Dossier: Aproximaciones al concepto de prohibiciones aduaneras en el ordenamiento jurídico argentino

Al Doctor Alfredo Abarca
Bondadosa persona, y destacado profesional y doctrinario, quien desde hace varios años me diera la oportunidad de colaborar en el posgrado de su dirección “Derecho Aduanero y de la Integración” de la Universidad de Buenos Aires, para el dictado de la asignatura “Restricciones al Comercio Exterior”

A fin de regular el tráfico internacional de mercaderías, los Estados utilizan el arancel aduanero (tarifa aduanera, o derechos de aduana) por razones de índole económica, así como diversas medidas no arancelarias −por motivos de naturaleza económica o no económica−. En el marco de las últimas es que expresamos estas líneas.

En el ámbito institucional internacional se ha definido a las medidas no arancelarias (MNA) como aquellas “medidas de política, distintas de los aranceles aduaneros ordinarios, que pueden tener repercusiones económicas en el comercio internacional de bienes, modificando el volumen de las transacciones, los precios o ambas cosas”¹ y, también, simplemente, como aquellas medidas “distintas de los aranceles que pueden afectar al comercio de mercancías”².

En tal contexto, y dentro del marco de amplitud de las MNA³, nos referiremos aquí a las a las prohibiciones a la importación y a la exportación previstas en el ordenamiento jurídico aduanero argentino.

Exposición de Motivos

En la Exposición de Motivos del Código Aduanero de la República Argentina (Código Aduanero) se informa que se ha contemplado el tratamiento de las prohibiciones a la importación y a la exportación teniendo especialmente en consideración que las mismas −juntamente con los tributos y el control sobre el tráfico internacional de mercaderías− constituyen el eje principal de la legislación aduanera⁴. 

Luego, en la Exposición de Motivos, se advierte, en cuanto a la terminología adoptada, que con la palabra “prohibiciones” se designa a las denominadas restricciones directas, y se precisa que existe una prohibición tanto en los supuestos en que la misma afecta a la generalidad de las personas como en aquellos supuestos que reconocen excepciones a favor de una o varias personas⁵.

En el mismo sentido, la doctrina nacional⁶ explica que las prohibiciones generalmente son denominadas restricciones directas⁷ o no tributarias, por oposición a los tributos que constituyen restricciones indirectas, y que también habitualmente reciben denominaciones distintas.

Anteproyecto

Así, a modo de ejemplo, recuerda que en el Anteproyecto de Ley General de Aduanas se reservaba el nombre de “prohibición” a la restricción que impedía en forma absoluta la importación o, en su caso, la exportación, de determinada mercadería, pero si la restricción tenía una excepción a favor de una persona el régimen se denominaba “monopolio”, si la excepción era a favor de varias personas se lo llamaba “licencia”, y si el régimen era para cierta cantidad de mercadería se lo denominaba “contingente”.

Sobre la base de lo informado en la Exposición de Motivos del Código Aduanero, tal doctrina refiere que para todas las restricciones mencionadas el Código Aduanero adopta la denominación genérica de “prohibiciones”⁸.

Ilustra que en la legislación comparada se precisó el significado de la expresión “prohibición”; así se refiere, como ejemplos, que:

• En la Ley de Aduanas de la República Federal de Alemania se estableció que “para la inteligencia de la presente ley, las prohibiciones y restricciones al tráfico de las mercaderías a través de las fronteras son todas las disposiciones que impiden o limitan la introducción de mercaderías en la frontera aduanera o en el territorio de soberanía nacional” (artículo 1, apartado 4).
• En el Código de Aduanas de Francia el artículo 38 preveía en dos apartados “1. Para la aplicación del presente código, se considerarán prohibidas todas las mercaderías cuya importación o exportación esté prohibida por cualquier motivo o sometida a restricciones, a normas de calidad o de acondicionamiento o a formalidades particulares. 2. Cuando la importación o la exportación sólo estén permitidas contra la presentación de una autorización, licencia, certificado, etc., la mercadería está prohibida si no va acompañada de un título en regla o si se la presenta bajo un título no aplicable”.
• Y, finalmente, que el Código Aduanero Comunitario de la Unión Europea de 2008 se refirió a las prohibiciones en el artículo 91 apartado 1 al señalar que −cuando proceda− las mercaderías que ingresen a la Unión “estarán sujetas a prohibiciones y restricciones que estén justificadas, entre otras cosas, por razones de moralidad, orden o seguridad públicos, protección de la salud y la vida de personas, animales o plantas, protección del medioambiente, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional y protección de la propiedad industrial o comercial, incluidos los controles sobre precursores químicos, mercancías que infrinjan determinados derechos de propiedad intelectual y dinero en metálico que se introduzcan a la Comunidad, así como a la aplicación de medidas de conservación y gestión de los recursos pesqueros y de medidas de política comercial”⁹.

Así, continúa explicando la distinción legalmente establecida en el Código Aduanero entre prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas, importando las primeras aquellas que no reconocen excepción alguna y las segundas que sí pueden reconocer excepciones ya sea a modo de monopolio, licencias o cupos.

Diferencias de opinión

No obstante dicha variedad de restricciones que pueden comprender las prohibiciones relativas, en la misma doctrina se deja a salvo la existencia de ciertas diferencias de opinión en relación con el alcance del concepto de las mismas¹⁰, con la consecuente relevancia práctica del mismo.

La doctrina extranjera¹¹, por su parte, opina que lo que da más relieve a la política prohibitiva es la facilidad con que se niega y rechaza la admisión o la salida de tales o cuales mercancías inicialmente por medio del sistema de licencias o permisos de importación y de exportación, bastando denegar la concesión de una u otro, para que la prohibición sea tajante y absoluta en sus efectos; define a la prohibición como la negativa opuesta a la admisión −o a permitir la salida− de los productos afectados; clasifica a las modalidades de su presentación como generales y limitadas, incondicionales o condicionales, permanentes y temporarias, y por su presentación en el cuerpo de la nomenclatura aduanera o fuera de la misma; apunta que los fundamentos de las prohibiciones pueden ser por motivos fiscales o de renta, para proteger la salubridad o la moral públicas, para proteger la política o la seguridad pública, o económicas para proteger diversos mercados o balanza de pagos −incluyendo en este conjunto a las ejercitadas a través de las formalidades que impone la administración de las aduanas (y también al excesivo rigor en la reglamentación aduanera, o en el modo de interpretar y aplicar la misma)−.

Contingentes temporales

La mencionada doctrina refiere que tales prohibiciones, basadas en necesidades económicas, comenzaron a administrarse mediante contingentes temporales basados en cantidades o en valores de las mercancías, más allá de los cuales las importaciones o las exportaciones de tales mercancías quedan virtualmente prohibidas.

En este contexto, recuerda que los problemas relacionados con la identificación de las mercancías contingentadas, con la disyuntiva entre su administración por cantidad o por valor, con los porcentuales de tales medidas en función del universo correspondiente, con los parámetros de distribución, con el plazo de duración, con los fundamentos de justificación de las excepciones a los contingentes, con el organismo en cargado de administrarlos, entre otros, tornaron conveniente adoptar la política de implementación, ya en relación con las personas, de licencias o autorizaciones de importación o de exportación, en todos casos temporarias; sin embargo, además de resultar el mecanismo de su concesión más engorroso y oneroso para el Estado, tampoco tardaron en presentarse problemas especialmente motivados en la opacidad en los trámites de distribución y en las transferencias onerosas de las licencias una vez otorgadas.

§ 2. El tratamiento de las prohibiciones en el Código Aduanero argentino.

2.1. Estatuto regulatorio de base

En su Sección VIII, bajo el título “Prohibiciones a la importación y a la exportación” (que precede a la Sección IX titulada “Tributos regidos por la legislación aduanera”), el Código Aduanero argentino contempla el marco regulatorio de base de las prohibiciones¹².

El Código Aduanero argentino no define a las prohibiciones; refiere el vocablo en el título de la Sección VIII. En lo que aquí interesa, inicialmente clasifica, y, sobre la base de tal organización, atribuye diversos efectos según la especie derivada de la clasificación. Así, las distingue en función de su finalidad preponderante en económicas y no económicas, y según su alcance en absolutas y relativas¹³.

Enuncia como prohibiciones económicas¹⁴ aquellas establecidas con cualquiera de los siguientes fines¹⁵:

1. Asegurar a adecuado ingreso para el trabajo nacional o combatir la desocupación;
2. Ejecutar la política monetaria, cambiaria o del Comercio exterior;
3. Promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o vegetales;
4. Estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de oferta adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno;
5. Atender las necesidades de las fianzas públicas;
6. Proteger los derechos de la propiedad intelectual, industrial o comercial;
7. Resguardar la buena fe comercial, a fin de impedir las prácticas que pudieren inducir a error a los consumidores¹⁶.

Prohibiciones no económicas

Seguidamente, enuncia como prohibiciones no económicas aquellas establecidas por cualquiera de las siguientes razones:

1. Afirmación de la soberanía nacional o defensa de las instituciones políticas del estado;
2. Política internacional;
3. Seguridad pública o defensa nacional;
4. Moral pública y buenas costumbres;
5. Salud pública, política alimentaria o sanidad animal o vegetal;
6. Protección del patrimonio artístico, histórico, arqueológico o científico;
7. Conservación de las especies animales o vegetales;
8. Preservación del ambiente, conservación de los recursos naturales y prevención de la contaminación¹⁷.

A continuación, el Código Aduanero define a las prohibiciones absolutas como aquellas que impiden a todas las personas la importación o la exportación de mercadería determinada, y a las prohibiciones relativas aquellas que prevén excepciones a favor de una o varias personas¹⁸. 

Prohibiciones relativas

En relación con las prohibiciones relativas, explica la doctrina¹⁹ que la excepción puede ser a favor de una sola persona, que es lo que habitualmente se designa como régimen de monopolio; a favor de varias personas, que es lo que generalmente se designa régimen de licencia −como también se llaman licencias a las autorizaciones que a esas personas se otorgan en excepción a la prohibición−; o por cierta cantidad de mercaderías, que es lo que se generalmente se denomina régimen de contingentes −cuantitativos− o cupos.

Como ejemplo de prohibición relativa, la misma doctrina cita a las autorizaciones concedidas en el marco de la regulación de la ley 20.429 de Armas y Explosivos, haciendo notar que ya no se trata de una prohibición absoluta (como, respecto de su importación, lo preveía el inciso a) del artículo 150 de la Ley de Aduanas), sino de una prohibición relativa: volveremos más adelante sobre este ejemplo brindado por dicha doctrina como prohibición relativa.

Diversos efectos

Como adelantáramos, consecuencia de tales clasificaciones, es que el Código Aduanero atribuye diversos efectos. Así, confería²⁰ diferentes consecuencias en relación con la naturaleza de las prohibiciones −económicas y no económicas−, y otorga determinados condicionamientos respecto de las prohibiciones relativas.

De tal manera, las prohibiciones económicas²¹ −como principio general− solamente regían para la importación y para la exportación para consumo, entraban en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación −o en la fecha posterior que dispusiere la norma que las creara−, y una vez entrada en vigencia −como principio general− no alcanzaban a las mercaderías expedidas y cargadas en medios de transporte con destino al territorio aduanero ni a aquellas que se hallaren en zona primaria aduanera −por haber arribado con anterioridad− en el caso de importación, ni a las mercaderías a cuyo respecto se hubieren registrado las correspondientes destinaciones de exportación para consumo en el caso de exportación²².

Por su parte, las prohibiciones no económicas −como principio general− alcanzan a todas las destinaciones y operaciones aduaneras, entran en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación −o en la misma fecha de su publicación, si así lo dispusiere la norma que las creara−, y una vez entrada en vigencia −como principio general− alcanzan a las mercaderías que no hubieren sido objeto de libramiento bajo destinación de importación para consumo y a las mercaderías que no se encontraren cargadas para exportación en medios de transporte con destino inmediato al extranjero²³.

Las diferencias de tratamiento precedentemente apuntadas obedecían a la mayor severidad con que deben aplicarse las prohibiciones no económicas, por encontrar su motivación en intereses más delicados que exceden la economía nacional.

Excepciones

En otro orden, resultando las prohibiciones relativas susceptibles de exceptuarse, ya sea mediante mecanismos de licencias, autorizaciones o cupos, el Código Aduanero prevé que tales excepciones puedan conferirse bajo la condición del cumplimiento de determinadas obligaciones −de no preverse plazo especial, por un máximo de cinco años a partir del primero de enero del año siguiente al libramiento−; que el dominio, posesión tenencia o uso de la mercaderías beneficiadas con excepciones a prohibiciones de importación no puedan ser objeto de transferencia si la misma transgrede la condición o desvirtúa los fines que motivaron el permiso especial −de no preverse plazo especial, igualmente por un máximo de cinco años a partir del primero de enero del año siguiente al libramiento−; y contempla la aplicación de sanciones y demás consecuencias que pudiere prever la normativa que autorizó la excepción²⁴. 

2.2. Consecuencias de prohibiciones en diversas disposiciones del Código Aduanero. Su relevancia.

Más allá de la imposibilidad de importar o exportar, si bien es cierto que las prohibiciones económicas no resultan aplicables en el marco de la tramitación de ciertos regímenes especiales (equipaje; rancho, provisiones de a bordo o suministros en un medio de transporte; pacotilla; franquicias diplomáticas; envíos postales; muestras; reimportación de mercadería exportada para consumo; importación o exportación para compensar envíos de mercadería con deficiencias; y asistencia y salvamento)²⁵,  así como tampoco a los envíos desde el territorio aduanero general de mercaderías originarias del mismo −o nacionalizadas− a las áreas sometidas a la soberanía nacional que no integran aquel (mar territorial, zona económica exclusiva, lecho y subsuelos submarinos, área franca, área aduanera especial o territorio aduanero especial) −y viceversa−²⁶, en todos los casos por tratarse de importaciones y exportaciones o envíos −en principio− sin finalidad comercial o tráfico dentro del territorio sujeto a la soberanía nacional, lo cierto es que el régimen general del Código Aduanero contiene disposiciones severas para el intercambio internacional cuando median prohibiciones.

Así, no podrá autorizarse el despacho de oficio cuando existieren prohibiciones no económicas²⁷; no podrá autorizarse el libramiento bajo garantía sin documentación que tuviere por efecto acreditar la inaplicabilidad de prohibiciones²⁸, ni ante contiendas en las que se debatan prohibiciones²⁹ (con los consiguientes costos de almacenaje, mientras la mercadería puede deteriorarse); en materia delictiva el delito de contrabando se calificará como agravado cuando la importación de la mercadería objeto del mismo estuviere sujeto a una prohibición absoluta³⁰; y, en materia de infracciones, la multa aplicable a la infracción de declaración inexacta es de 1 a 5 veces el valor en aduana de la mercadería en infracción, hasta 2 veces su valor en plaza en el caso de mercadería a bordo sin declarar, y corresponderá aplicar el comiso cuando la mercadería resulte objeto de transgresión a obligación impuesta como condición de un beneficio, cuando resulte objeto de importación o exportación temporaria, de tránsito de importación o de removido, cuando se pretendiere introducir o extraer del territorio aduanero por equipaje, pacotilla o franquicia diplomática, y cuando no se declarare como tal o no fuere admitida como envío postal³¹.

 Tales son, pues, las relevantes consecuencias de la existencia de prohibiciones para el Código Aduanero argentino. De allí la importancia de adopción de un concepto preciso e inequívoco sobre las mismas.

§ 3. El tratamiento de las restricciones no arancelarias en el Sistema Multilateral del Comercio.

En el marco del sistema multilateral del comercio (SMC), regulado por el Acta Final de Marrakech en la que se incorporaran los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales³², se ha consagrado, en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 −GATT de 1994− (integrante del Acta como Anexo 1A a la misma −“Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías”−, juntamente con sus instrumentos y acuerdos complementarios), como único sistema de administración de las importaciones y exportaciones, el principio de la protección arancelaria exclusiva, conforme al cual las únicas barreras aplicables por los Estados miembros son los derechos aduaneros, que además han sido materia de un tope porcentual consolidado en el sistema.

En este marco jurídico, el complemento ha sido la consagración del principio general de la prohibición a la aplicación de restricciones no arancelarias para administrar las importaciones y exportaciones. Tal prohibición general cede ante excepciones taxativamente contempladas en el propio GATT de 1994, cuyo procedimiento de aplicación en algunos casos ha sido materia de acuerdos complementarios que forman parte del mismo sistema de comercio de mercancías.

Eliminación de restricciones

Luego de instar a reducir los derechos (en tanto cargas) y formalidades en el Artículo VIII, el párrafo 1. del artículo XI del GATT dispone como principio general la Eliminación General de las Restricciones Cuantitativas, que resulta aplicable tanto a los cupos relacionados con las mercancías (cuotas o contingentes cuantitativos) como a las licencias relacionadas con las personas³³. Ello significa, que, bajo ninguna circunstancia, con la salvedad -y exclusividad- de las que referiremos a continuación, se halla autorizada la imposición de restricciones no arancelarias a las importaciones o a las exportaciones.

Las primeras excepciones al principio las prevé el mismo artículo XI del GATT en su párrafo 2., a saber: a) en exportaciones, de manera temporaria ante escasez aguda de productos esenciales, b) por aplicación de normas o reglamentaciones sobre clasificación, controles de calidad³⁴, y c) de comercialización, y sobre productos agrícolas o pesqueros en determinadas condiciones³⁵.

Seguidamente, el artículo XII prevé la posibilidad de aplicar restricciones cuantitativas para proteger temporariamente la balanza de pagos y un nivel exiguo de reservas monetarias −de la misma manera que lo hace la la Sección B del Artículo XVIII respecto de los Estados Miembros en desarrollo−³⁶, mientras el artículo XIII sienta la regla de la aplicación no discriminatoria de las restricciones cuantitativas que como excepción se pongan en práctica, y, a continuación, el artículo XIV precisa situaciones puntuales en las que se dispensa la aplicación de la regla de la no discriminación del artículo anterior.

Medidas de urgencia

Por su parte, el artículo XIX del GATT, ya aplicable, en general, a medidas arancelarias y no arancelarias, contempla otra excepción, las Medidas de Urgencia sobre la Importación de Productos Determinados ante un daño grave -o amenaza de daño grave- a la economía nacional³⁷.

El artículo XX del GATT enumera las que denomina Excepciones Generales, también extensivas a todas las obligaciones establecidas en el GATT, en protección de a) la moral pública, b) la salud y vida de las personas, animales o vegetales³⁸, c) oro o plata, d) consumidor³⁹, propiedad industrial o propiedad intelectual⁴⁰, e) artículos fabricados en las prisiones, f) patrimonio artístico, histórico o arqueológico, g) recursos naturales agotables, h) productos básicos acordados, i) materias primas esenciales para fabricación a precios inferiores por estabilización de la industria, en el marco de los parámetros del GATT, y j) productos objeto de penurias, también en el marco de los parámetros del Acuerdo General. Finalmente, el artículo XXI del GATT enumera las que denomina Excepciones Relativas a la Seguridad, al igual que las del artículo XX también extensivas a todas las obligaciones establecidas en el Acuerdo General, establecidas en protección de a) información, b) materias fisionables o su fabricación; tráfico de armas, municiones o material de guerra; y c) mantenimiento de la paz.

Del detalle de excepciones al establecimiento de restricciones no arancelarias precedentemente reseñado, surge que las únicas prohibiciones⁴¹ de índole económica que pueden adoptarse en Argentina −ya sea bajo la modalidad prohibición propiamente dicha, de cupo sobre mercancías, de licencia o cualquier otro tipo de permiso o autorización especial sobre personas−, aun al amparo del principio de legalidad en la materia consagrado en los artículos 75, incisos 1º y 13º, y 76 de la Constitución Nacional, por aplicación del artículo 75, inciso 22º, primer párrafo, de dicha ley suprema, solamente pueden motivarse −e implementarse, siempre temporariamente− en casos de (1) escasez aguda de productos esenciales −para exportaciones−, (2) importaciones de productos agrícolas o pesqueros en circunstancias especiales, (3) protección de balanza de pagos o reservas monetarias −para importaciones−, y (4) medidas de salvaguardia −para importaciones− (artículos XI:2.a) y c), XII, XVIII Sección B −XIII y XIV− y XIX del GATT de 1994, respectivamente, e instrumentos anexos y acuerdos complementarios, aprobados por ley 24.425).

Consecuentemente, cualquier otra prohibición económica que no se refiera a las causas precedentes −en las condiciones previstas en el SMC− resultará inconstitucional.

§ 4. El criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el concepto de prohibición: equivocaciones y consecuencias.

En nuestra opinión, en primer lugar, la Corte Suprema parece haber sentado un criterio extremadamente restrictivo sobre el concepto de prohibición en relación con las clasificaciones que contempla el estatuto de base del Código Aduanero; en segundo término, lo ha hecho sobre la base de normas ya por entonces inconstitucionales; y, en tercer lugar, ha arribado a un resultado peligroso, como seguidamente veremos.

4.1. La sentencia “Nate Navegación y Tecnología Marítima”⁴². Su alcance, e inconstitucionalidad de ciertas prohibiciones previstas en el régimen tratado en el caso.

En el año de 1997 una entidad bancaria importó para consumo un buque usado bajo el régimen de la resolución MEyOySP 909/1994 del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación⁴³ −y sus modificatorias vigentes a la fecha de dicha importación−.

La resolución 909/1994, considerando, entre otras motivaciones, como “imperativo impostergable el que la industria argentina de bienes de producción y de consumo incremente su eficiencia, su productividad y la calidad de su producción” y que la necesidad de “transformación de las condiciones operativas de la industria nacional de bienes de producción y de consumo”⁴⁴, estableció un régimen especial de importación para consumo de bienes usados. Bajo dicha finalidad, la resolución −y sus modificatorias vigentes a la fecha de la importación en referencia− reguló tres grupos de mercaderías usadas; a saber:

1. primero, autorizó la importación de ciertos bienes, acondicionados o sometidos a proceso de reconstrucción en el exterior o bien a cumplir tales procesos en el país una vez librados a plaza por el propio importador, a quien exigió también la obligación de ser el usuario directo del bien durante el plazo de dos años (con prohibición de transferencia gratuita u onerosa), bajo un arancel determinado⁴⁵
2. segundo, prohibió transitoriamente la importación para consumo de ciertos bienes usados (con determinadas excepciones)⁴⁶; y,
3. tercero, autorizó la importación para consumo de ciertos bienes usados, sin exigencia de obligación alguna, bajo un arancel de 0%⁴⁷. Finalmente, exceptuó del régimen a ciertos bienes determinados⁴⁸.

La entidad financiera realizó la importación para consumo del buque en los términos del primero de los referidos grupos regulados en la resolución 909/1994 −y sus modificatorias vigentes a la fecha de tal importación−, abonando el arancel correspondiente (25% al momento de realizarse la importación para consumo), y con las obligaciones de ser el usuario directo de la nave por dos años (con prohibición de transferencia gratuita u onerosa) y de reacondicionarla en el país.

Condena

Con posterioridad, la Aduana constató que la tenencia del bien la ejercía una empresa de servicios complementarios al transporte marítimo como tomadora de un contrato de leasing, celebrado con el banco dador con anterioridad a la importación para consumo del bien realizada por dicha entidad financiera, motivo por el cual imputó y condenó al banco dador la infracción del artículo 965 inciso a) (incumplimiento de obligación condicionante de excepción a prohibición) y a la empresa tenedora la infracción del artículo 966 (tenencia con finalidad comercial o industrial de mercadería importada con incumplimiento de obligación condicionante de excepción a prohibición), ambos del Código Aduanero de la República Argentina.

El Tribunal Fiscal de la Nación confirmó −en lo que aquí interesa− la condena aduanera, y la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la misma por considerar que la inobservancia por parte del banco importador de las obligaciones impuestas por la resolución 909/1994 −y sus modificatorias vigentes a la fecha de la importación en referencia− no tornaban a la mercadería de importación prohibida.

Corte Suprema

La Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación aseveró que la importación del buque, al amparo del régimen especial de importación para consumo de bienes usados regulado por la resolución 909/1994 −y sus modificatorias vigentes a la fecha de la importación en cuestión−, se hallaba comprendida dentro del conjunto que autorizaba la importación para consumo con sujeción a determinadas obligaciones, y no prohibida. Por tal motivo, al no haberse transgredido obligación condicionante de prohibición alguna, y al amparo del principio de libertad consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, consideró los hechos atípicos en las infracciones atribuidas y opinó que correspondía confirmar la sentencia de Cámara recurrida.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante sentencia del 12 de julio de 2012, compartió el criterio de la Procuración Fiscal, al que remitió, y confirmó la sentencia de Cámara.

La sentencia de la Corte, sobre la base de la opinión de la Procuración Fiscal, resulta inobjetable en relación con el régimen especial de importación para consumo de bienes usados establecidos por la resolución 909/1994 −y sus modificatorias vigentes a la fecha de dicha importación en trato−.

Precisiones

No obstante, en el contexto referido, cabe realizar dos precisiones.

La primera precisión, aunque pudiera resultar evidente, es que el caso resuelto únicamente alcanza al régimen especial de importación para consumo de bienes usados establecidos por la resolución 909/1994 −y sus modificatorias vigentes a la fecha de dicha importación en trato−. Es decir, no puede tal conclusión aplicarse, sin mayores y detenidos análisis, a cualquier otro régimen.

Y la segunda precisión es que las prohibiciones transitorias −de índole económica− dispuestas sobre uno de los grupos de determinados bienes usados (con ciertas excepciones)⁴⁹ por la resolución MEyOySP 909/1994 del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, prohibiciones consideradas como tales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la base de la opinión de la Procuración Fiscal y que no fueron objeto del debate, no tenían base constitucional al momento de su dictado⁵⁰ en ninguna de las causales que taxativamente habilitan su imposición por los artículos XI:2.a) y c), XII, XVIII Sección B −XIII y XIV− y XIX del GATT de 1947⁵¹, ni al momento de su consideración por parte de la Procuración Fiscal y por la Corte Suprema por los mismos preceptos del GATT de 1994 e instrumentos anexos y acuerdos complementarios⁵².

Baste para realizar tal constatación reiterar la transcripción de los considerandos de la norma, según los cuales, entre otras motivaciones, como “imperativo impostergable el que la industria argentina de bienes de producción y de consumo incremente su eficiencia, su productividad y la calidad de su producción” y que la necesidad de “transformación de las condiciones operativas de la industria nacional de bienes de producción y de consumo”⁵³. Sostener lo contrario supondría invocar disposiciones de derecho interno para justificar un incumplimiento a un tratado internacional, lo cual se haya vedado en el derecho internacional y en el ordenamiento jurídico argentino⁵⁴.

4.2. La sentencia “Casas”⁵⁵. Equivocada extrapolación y peligro generado.

En el año 2007 una empresa fabricante y comercializadora de explosivos instrumentó ante la Aduana de La Quiaca una destinación de exportación para consumo de nitrato de monometilamina bajo la posición de nomenclatura aduanera 2921.11.12.000 con destino a Bolivia.

Los artículos 1 y 2 del decreto 302/1983⁵⁶ —reglamentario de la ley 20.429⁵⁷ Nacional de Armas y Explosivos—, aplicable a la exportación referida, calificaron a la mercadería objeto de la misma como alto explosivo. Por su parte, el artículo 23 de aquel reglamento dispuso que para la importación y para la exportación de tal mercancía se requiere solicitar, y obtener, la previa autorización del entonces Registro Nacional de Armas —RENAR— (hoy Agencia Nacional de Materiales Controlados —ANMaC—), organismo que previamente debe dar curso a la Prefectura Naval, Gendarmería Nacional o Autoridad Aeronáutica y destacar personal especializado para verificar (con toma de muestras) y autorizar —de corresponder— el respectivo cargamento, obligación esta última que —eventualmente— puede encomendar a aquellas fuerzas de seguridad nacionales; sin perjuicio de requerir las autoridades aduaneras el asesoramiento necesario al entonces RENAR (artículos 26, 27, 28, 30, 57, 58, 59, 60 y 61  del decreto 302/1983).

Declaración inexacta

Al documentarse la solicitud de exportación, la mercadería fue correctamente detallada, pero se consignó la opción negativa sobre la necesidad de autorización del RENAR. A esta última circunstancia el servicio aduanero la consideró inexactitud en la declaración aduanera con potencialidad de transgredir una prohibición en el caso en que la exportación no fuera autorizada por el RENAR, motivo por el cual imputó, y luego condenó, a la exportadora y a su despachante de aduana por la infracción aduanera de declaración inexacta tipificada en el artículo 954 apartado 1º inciso b) del Código Aduanero.

Interpuesta demanda contenciosa por los condenados ante el Juzgado Federal nro. 2 de Jujuy, se hizo lugar a la misma y la resolución aduanera fue revocada por considerarse que, debido a que la mercadería fue correctamente detallada, la falta de consignación de necesidad de autorización del RENAR ameritó la aplicación del beneficio de la duda previsto en el artículo 898 del Código Aduanero.

Apelada la sentencia por la Aduana, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta⁵⁸, hizo lugar al recurso, revocó el pronunciamiento de grado y confirmó la condena aduanera. Para así decidir, el tribunal consideró que la consignación de la opción negativa sobre la necesidad de autorización del RENAR en la tramitación de la declaración de una exportación de mercadería que se hallaba sujeta a tal autorización tipificó una declaración inexacta, en los términos del artículo 954 apartado 1º inciso c) del Código Aduanero, en la inteligencia de que la falta de autorización del RENAR, en el marco de la normativa que la exigió, trasuntó en una prohibición de carácter no económico y relativa en función de los artículos 610 inciso e) y 612 del Código Aduanero con arreglo a la interpretación de la doctrina que citó como “Alsina, Mario A., Barreira Enrique y otros en “Código Aduanero Comentado”, ed. Abeledo Perrot, tomo III, págs. 388 y 389”.

Inaplicable

Bajo tal interpretación, la Cámara especialmente consideró inaplicable al caso la solución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Nate Navegación y Tecnología Marítima SA (TF 22.220-A) c/ DGA”, del 12 de junio de 2012, pues, a su entender del texto de la legislación aplicable al caso la negativa sobre la necesidad de autorización del RENAR en la declaración, que estimó como condición insoslayable para habilitar la exportación en trato, trasuntó en una transgresión a una prohibición no económica relativa, y la inexactitud respecto de la necesidad de tal autorización tipificó la infracción endilgada por la Aduana.

Interpuesto recurso extraordinario federal por la exportadora y su despachante de aduanas, la Corte Suprema estimó aplicable al caso el criterio establecido por el Alto Tribunal el 12 de junio de 2012 en la causa CSJ 6/2010 (46-N)/CS1 “Nate Navegación y Tecnología Marítima SA (TF 22.220-A) c/ DGA”, a cuyos fundamentos solamente remitió, por razones de brevedad, y revocó la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

Concordamos con el criterio de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta; recordando particularmente que la autorizada doctrina especializada citada por dicho tribunal en su sentencia, precisamente, consideró —como más arriba destacáramos— como ejemplo de prohibición relativa a las autorizaciones concedidas en el marco de la regulación de la ley 20.429 de Armas y Explosivos, aunque haciendo notar que ya no se trataba de una prohibición absoluta (como, respecto de su importación, lo preveía el inciso a) del artículo 150 de la Ley de Aduanas)⁵⁹.

En efecto, en modo alguno puede considerarse que se halla permitida una exportación que no fue autorizada por un organismo investido legalmente para hacerlo. La falta de tal autorización, lógicamente, deviene en la prohibición (relativa, precisamente por no contarse con dicha autorización) para realizar la exportación, en los términos de la doctrina —que estimamos plausible— aplicada por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

Equívoco

En nuestra opinión, la extrapolación de la solución de un caso (“Nate Navegación…”) en el cual se desestimó la calificación de prohibición sobre importaciones que se hallaban permitidas, a otro caso (“Casas…”) en el cual no se contaba con la necesaria autorización del organismo correspondiente para poder exportar, sin el necesario análisis comparativo de los hechos que motivaron ambas contiendas, es equivocada, y las posibles consecuencias que pudieren derivar de la aplicación de la doctrina emergente del precedente “Casas…” se avizora peligrosa. Repárese, por caso, la sensibilidad de la mercadería objeto de la exportación (altos explosivos); y adviértase que el mismo criterio podría recaer en situaciones similares, riesgosas para la seguridad (por ejemplo, material radiactivo), o para la salubridad (por ejemplo, ciertas drogas), entre otros valores sensibles a protegerse.

§ 5. Las denominadas “intervenciones previas”: las prohibiciones relativas y “autorizaciones”, “permisos”, “licencias”, “certificaciones”. La terminología normativa y la necesidad de su adecuada, y razonable, interpretación.

En la regulación los aspectos referidos del comercio exterior argentino pueden participar, ya sea en la etapa de redacción normativa de medidas necesarias para las importaciones o para las exportaciones, ya sea en el momento de la fiscalización de las mismas, diversas autoridades, algunas con funciones de índole económica y otras con funciones de naturaleza no económica. De allí que, en general, en referencia a todas ellas, suele utilizarse la expresión “intervenciones⁶⁰ previas” (esto es, anteriores a la efectivización de la solicitud de destinación aduanera que, con posterioridad, se realiza ante la Aduana). Precisamente, el hecho de que en su diseño y redacción participen diferentes autoridades con funciones de diversa naturaleza genera que tales “intervenciones previas” sean denominadas —en su concepción normativa— de diferente manera, ya se trate de autorizaciones, de permisos, de licencias o certificaciones.

Ahora bien, ¿en qué supuestos podríamos considerar, razonablemente, que la ausencia de tales intervenciones previas —en los casos en que las mismas constituyan condiciones forzosas para poder importar o exportar— trasuntaría en prohibiciones relativas?

Contexto jurídico

Cabe, en primer término, dejar a salvo que los vocablos “autorizaciones”, “permisos”, “licencias” o “certificaciones”, más allá de su acepción castellana común, pueden tener diversas significaciones según sea la disciplina de conocimiento jurídico bajo la cual se las analice. Aunque huelgue precisarlo, en el contexto de estas líneas únicamente las analizamos en el marco del conocimiento de la disciplina jurídica aduanera y con referencia a las fuentes jurídicas hasta aquí analizadas.

Ello no obstante, bien sabemos que para interpretar el sentido de una norma siempre deviene necesario recurrir en primer lugar a la teoría general de las leyes (leyes en su sentido formal y material), en el contexto de la cual cobra relevancia el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación (precepto de derecho común) conforme al cual “La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento”.

En este sentido, explica doctrina civilista tradicional⁶¹ que interpretar es buscar el sentido y valor de la norma, para medir su extensión precisa y apreciar su eficiencia en cuanto al gobierno de las relaciones jurídicas aparentemente comprendidas en el ámbito de su vigencia, no sólo cuando una norma legal es oscura e incierta, sino también cuando una norma es clara (precisa el autor que la noción de “claridad” de la norma es un concepto relativo, dado que puede ser claro su texto pero confusa su finalidad). 

A tales fines, superada por completo a fines del siglo XIX la posición de la denominada Escuela de la Exégesis (caracterizada por el incondicional apego al texto de la norma), luego sus reaccionarias denominadas Escuela Científica (caracterizada por la primacía de la experiencia y la razón que informan al texto escrito de la norma) y Escuela del Derecho Libre (que estimula la emancipación del texto de la norma, como —en ocasiones— se ha practicado en el derecho inglés), el autor se enrola en la denominada Escuela de la Hermenéutica, conforme a la cual, cuando resulte menester verificar el resultado obtenido con la interpretación gramatical de la norma, mediante un razonamiento lógico se intenta reconstruir el pensamiento y la voluntad del legislador para así arribar a los motivos que la determinaron y a los fines sociales a los que tiende —“ratio legis”, o espíritu de la norma, según el autor referido en segundo término en el artículo 16 del anterior Código Civil argentino (en la actualidad, parcialmente replicado en el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, arriba transcripto)-.

A parecidas conclusiones arriba doctrina administrativista tradicional⁶² (disciplina jurídica a la que solamente acudimos a los fines de comparar los sistemas de interpretación normativa), que denomina “método” para su empleo en dicha disciplina jurídica, dando por superado desde fines del siglo XIX el denominado Método Exegético (como vimos, caracterizado por el incondicional apego al texto de la norma) y luego su reaccionario denominado Método Sociológico (que propugna la consideración de los factores filosóficos, políticos, sociales e históricos, por sobre el texto de la norma), el autor se enrola en el denominado Método Jurídico, conforme al cual una vez inducidos los principios generales jurídicos aplicables se deducen sus respectivas consecuencias en concordancia con las normas positivas (procedimiento lógico, similar al empleado por la denominada Escuela Hermenéutica arriba referida), no sin prescindir de los hechos sociales, económicos y políticos tenidos en cuenta para similar procedimiento lógico por el denominado Método Realista.

Tenemos en claro, consecuentemente, que aun cuando una norma, o término (vocablo) de una norma, resulte en total apariencia clara, corresponde verificar si el referido texto constituye, válidamente, consecuencia lógica de los motivos que la determinaron y los fines sociales a los que tiende, así como de los principios generales jurídicos aplicables en función de sus consecuencias sociales.

Interpretación

¿Cómo podríamos efectuar, entonces, tal análisis axiológico? En nuestra opinión debiera realizarse mediante el correspondiente test de razonabilidad, en la interpretación.

En este sentido, la doctrina⁶³ ha señalado que la garantía del debido proceso sustantivo con respecto a la ley formal y formal-material es la que consiste en la exigencia constitucional de que las leyes deben ser razonables, es decir, que deben contener una equivalencia entre el hecho antecedente de la norma jurídica creada y el hecho consecuente de la prestación, teniendo cuenta las circunstancias sociales que motivaron el acto, los fines perseguidos con él y el medio que como prestación establece dicho acto.

Para ello, prosigue, el debido proceso exige que exista cierta sustancia, y razonable relación, entre la ley y la seguridad, salubridad, bienestar, etc., de la población (es lo que se ha llamado la regla del equilibrio conveniente —balance of convenience rule, en el derecho estadounidense—) o de racionalidad de las relaciones sustanciales. Se trata de lo que el autor denomina razonabilidad en la ponderación. De ello colige que el acto, para ser válido, requiere dos fundamentos, el normativo formal y el axiológico-jurídico de la justicia (con lo que se tiene que puede haber normas legales y justas, normas legales e injustas, normas ilegales y justas, y normas ilegales e injustas). En este sentido, aclara que cuando el artículo 28 de la Constitución Nacional establece “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”, significa que al reglamentarse los derechos del individuo debe hacérselo respetando los juicios estimativos de justicia, solidaridad, orden, etc., vigentes como integrantes de la cultura y cosmovisión argentinas en el momento de esa reglamentación, según los cuales un mínimo de libertad jurídica debe dejársele intacta al individuo.

En tal sentido, apunta, el intérprete debe ponderar, entre otros aspectos, la razonabilidad técnico-social —en un sentido amplio— de la norma bajo análisis; y luego balancear los motivos determinantes, los fines y la racional vinculación técnico-social entre los motivos y fines por un lado y el medio elegido para alcanzar esos fines por otro, que son la ley y las obligaciones que la misma establece.

Juicio de adecuación

Más recientemente moderna doctrina⁶⁴ ha avanzado un paso más, al sostener que debe considerarse que el principio de razonabilidad se compone de tres aspectos —que denomina subprincipios—; a saber, el juicio de adecuación, el juicio de necesidad y el juicio de proporcionalidad en sentido estricto.

El juicio de adecuación, explica, exige que el fin de la norma se encuentre entre los que la Constitución Nacional permite perseguir al Estado, que la medida deba ser adecuada o idónea para el fin perseguido y que tal finalidad goce de relevancia social; por su parte, el juicio de necesidad exige su posibilidad, su eficacia y la elección del medio adecuado; finalmente, el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, exige una relación razonable entre la medida y el fin que con la misma se procura alcanzar, mediante un balance entre las ventajas y desventajas de la medida⁶⁵, para cuyo análisis de alteración o afectación del contenido esencial de los derechos habrá de sopesar mediante un análisis valorativo que un bien humano no resulte contradictorio con los restantes bienes humanos.

Superado, entonces, hace mucho más de un siglo, el método de interpretación normativa de la Escuela de la Exégesis (caracterizado por su incondicional apego al texto escrito de la ley), y, consecuentemente, teniendo claro que aun cuando un término (vocablo) de una norma, resulte en total apariencia claro, corresponde verificar si el mismo es resultado válidamente lógico de los motivos y principios generales jurídicos que lo determinaron en función de los fines sociales a los que tiende, deviene ahora necesario determinar —interpretar—, sobre la base de la relación de los motivos que inspiraron las medidas y los fines procurados por las mismas, si, en ningún caso, la ausencia de “autorizaciones”, “permisos”, “licencias” o “certificaciones” —en los supuestos en que las mismas constituyan condiciones forzosas para poder importar o exportar— trasuntaría, razonable y proporcionalmente, en prohibiciones relativas, según se deriva del criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por de pronto, conforme referimos⁶⁶, la mayoría de la doctrina especializada nacional y extranjera no parece pensar así.

Tampoco el principio-garantía de libertad consagrado en la segunda oración del artículo 19 de la Constitución Nacional, conforme al cual “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe” —invocado por la Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y hecho suyo por la Corte en el caso “Nate Navegación”—, es absoluto, pues bien sabemos que los derechos trabajar y ejercer toda industria lícita, de comerciar y de usar su propiedad, de los que gozan todos los habitantes de la Nación, deben ejercerse de conformidad a las leyes que reglamenten su ejercicio, sin que aquellos puedan resultar irrazonablemente alterados por estas (artículos 14, 28 y 33 de la Constitución Nacional), bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad arriba referidos.

Nótese, sin embargo, que con ajuste al criterio resultante de los precedentes “Nate Navegación” y “Casas” de la Corte Suprema, que parece haber acotado el alcance de la medida “prohibición” —aduanera— a la estricta acepción literal castellana ordinaria de dicho vocablo (mediante lo que pareciera derivar de un método interpretativo exegético literal, que, como vimos, fue universalmente abandonado a fines del siglo XIX), no sólo casi no existirían las prohibiciones aduaneras relativas —y, por tanto, casi la totalidad de las prohibiciones aduaneras serían absolutas—, sino que también se abre la puerta a conclusiones socialmente disvaliosas, como la que, en nuestra opinión —conforme adelantáramos al referirnos al caso—, arribó la Corte en el precedente “Casas”.

§ 6. Aproximaciones. Advertencia.

Somos conscientes de que los senderos a seguir para desentrañar la razonabilidad, y proporcionalidad, de cada medida (en tanto balanceo de ponderación racional de la vinculación técnico-social entre los motivos y fines socialmente determinantes de la medida por un lado, y el medio elegido por la norma —en tanto, en el contexto de estas líneas, estricta “denominación” de la medida— para alcanzar aquellos fines por el otro), a los efectos de determinar si constituye —o no— una prohibición aduanera relativa, son sinuosos, y en ocasiones arduos. Mas no por ello, en modo alguno, puede permitirse dar paso a interpretaciones estrictamente literales inapropiadas que conduzcan a resultados socialmente disvaliosos, y en ocasiones peligrosos.

Siempre dentro de las posibilidades jurídicas que brinda el ordenamiento jurídico internacional —como arriba resaltamos, en Argentina de rango supralegal—, y, desde luego, sin pretender completar una referencia si quiera abultada de las denominadas intervenciones previas, de modo meramente conceptual, inicialmente descartamos, como para considerar prohibiciones relativas, a la ausencia de tramitaciones como licencias automáticas, dado que nunca pueden rechazarse; licencias no automáticas para cuya autorización baste brindar información adicional a la operación (por cuantiosa que resulte la información requerida); certificados de origen; certificaciones de inscripción de los operadores en registros especiales (pues no se trata de medidas relacionadas con la mercadería en sí); conformidades sin las cuales la normativa permite su importación con libramiento como depositario fiel e indisponibilidad por parte del importador; aunque tenemos nuestras dudas respecto de las certificaciones de inscripción de productos en registros especiales, pues dependería de la relevancia social de las exigencias para poder realizar dichas inscripciones.

Mientras tanto, en el otro extremo, respecto de la ausencia del otorgamiento de cupos (cuotas, o contingentes cuantitativos) —siempre que los mismos se ajusten al ordenamiento jurídico internacional—, de autorizaciones o permisos (en tanto la falta de los mismos, necesariamente, trasunta en la veda de las operaciones), y de certificaciones para cuya expedición resulte —genuina y proporcionalmente— necesaria su evaluación por razones de seguridad y moralidad públicas, de salubridad humana o animal, de preservación vegetal, de recursos naturales agotables, de medioambiente, de patrimonio paleontológico o arqueológico y de seguridad de los consumidores, nos inclinamos por pensar que constituirían prohibiciones relativas.

Caso por caso

Por supuesto que el análisis de razonabilidad y proporcionalidad de las medidas, a los efectos de considerar a la ausencia de ciertas intervenciones previas como prohibiciones relativas, deberá realizarse detenidamente en cada caso.

Consecuencia de lo hasta aquí examinado, y ante la ausencia de definiciones de prohibiciones aduaneras en el ordenamiento jurídico argentino —conceptualización que estimamos necesaria, principalmente debido a las consecuencias derivadas de la misma—, nos permitimos sugerir la siguiente definición⁶⁷: “Constituyen prohibiciones las medidas dictadas por autoridades competentes y con ajuste a los acuerdos internacionales de los que la Nación sea parte o miembro, que determinen, en todos los casos o ante incumplimientos a las condiciones que se exija para su excepción, la imposibilidad de importar o exportar suspensiva o definitivamente, en función de las mercaderías en sí o de los importadores o exportadores de que se tratare”⁶⁸.

Bien entendido que todo lo hasta aquí dicho debe tenerse presente bajo el principio de reserva legal consagrado en los artículos 75 incisos 1. y 13. y 76 de la Constitución Nacional.

No se nos escapa que las opiniones vertidas en estas líneas, en especial el alcance propuesto sobre las opiniones relativas, podría —eventualmente— ser utilizado, en su etapa de elaboración,  de interpretación, o de aplicación, con finalidades restrictivas —o abusivas— sobre el comercio internacional de mercaderías, lo cual se halla vedado —o penado— por la normativa internacional y/o nacional aplicable, según el caso; pero razones de coherencia jurídica (razonabilidad y proporcionalidad) nos obligan a pronunciarnos en el sentido en que lo hacemos.

§ 7. Conclusiones

La doctrina nacional e internacional generaliza la noción de prohibición aduanera, no sin cierta amplitud y variedad terminológica.

El sistema jurídico que rige al comercio internacional de mercaderías —del cual Argentina es estado parte o Miembro—, refiere también con cierta amplitud y variedad terminológica al concepto de prohibiciones y acota la posibilidad de restringir el tráfico comercial a situaciones puntuales, que no en todos los casos es seguida en el ordenamiento jurídico nacional.

El Código Aduanero Argentino no define a las prohibiciones, aunque de las mismas deriva diferentes tratamientos según el régimen aplicable y severas consecuencias ante inobservancias o incumplimientos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha adoptado un criterio excesivamente restrictivo sobre la noción de prohibiciones, mediante una eventual interpretación literal inapropiada para el derecho argentino actual, con probables consecuencias peligrosas para ciertas políticas públicas, particularmente de índole no económica.

Razonabilidad y proporcionalidad

Tal situación torna oportuno interpretar la noción de prohibiciones con arreglo a las pautas jurídicas de la interpretación general de las leyes, bajo los criterios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad.

No nos parece razonable acotar la existencia de una prohibición solamente al caso en que la norma jurídica utilice tal vocablo, ni tampoco nos parece razonable extender la noción de prohibición relativa ante la ausencia de todas las intervenciones previas necesarias para poder solicitar importaciones o importaciones.

Por tal motivo, volcamos aquí nuestro parecer al respecto y sugerimos una definición sobre prohibiciones aduaneras, no sin advertir sobre la prudente necesidad de legítimas, y adecuadas, elaboración, interpretación y aplicación de las medidas.

El autor es abogado, experto en derecho aduanero y del comercio internacional
Artículo publicado en Tarifar

1. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCD); “Clasificación Internacional de Medidas No Arancelarias”, versión de 2012, última vez consultado: 27/1/2025.
2. Organización Mundial del Comercio (OMC); Informe sobre el Comercio Mundial 2012, “Comercio y políticas públicas: análisis de las medidas no arancelarias en el siglo XXI”, pág. 38, última vez consultado: 27/1/2025.
3. Las medidas no arancelarias se han clasificado en medidas sanitarias y fitosanitarias; obstáculos técnicos al comercio; inspección previa a la expedición y otras formalidades, medidas de protección del comercio como licencias de importación no automáticas, contingentes, prohibiciones; medidas de control de la cantidad; medidas de control de precios, incluidas cargas e impuestos adicionales; medidas financieras; medidas que afectan a la competencia; medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio; restricciones a la distribución; restricciones a los servicios de posventa; subvenciones y otras formas de apoyo; restricciones a la contratación pública; medidas relacionadas con la propiedad intelectual; normas de origen; y medidas relacionadas con las exportaciones (CNUCD, “Clasificación…”, citado, y a su vez más detallada en CNUCD, “Clasificación Internacional de Medidas No Arancelarias”, versión de 2019, última vez consultado: 27/1/2025; Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, COMPAL, “Informe sobre Las Medidas No Arancelarias y su Impacto en la Competencia”, 2017, última vez consultado: 27/1/2025; y OMC, “Table of Contents of the Inventory of Non-Tariff Measures”, Note by the Secretariat, Negotiating Group on Market Access, TN/MA/S/5/Rev.1, 28 November 2003, 03-6324).
4. Exposición de Motivos del Código Aduanero de la República Argentina, Sección VIII, párrafo 1.
5. Exposición de Motivos, Sección VIII, párrafo 3.
6. Alsina, Mario Á., Basaldúa, Ricardo Xavier y Cotter Moine, Juan P., Código Aduanero. Comentarios, Antecedentes, Concordancias, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1985, vol. IV, págs. 90 a 96; Alsina, Mario Á., Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Cotter Moine, Juan P. y Vidal Albarracín, Héctor G., Código Aduanero Comentado, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, vol. II, págs. 272 a 277.
7. Igualmente, Basaldúa, Ricardo Xavier; Derecho Aduanero. Parte General. Sujetos, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1992, pág. 61. Para una adecuada noción de la evolución histórica mundial de las prohibiciones, puede verse una vasta y detallada investigación en Basaldúa, Ricardo Xavier; Introducción al Derecho Aduanero, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1988, págs. 35 a 37, 52, 68, 75, 79 a 80, 103 a 105, 111, 120, y 125 a 126.
8. La misma doctrina recuerda, como antecedente de tal solución, que, en la legislación vigente con anterioridad a la sanción del Código Aduanero, la única regulación de base en materia de restricciones directas o no tributarias era la contenida en el artículo 125 bis de la Ley de Aduanas -LA- (texto según ley 20.502), que se refería a las prohibiciones de importación, aun cuando en algunos párrafos empleaba como sinónimo la palabra “suspensiones”. En relación con dicha referencia, señala que hallándose en vigencia el citado artículo 125 bis de la LA se dictó el decreto 390/1974 por el que sometió al régimen de licencia previa la importación de ciertos productos químicos, y la entonces Administración Nacional de Aduanas mediante resolución 3040/1974 estableció que el alcance de esa restricción directa era el fijado en los apartados 2, 3, 4, y 6 del artículo 125 bis de la LA; y precisó que esta última resolución interpretativa se basó en lo aconsejado por el dictamen 570/1974 del Departamento de Asuntos Jurídicos de la misma repartición, en el que se opinó que las mercaderías a que se refería el artículo 1 del decreto 390/1974 que no estuvieran amparadas por una licencia existía una verdadera prohibición de importación cuyo alcance debía regirse por lo dispuesto en el artículo 125 bis de la LA (Alsina, …, Basaldúa, … y Cotter Moine …, ob. cit., vol. IV, págs. 91 y 92, nota a pie de página nro. 2; Alsina, …, Barreira, …, Basaldúa, …, Cotter Moine, … y Vidal Albarracín, …, ob cit., vol. II, págs. 272 y 273, nota a pie de página nro. 2, en ambos casos con cita de Cotter Moine, Juan P., “Importación para consumo”, Enciclopédica Jurídica Omeba, t. II, Buenos Aires, 1976, p. 448, nota 13).
9. Alsina, …, Basaldúa, … y Cotter Moine …, ob. cit., vol. IV, pág. 90, nota a pie de página nro. 1; Alsina, …, Barreira, …, Basaldúa, …, Cotter Moine, … y Vidal Albarracín, …, ob cit., vol. II, págs. 271 y 272, nota a pie de página nro. 1, en la que se incorpora el antecedente del Código Aduanero Comunitario de la Unión Europea de 2008.
10. Así, se apunta que Enrique C. Barreira opina que existen supuestos en los cuales la importación o la exportación de la mercadería no se encuentra directa o incondicionalmente prohibida, pero respecto de las cuales el servicio aduanero requiere que, con carácter previo al libramiento a consumo, se emita un certificado o licencia por parte de un organismo oficial que autorice su importación por haber verificado ciertas características de la mercadería en cuestión. A fines de dilucidar tales circunstancias, se refiere que dicho autor considera que debe tenerse en cuenta la finalidad de la norma y las consecuencias que ella genera, pues de no realizarse tal evaluación en la aplicación de la norma se podría provocar efectos contrarios a los deseados, y, añade, que las medidas de restricción del flujo de las importaciones o de las exportaciones deben ser interpretadas de manera que causen el menor perjuicio posible al comercio, por lo que aplicarlas más allá de lo necesario violentaría el principio contemplado en el Artículo XI párrafo 1. del GATT, lo cual no se contemplaría si se considerara que este tipo de restricciones constituyen una “prohibición” a la importación o a la exportación pese a que, una vez obtenido el certificado o la licencia correspondiente, la prohibición mencionada se demostrara inexistente. Según tal posición, en la opinión del mencionado autor, desde el punto de vista operativo, considerar que la aplicación de una prohibición depende de la exhibición previa de un certificado o de la realización de ciertos trámites que disipen dudas acerca del tratamiento aduanero de la mercadería y que la ausencia del certificado o licencia constituye una prohibición, acarrearía consecuencias graves para el operador, como un impedimento para librar la mercadería en importación bajo el régimen de garantía (artículo 458, inciso c), Código Aduanero), aunque tal importación no se hallare alcanzada por la prohibición; o bien, desde el punto de vista infraccional, tal posición puede dar lugar a la calificación en orden al tipo del artículo 954 apartado 1º inciso b) del mismo ordenamiento que contiene una pena cuya gravedad fue prevista para supuestos de mercaderías prohibidas, aunque tal prohibición no existiere. La doctrina a la que venimos refiriendo, apunta que, sobre la base de tal pensamiento, un grupo de trabajo del sector privado que integrara, entre otros, Enrique C. Barreira, elevó una propuesta de modificación de los artículos 458 y 954 del Código Aduanero introduciendo, respectivamente, un segundo apartado en el primer precepto y un quinto apartado en el segundo, en los siguientes términos: Artículo 458, apartado 2º: “En los casos de importación que se encuadrare en el inc. c) del ap. 1, y la aplicación de la prohibición o de la excepción a la misma dependiera de la acreditación de ciertos requisitos o certificaciones, el servicio aduanero podrá permitir el libramiento condicional de la mercadería, la cual quedará en poder y bajo custodia del importador sin derecho a uso. En tal caso el importador será considerado como depositario bajo el régimen de depósito provisorio de importación”, y Artículo 954, apartado 5º: “A los fines de la aplicación de lo dispuesto en el ap. 1, inc. b), no se considerará que la importación o la exportación, según el caso, infringe una prohibición por el solo hecho: a) de no acompañarse el certificado u otro comprobante que fuere exigible conjuntamente con la documentación complementaria de la solicitud correspondiente, mientras la declaración efectuada permitiere la correcta clasificación de la mercadería; b) que la mercadería resultante de la comprobación requiriera del cumplimiento de un requisito o la presentación de una certificación para solicitar u obtener la autorización de la destinación aduanera y el requisito se cumpliere o el certificado se emitiere acreditando que la mercadería no se encuentra alcanzada por la referida prohibición” (Cámara Argentina de Comercio, Cámara de Exportadores de la República Argentina, Cámara de Importadores de la República Argentina, Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina, Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, “Fundamentos de las modificaciones propuestas al Código Aduanero argentino”, Revista de Estudios Aduaneros, nro. 16, 2003/2004, pág. 235). Dejando a salvo la opinión de Barreira, la misma doctrina apunta que el servicio aduanero y, en general, los fallos del Tribunal Fiscal de la Nación han declarado que tales restricciones −sin distinción− constituyen una “prohibición” a la importación o a la exportación, con todos los efectos que ello trae aparejado a los fines de libramiento de mercaderías bajo régimen de garantía y penales en el sistema del Código Aduanero, dado que en dicho ordenamiento no se contemplan matices en materia de restricciones. En este último sentido tal doctrina refiere al pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F, en “Rohm & Haas Argentina S.A.”, expediente 21.555-A, del 16/7/2010, voto del Dr. Basaldúa al que adhirieron en lo pertinente los Dres. Sarli y Musso, donde se sostuvo que “en el Código Aduanero no existe una disposición que permita diferenciar entre “restricciones operativas” y “prohibiciones relativas”, cuando se tata de restricciones que impiden la importación o la exportación si no se cumplen con los requisitos previstos en la legislación, como lo son las licencias o autorizaciones de importación, que requieren de la intervención de una autoridad administrativa que debe otorgar una licencia o el certificado de que se trate, como condición sine qua non para importar o exportar determinada mercadería, añadiendo que éste es el criterio empleado en el artículo 38 del Código de Aduanas de Francia y el artículo 1 apartado 4 de la Ley de Aduanas de la República Federal de Alemania, tal como se indicara en la página 90, nota 1, de Alsina, Mario Á., Basaldúa, Ricardo X. y Cotter Moine, Juan P., Código Aduanero Comentado…, cit., t. IV, donde los autores, refiriéndose al Código Aduanero argentino, expresan que “…el Código adopta para todas estas restricciones la denominación de “prohibiciones” y que en la Exposición de Motivos se explica al respecto que ello se debe a que “existe una prohibición tanto en los supuestos en que la misma afecta a la generalidad de las personas como en aquellos supuestos que reconocen excepciones a favor de una o varias personas” (ob. cit., p. 91). Continúa expresando que el caso que nos ocupa constituye una prohibición de naturaleza no económica (establecida por razones de salud pública, política alimentaria o sanidad animal o vegetal −art. 610, CAd.−…”, y, sobre la base de tales consideraciones, con cita de numerosa jurisprudencia del Tribunal Fiscal y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, consideró tipificada la infracción aduanera de declaración inexacta con potencialidad de transgredir una prohibición (Alsina, …, Barreira, …, Basaldúa, …, Cotter Moine,… y Vidal Albarracín, …; ob. cit., 2011, vol. II, págs. 274 y 275, notas a pie de página nros. 5 y 6, respectivamente en relación con cada posición).
11. Gual Villalbí, Pedro; Teoría y técnica de la política aduanera y de los tratados de comercio, Editorial Juventud, Barcelona, 1943, vol. I, págs. 395 a 493. Puede verse también Berr, Claude J. y Trémeau, Henri; Le droit douanier. Communautaire et national, Economica, París, 2001, págs. 95 a 97.
12. En la Exposición de Motivos del Código Aduanero, se informa que la sección (Sección VIII) establece un estatuto básico de las prohibiciones, que contempla los diversos aspectos que interesan aduaneramente, con la finalidad de reunir los principios y reglas que rigen la materia, como así también que el estatuto se aplique en forma supletoria en relación con las normas que impongan prohibiciones. De tal manera, se prosigue, la tarea del legislador se verá facilitada notablemente en el futuro, pues al dictar la medida respectiva sólo deberá expresar el objeto de la prohibición y los puntos en que quiera apartarse de las disposiciones generales y supletorias previstas en el código (Exposición de Motivos, apartado 2º, párrafo primero). Así, se continúa, el código no establece específicamente prohibiciones a las importaciones o a las exportaciones, sino que regula la aplicación de las que se impusieren. Ello se explica, se expresa, porque las prohibiciones se establecen por razones de índole moral, de seguridad, de salubridad, etc., y en otros casos por situaciones coyunturales de naturaleza económica; en consecuencia, las prohibiciones deben surgir de la legislación que corresponda a la materia de que se trate y al servicio aduanero sólo le cabe su aplicación (Exposición de Motivos, Sección VIII, apartado 5º). La doctrina recuerda la finalidad informada en la Exposición de Motivos (Alsina, …, Basaldúa, … y Cotter Moine …, ob. cit., vol. IV, pág. 95; Alsina, …, Barreira, …, Basaldúa, …, Cotter Moine, … y Vidal Albarracín, …, ob cit., vol. II, pág. 277).
13. Código Aduanero de la República Argentina, artículo 608, incisos a) y b), respectivamente.
14. Sobre tal especie, ver debajo nota nro. 20.
15. En relación con tal clasificación, la doctrina hace notar que, a nivel internacional, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio −GATT − (respecto del cual Argentina aprobó su accesión mediante ley 17.799 −B.O.: 19/7/1968−) procuró eliminar las prohibiciones económicas, y recuerda que tal objetivo constituye uno de los primordiales del GATT, consagrado en el Artículo XI párrafo 1. de dicho Acuerdo General (Basaldúa, …; Introducción…, cit., pág. 204 y nota a pie de página nro. 3.), razón por la cual también advierte la doctrina que debe tenerse en cuenta la limitación que pudiera derivar de las obligaciones asumidas por Argentina en el marco del GATT y que la sanción del Código Aduanero no alteró los compromisos asumidos en aquel (Alsina, …, Basaldúa, … y Cotter Moine …, ob. cit., vol. IV, págs. 94 y 97), aun posteriormente aprobado por ley 24.425 el Acuerdo de Marrakech por el que se estableció la Organización Mundial del Comercio, pues en el código solamente se establece un marco regulatorio de base (ídem; y Alsina, …, Barreira, …, Basaldúa, …, Cotter Moine, … y Vidal Albarracín, …, ob cit., vol. II, págs. 276 y 279).
16. Código Aduanero, artículo 609.
17. Código Aduanero, artículo 610; último inciso incorporado por artículo 1 de la ley 24.611.
18. Código Aduanero, artículos 611 y 612, respectivamente.
19. Alsina, …, Basaldúa, … y Cotter Moine …, ob. cit., vol. IV, págs. 105 y 106; Alsina, …, Barreira, …, Basaldúa, …, Cotter Moine, … y Vidal Albarracín, …, ob cit., vol. II, págs. 284 y 285.
20. Entre otras modificaciones a la Sección VIII, en referencia, del Código Aduanero Argentino, todas las disposiciones comprendidas en el Capítulo Segundo −”Ámbito de aplicación de las prohibiciones”−, relacionadas con las prohibiciones económicas, así como las relativas a las reimportaciones o reexportaciones de mercaderías previamente exportadas o importadas, respectivamente, de manera suspensiva, han sido derogadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 denominado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina” (actualmente en vigencia, bajo los términos de la ley 26.122), en nuestra opinión innecesaria e inconvenientemente, en el marco de lo que pareciera ser una pertinaz veda al Poder Ejecutivo Nacional para establecer y administrar las prohibiciones económicas: sin perjuicio de lo que más adelante referiremos al respecto en el capítulo § 3. de estas líneas, el principio de legalidad en la materia consagrado en los artículos 75, incisos 1º y 13º, y 76 de la Constitución Nacional argentina bastaba para ello. La crítica reacción de la doctrina no se hizo esperar: ver al respecto, Barreira, Enrique C.; “DNU y prohibiciones en el comercio exterior: un análisis de 30 puntos”, Trade News, Buenos Aires, 4/2/2024, última vez consultado: 27/1/2025.
21. Ver nota precedente: aspectos derogados por DNU 70/2023.
22. Código Aduanero, artículos 613, 616 inciso a), 618, y 622, hoy derogados por el DNU 70/2023.
23. Código Aduanero, artículos 613 en sentido contrario, 616 inciso b), ambos derogados por el DNU 70/2023, 621 y 624.
24. Código Aduanero, artículos 626, 627, 629 y 630.
25. Código Aduanero, artículos 498, 508, 524, 534, 555, 563, 571, 573, 581 y 582.
26. Código Aduanero, artículos 586, 587, 590, 600, 602, y 604.
27. Código Aduanero, artículo 449.
28. Código Aduanero, artículo 219.
29. Código Aduanero, artículos 458 inciso c) y 1135.
30. Código Aduanero, artículo 865 inciso f).
31. Código Aduanero, artículos 954 apartado 1º inciso b), 963, 965 inciso a), 970 apartado 2º, 973, 977 apartado 2º, 979 apartado 2º y 983 apartado 2º.
32. Aprobada por Argentina mediante ley 24.425 (B.O.: 5/1/1995), y de rango supralegal en virtud de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22º, primer párrafo, de la Constitución Nacional argentina.
33. De allí que al referirse el título del artículo XI del GATT a restricciones “cuantitativas”, aparece como limitado a los cupos sobre las mercancías, siendo que resulta aplicable también a las licencias otorgadas a las personas (Luff, David; Le Droit de L’Organisation mondiale du commerce. Analyse critique, Bruylant, Bruselas, 2004, págs. 102 a 115). A los efectos de la aplicación de las licencias, deberán observarse las prescripciones del Acuerdo sobre el Procedimiento para el Trámite de Licencias (APTLI) para Importación complementario al GATT de 1994, que también integra el Anexo 1A al Acta Final de la Ronda Uruguay.
34. A los efectos de la aplicación de tales restricciones, deberán observarse las prescripciones del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (AOTC) complementario al GATT de 1994, que también integra el Anexo 1A al Acta Final de la Ronda Uruguay.
35. Aspecto actualmente regulado por el Acuerdo sobre la Agricultura (AA) complementario al GATT de 1994, que también integra el Anexo 1A al Acta Final de la Ronda Uruguay.
36. Complementa a los Artículos XII y a la Sección B del Artículo XVIII del GATT de 1994 el Entendimiento Relativo a las Disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 en Materia de Balanza de Pagos (EBP).
37. A estos efectos, rige el Acuerdo sobre Salvaguardias (AS) complementario al GATT de 1994, que también integra el Anexo I al Acta Final de la Ronda Uruguay.
38. A los efectos de la aplicación de tales restricciones, deberán observarse las prescripciones del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias o Fitosanitarias (AMSF) complementario al GATT de 1994, que también integra el Anexo 1A al Acta Final de la Ronda Uruguay.
39. A los efectos de la aplicación las restricciones en protección del consumidor deberán observarse las prescripciones del Acuerdo AOTC, ya aludido.
40. En materia de protección a la propiedad intelectual, rige el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C al Acta Final de la Ronda Uruguay.
41. Respecto de las cuales, como en líneas precedentes se refiriera, el Código Aduanero solamente regula su estatuto de base.
42. CSJN, N. 6. XLVI. “Nate Navegación y Tecnología Marítima SA (TF 22.220-A) c/DGA”, 12/6/2012.
43. B.O.: 3/8/1994.
44. Párrafos primero y tercero de los considerandos de la resolución MEyOySP 909/1994.
45. Artículos 1, 2, 3, 5 primer párrafo, y Anexo I a la resolución 909/1994 −y sus modificatorias vigentes a la fecha de la importación en referencia−.
46. Artículo 4 y Anexo II a la resolución 909/1994 −y sus modificatorias vigentes a la fecha de la importación en referencia−.
47. Artículo 5 párrafo segundo de la resolución 909/1994 −y sus modificatorias vigentes a la fecha de la importación en referencia−.
48. Artículos 7, 8, 9 y 10 de la resolución 909/1994 −y sus modificatorias vigentes a la fecha de la importación en referencia−.
49. Artículo 4 y Anexo II a la resolución 909/1994 −y sus modificatorias vigentes a la fecha de la importación en referencia−, ya referidos.
50. B.O.: 3/8/1994, ya referido.
51. Al cual, como refiriéramos, Argentina había aprobado su accesión mediante ley 17.799 (B.O.: 19/7/1968), y ya por entonces de rango supralegal en virtud de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22º, primer párrafo, de la Constitución Nacional argentina.
52. También como refiriéramos, aprobados por ley 24.425 (B.O.: 5/1/1995), y de rango supralegal en virtud de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22º, primer párrafo, de la Constitución Nacional argentina.
53. Párrafos primero y tercero de los considerandos de la resolución 909/1994 citada, referidos en la nota nro. 44.
54. Artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aprobada por ley 19.865 (B.O.: 11/1/1973), y de rango supralegal en virtud de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22º, primer párrafo, de la Constitución Nacional argentina
55. CSJN, FSA 41000334/2010/CS1, “Casas, Carlos Arturo y otro c/ AFIP–DGA s/ Impugnación de acto administrativo”, 3/8/2023.
56. B.O.: 28/2/1093.
57. B.O.: 5/7/1079.
58. Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Sala II, “Casas, Carlos Arturo c/ AFIP-DGA s/ Impugnación de acto administrativo”, Expediente FSA 41000334/2010/CA1 Juzgado Federal de Jujuy Nº 2, 4/3/2022.
59. Nos remitimos a lo expresado en la parte final del cuarto párrafo, en el punto 2.1., y su nota 19, de estas líneas.
60. Para el caso, “Dicho de una autoridad: dirigir, limitar o suspender el libre ejercicio de una actividad” (Diccionario de la Real Academia Española), última vez consultado: 27/1/2025.
61. Llambías, Jorge Joaquín; Tratado de Derecho Civil. Parte General, Perrot, Buenos Aires, 1995, vol. I, págs. 97 a 115, con las citas de doctrina nacional y extranjera allí referidas.
62. Marienhoff, Miguel S.; Tratado de Derecho Administrativo, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, vol. I, págs. 347 a 357, con las citas de doctrina nacional y extranjera allí referidas.
63. Linares, Juan Francisco; Razonabilidad de las leyes. El “debido proceso” como garantía innominada en la Constitución Argentina, Astrea, Buenos Aires, 1989, págs. 31, 29, 114, 84, 97, 139 y 147.
64. Cianciardo, Juan; El principio de razonabilidad. Del debido proceso sustantivo al moderno juicio de proporcionalidad, Ábaco, Buenos Aires, 2009, págs. 63, 64, 83, 107, 116 y 138.
65. En palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “la medida de los intereses determinará la medida de las regulaciones en cada caso” (“Pedro Inchauspe y Hnos. c/ Junta Nacional de Carnes”, Fallos 199:483, 1944; citado por Cianciardo, …, ob. cit., pág. 109).
66. Remitimos a lo dicho en el tercero, cuarto y quinto párrafos del punto § 1. de estas líneas, y sus respectivas notas.
67. Precisa Hospers que las palabras pueden representar características de los objetos a los que aluden y designan. Prosigue el autor explicando que las características que designa una palabra determinan el objeto particular al que denotará, pues si se sabe lo que designa una palabra se conocen las condiciones de su aplicabilidad, o sea se sabe en qué condiciones se puede aplicar la palabra a una cierta porción particular del universo y en qué condiciones no se puede hacer. Continúa el autor precisando que, por lo general, una definición comprende varias características definitorias, sin las cuales la definición no resultaría aplicable al objeto de la misma, porque lo definen; y un enunciado que registra la lista completa de las características definitorias de una palabra es la definición del objeto que la palabra define (Hospers, John; Introducción al análisis filosófico, Macchi, Buenos Aires, 1969, vol. I, págs. 33 a 35 −traducción castellana de Néstor Míguez de An Introduction to philosophical análisis, Prentice Hall Inc., Nueva York, 1961−).
68. Similar definición sugerimos, sin observaciones, en reunión ordinaria de miembros de número, honorarios y adherentes del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, celebrada el día 6 de noviembre de 2023, en el marco de la exposición “CNACAFed, Sala III, “TG Plast S.R.L. c/ Estado Nacional – Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa – SIMI 287878E y Otros s/ Incidente de Apelación”, Expediente 13386/2021, 30/8/2022: Breves reflexiones sobre reglamentos técnicos”. El acta labrada con motivo de dicha reunión fue aprobada en similar reunión del 4 de marzo de 2024, desde luego sin que tal aprobación implique la conformidad de los miembros con la definición sugerida, que no ameritó comentarios.