Gobierno da por cerrado episodio en Colonización con la salida de Viera, la «única solución plausible»

En el Poder Ejecutivo se analizaron las opciones que podía tomar el presidente del INC tras la «incompatibilidad» constitucional e informe de Jorge Díaz que fue tomado por Yamandú Orsi.

El episodio que tuvo en el centro de la polémica al presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Eduardo Viera, que anunció su renuncia al cargo este jueves, fue un tema incómodo para el gobierno, en cuyas filas están convencidos que en el fondo es una estrategia de los detractores del organismo —blancos y colorados— para deslegitimar la política de compra de tierras por parte del Estado. Una «discusión ideológica» que se arrastra desde fines de los años 40, cuando se creó la ley, como sostuvo el presidente Yamandú Orsi días atrás.

Lo cierto es que esta discusión fue iniciada por los senadores de la Coalición Republicana a mediados de este mes, quienes advirtieron que Viera no estaba respetando el artículo 200 de la Constitución al ser colono en actividad, ya que esa disposición imposibilita a los directores generales del Estado a «ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen» con el organismo que dirigen.

Viera no aceptó esta interpretación —el 20 de mayo tildó de «burro» al que así lo entendiera— pero el presidente Orsi primero y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, después concedieron en que había al menos una contravención a la Carta Magna.

La palabra elegida en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, en donde se hizo un análisis jurídico de la situación que estuvo a cargo del prosecretario Jorge Díaz —exfical de Corte y exjuez de Crimen Organizado— es «incompatibilidad», señalaron a El País fuentes del Poder Ejecutivo.

Una incompatibilidad que se podía resolver de tres formas, que se desprenden del informe brindado por Díaz al jefe de Estado: que Viera dejara de ser colono, que no ejerciera como tal, o que renunciara a la conducción del organismo.

Algo debía hacer Viera. Orsi había dado el mensaje: tenía que «dar un paso» en alguno de esos sentidos. Y arriba de la mesa, como una «opción» más que válida —palabra que usó el mandatario este miércoles al mediodía— estaba que abandonara el cargo —más allá de los respaldos personales dados por el propio Orsi, Sánchez y el ministro Alfredo Fratti.

Y esto último, tras un ida y vuelta de varios días, fue lo que se terminó definiendo este jueves. «Era la única solución plausible», señaló a El País un integrante del gobierno de Orsi, puesto que Viera, un colono dedicado a esta actividad desde su adolescencia, no podía abandonar la producción de su tambo.

El otro debate jurídico subyacente, que también fue propiciado por actores de la oposición —fundamentalmente por el senador colorado Pedro Bordaberry— atañe a qué incidencia podía tener este problema constitucional con actos administrativos suscritos por el propio Viera en las semanas en que estuvo en el cargo. Hay una tesis que sostiene que podría declararse nulo todo lo actuado hasta entonces por el jerarca —lo que incluiría su voto para la adquisición de la estancia María Dolores en Florida, anunciada por Sánchez durante el sepelio de José Mujica—, pero en la Torre Ejecutiva no tienen dudas de que la designación de Viera fue legítima, así como la venia que aprobó el Senado, con lo cual todos los actos en los que participó el jerarca fueron «válidos y legítimos».

A las 16.15 de este jueves, el gobierno anunció que Viera y el ministro de Ganadería —citado por el Parlamento para este lunes, por este tema y por la compra de 4.400 hectáreas en Florida, algo también criticado por la oposición— darían una conferencia para comunicar la decisión adoptada, que terminaría consumando la tercera caída desde que asumió este gobierno, luego de las renuncias de la ministra de Vivienda Cecilia Cairo y de la vicepresidenta de la Administración Nacional de Puertos Alejandra Koch.

Lo primero que dijo Viera en la sede ministerial fue algo que ha venido repitiendo en sus declaraciones públicas: que se sentía «orgulloso» de ser colono, y que tenía un vínculo especial con la actividad y con el instituto, y que eso lo llevó a tomar la definición que ahora comunicaba.

«Mi función es la de defender ese sector de productores y lo último que quiero es que se perjudique Colonización y perjudicar al gobierno. No voy a cambiar ser colono porque es de los orgullos más grandes», fueron sus palabras.

Es que a su juicio, en estos días de cuestionamiento político, se había «hablado mucho y mal» y «desprestigiado la herramienta de Colonización».

Sobre los escenarios que tenía planteado, fue claro. Dijo que vivía de la producción lechera y que no veía «por qué» tenía que dejar esa vida, cuando además consideraba que podía seguir defendiendo al sector desde otro lugar.

«Mi objetivo es facilitar y no generar complicaciones para nadie», afirmó, y agregó no sentir arrepentimiento ni necesidad de hacer autocrítica. «Todo se hizo dentro de la legalidad —dijo—, y dentro del programa de gobierno».

La determinación de Viera fue comentada por blancos y colorados que siguieran de cerca este tema. El senador blanco Sebastián Da Silva, que había pedido explícitamente su renuncia, escribió en su cuenta de X que no aceptaba que se dijera que el sistema política haya «manoseado» a Colonización: «Controla la legalidad de las normas o la constitucionalidad».

El senador colorado Robert Silva, otro de los legisladores que pidieron al gobierno este desenlace, dijo en la mima red que el Ejecutivo «hizo lo que tenía que hacer», pero pidió además «solucionar la situación de la directora que sigue siendo colona (e) integra el directorio de Colonización», en referencia a Karina Henderson, designada en representación de las organizaciones privadas.