Colombia pone fin a décadas de control privado sobre los pasaportes y asume el manejo total del sistema

Canciller Rosa Yolanda Villavicencio y el Presidente de Colombia , Gustavo Petro

El Gobierno de Colombia confirmó un giro estructural en uno de los servicios más sensibles para la ciudadanía: la expedición de pasaportes. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio anunció la salida definitiva de la empresa Thomas Greg & Sons del modelo que durante años dominó la producción de estos documentos, tras la liquidación oficial del contrato el pasado 30 de abril.

La decisión marca el cierre de una relación prolongada entre el Estado y uno de los principales operadores privados en la emisión de documentos oficiales, y abre una nueva etapa en la que el control queda completamente en manos públicas. Según explicó la funcionaria, la Imprenta Nacional de Colombia asumió desde entonces la personalización de las libretas, en un proceso que busca consolidar la soberanía estatal sobre la gestión documental.

El cambio no es menor. La expedición de pasaportes ha sido históricamente un punto neurálgico tanto por su impacto en la movilidad internacional de millones de ciudadanos como por los altos estándares de seguridad que exige. En ese contexto, el retiro de un operador privado con larga trayectoria introduce un reordenamiento profundo en la estructura del servicio.

A pesar de las dudas que han rodeado la transición, el Gobierno sostiene que el sistema opera sin interrupciones. Villavicencio aseguró que la situación es de absoluta normalidad y que los puntos de atención en todo el país continúan funcionando con regularidad. Oficinas como CADE, gobernaciones y consulados mantienen la atención al público sin cambios visibles, en un intento por garantizar estabilidad en medio del relevo operativo.

La canciller subrayó que la transición fue planificada para evitar traumatismos y proteger la continuidad del servicio, en un momento en el que la demanda de pasaportes sigue siendo alta. Según indicó, las capacidades institucionales han sido reforzadas para asumir la totalidad del proceso sin depender de terceros.

El anuncio se produce en medio de un debate que ha escalado en los últimos meses sobre la contratación del servicio y el papel de empresas privadas en la expedición de documentos oficiales. Sectores políticos y expertos han cuestionado durante años la dependencia del Estado de operadores externos en áreas estratégicas, mientras que otros han advertido sobre los riesgos de una transición acelerada.

Más allá de la discusión, la salida de Thomas Greg & Sons redefine el modelo colombiano y plantea un escenario en el que el Estado asume de manera directa la responsabilidad sobre un sistema clave. La decisión no solo tiene implicaciones administrativas, sino también políticas, al instalar una nueva narrativa sobre el control de los servicios públicos y la autonomía institucional.

En adelante, el desempeño del nuevo esquema será observado de cerca, tanto por su impacto en la eficiencia del servicio como por su capacidad para responder a los desafíos técnicos y de seguridad que implica la emisión de documentos de identidad en un contexto global cada vez más exigente.

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