manera lo hace. Hoy la decisión no es si queremos o no minería, sino cómo luchamos contra la ilegalidad y cómo fomentamos la minería responsable”, puntualizó Orozco

Según el gremio de los mineros, Ecuador está perdiendo una oportunidad con sus recursos naturales pues por una parte el Estado no ha sido capaz de frenar la minería ilegal y por otra parte se están ahuyentando importantes fuentes de inversión extranjera por decisiones erráticas.

«Hacemos un llamado a las próximas autoridades a tomar este problema en serio y a fomentar una industria legal en beneficio de todos los ecuatorianos», recalcó la Cámara de Minería.

Los cambios en la política minera y petrolera provocarán más actividades ilegales y menos inversión privada