Deforestación en la Amazonía: sólo el 5% pagan las multas

Un estudio del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon), que analizó más de 3,5 mil demandas judiciales presentadas por el Ministerio Público Federal (MPF), mostró que las imputaciones por deforestación ilegal en la región han aumentado. Sin embargo, sólo el 5% de ellas dieron lugar al pago de indemnizaciones. Además, no hay garantía de que las multas pagadas se apliquen en el propio bioma.

Castigar a los deforestadores ilegales de la región y recuperar los daños causados es uno de los principales retos de la justicia en el área medioambiental, afirma el Imazon.

Para Brenda Brito, investigadora del Instituto, el aumento del número de casos juzgados fundados y que llevan a responsabilizar a los deforestadores representa un buen resultado. “Es positivo que los tribunales hayan mantenido un entendimiento favorable a la condena en estos pleitos que utilizan pruebas obtenidas a distancia, con imágenes de satélite y el uso de bases de datos. El reto ahora es conseguir el pago efectivo de las indemnizaciones y la recuperación de las zonas deforestadas.”

El estudio investigó el resultado de las demandas civiles presentadas por el MPF entre 2017 y 2020, que exigen la indemnización por daños materiales y morales y ordenan la recuperación del bosque.

Se analizaron 3.551 demandas, que involucran 265 mil hectáreas de tierras deforestadas y piden más de R$ 4,6 mil millones en indemnizaciones. En diciembre de 2023, sólo se habían juzgado 2.028 demandas (el 57% del total), de las cuales 695 tenían algún tipo de imputación. De ellos, sólo 55 dieron lugar a acuerdos de ajuste de conducta, cuando los responsables de la deforestación ilegal se comprometieron a adoptar medidas de reparación.

Indemnizaciones

Según el Imazon, del total de R$ 251,9 millones en indemnizaciones ya determinadas por sentencias, sólo se han pagado R$ 652,3 mil, lo que corresponde a 37 sentencias, o el 5% del total.

La investigación identificó que, a pesar de que el MPF solicitó que los montos se destinaran a organismos ambientales en la mayoría de los juicios, los fondos públicos fueron los más beneficiados, como los fondos de Derechos Difusos y de Medio Ambiente Nacional.

“Resoluciones y recomendaciones del Consejo Nacional de Justicia ya permiten destinar esos valores a actividades en la Amazonía, lo que sería ideal. Por ejemplo, con transferencias a instituciones públicas o privadas sin fines de lucro que realicen proyectos de recuperación de la vegetación nativa o de combate a los incendios. Para eso, es necesario que los tribunales y el MPF publiquen convocatorias, para que los proyectos sean registrados y analizados”, dice Brenda.

Recomendaciones

El Imazon concluyó que los jueces de primera instancia aún rechazan pruebas obtenidas por medios remotos –imágenes satelitales o información de bases de datos públicas– y que hay definiciones diversas de los montos de indemnización en las sentencias.

Para ambos problemas, el estudio recomienda que el Consejo intensifique la divulgación de sus protocolos, que ya prevén el uso de esas pruebas y de una metodología para cuantificar los daños climáticos resultantes de la deforestación y de los incendios forestales, además de realizar capacitaciones en los tribunales.

Según el Instituto, las sentencias deben mejorar la forma en que determinan la restauración de las zonas deforestadas y el cumplimiento de esta obligación. Para ello, sugiere que el Consejo organice y ponga a disposición datos georreferenciados de las zonas, permitiendo el seguimiento por teledetección por parte de diferentes organismos.

“En el caso de demandas con reo incierto, la investigación sugiere que el Ministerio Público Federal, en lugar de presentar múltiples acciones, agrupe varias áreas deforestadas en una única solicitud, para que los órganos de tierras y medio ambiente puedan embargarlas”, añadió el Imazon.