La Superintendencia de Servicios Financieros rindió cuentas de un año marcado por 73 inspecciones, la reglamentación de Basilea III y el inicio de la supervisión sobre activos virtuales. Para 2026, el plan suma la regulación de contratos de inversión y la modernización tecnológica del organismo.
La Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central del Uruguay (BCU) publicó su Memoria Anual 2025 y el Plan de Actividades 2026, en cumplimiento de lo dispuesto por la Carta Orgánica. El documento, que abarca el período de gestión bajo la conducción del superintendente Juan Pedro Cantera, exhibe un sistema financiero sólido —con más de 23 años de estabilidad—, profundiza la regulación basada en estándares internacionales y anticipa los desafíos de un ecosistema cada vez más digital, interconectado y con nuevos actores que ahora quedan bajo la lupa del regulador.
Un 2025 de fuerte impulso normativo y supervisión intensiva
Durante el año pasado, la SSF ejecutó 73 actuaciones de supervisión in situ sobre entidades que van desde bancos y aseguradoras hasta administradoras de crédito, intermediarios de valores y proveedores de servicios de activos virtuales. La solvencia del sistema bancario se mantuvo holgada: el ratio de capital regulatorio superó en promedio 1,94 veces el mínimo exigido, mientras que la morosidad descendió a 1,7%, cerca de mínimos históricos, aunque la rentabilidad se contrajo a 1,9% sobre activos por la apreciación del peso.
En el plano regulatorio, la SSF emitió más de una decena de circulares que consolidan la convergencia hacia las mejores prácticas globales. Destacan la reforma del régimen de grandes exposiciones para la banca (alineada a Basilea III), la incorporación de requerimientos de capital por Pilar II (que permite exigir colchones adicionales según el perfil de riesgo de cada entidad), y la introducción de requerimientos de capital por riesgos técnicos y catastróficos en el mercado asegurador, paso clave en el camino hacia un esquema de supervisión basado en riesgos.
Otro hito fue la primera consulta pública del proyecto de reglamentación para proveedores de servicios de activos virtuales, que se elaboró a partir de la Ley 20.345. Sin embargo, la posterior aprobación de la Ley 20.446 —que amplió el perímetro regulatorio del BCU— obligó a ajustar esa propuesta, que volverá a someterse a comentarios del mercado en 2026.
Nuevas fronteras legales: contratos de inversión y activos virtuales
La Memoria subraya la relevancia de la Ley 20.446, promovida por el propio BCU y aprobada en diciembre de 2025. La norma faculta a la SSF a regular y supervisar a personas físicas, jurídicas y patrimonios que realicen operaciones financieras con captación de recursos del público sin emitir valores ni intermediar financieramente. En la práctica, figuras como ciertos esquemas de inversión colectiva o “contratos de inversión” quedarán bajo control del regulador, que podrá imponer requisitos, inspeccionar, cesar actividades y sancionar.
“Es necesario destacar los riesgos relacionados con la digitalización total de los sistemas financieros, incluyendo el uso de inteligencia artificial, la tercerización de procesos y nuevas formas operativas como las finanzas abiertas”, escribe el superintendente Cantera en su mensaje, al tiempo que remarca la importancia de “revisar la estrategia organizacional de la Superintendencia para mejorar las capacidades de acción en un contexto de mayor perímetro de regulación”.
Protección al usuario y prevención de lavado: ejes permanentes
En materia de conducta de mercado, se atendieron más de 2.000 consultas de usuarios y se resolvieron 593 denuncias. Siete entidades ya adhieren voluntariamente a la Guía de Buenas Prácticas en Protección al Consumidor Financiero. Además, se renovó el Portal del Usuario Financiero con herramientas interactivas, y el volumen de consultas a la Central de Riesgos Crediticios se mantuvo estable en torno a 10,5 millones.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) procesó 972 reportes de operaciones sospechosas provenientes de entidades financieras, un récord en la serie, y se aprobó la nueva Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo con horizonte a 2030. La SSF avanzó en la regulación de la debida diligencia de clientes políticamente expuestos y habilitó la tercerización del monitoreo transaccional, bajo estrictas condiciones.
Qué viene en 2026: Suptech, registros digitales y ajustes clave
El Plan de Actividades 2026 se estructura en 7 iniciativas estratégicas y 18 operativas. Sobresalen:
- Rediseño del sistema de registros (SAR): se buscará una solución informática moderna que reduzca procesos manuales y riesgos operativos.
- Hoja de ruta Suptech: definición de la estrategia para incorporar tecnologías de supervisión (automatización de reportes, monitoreo transaccional y análisis de datos no estructurados).
- Reglamentación de contratos de inversión para inversores calificados: en línea con el nuevo artículo 37 de la Carta Orgánica, se delinearán requisitos para quienes capten ahorro público sin ser emisores de valores.
- Refuerzo de la protección al inversor: se normarán las cuentas globales (“ómnibus”) y se mejorará el envío de estados de cuenta para prevenir fraudes en el mercado de valores.
- Profesionalización de corredores de seguros: se evaluará la incorporación de requisitos regulatorios para este canal, que concentra la mayor parte de la comercialización.
- Fortalecimiento del sistema antilavado: se implementará una matriz automática de riesgo para priorizar reportes sospechosos y se incorporarán herramientas de ciencia de datos.
- Consultoría organizacional: se retomará la licitación para revisar la estructura de la SSF y adecuarla a las exigencias ampliadas.
La SSF también participará en proyectos institucionales del BCU, como la elaboración de un anteproyecto de ley de finanzas abiertas, la actualización del marco de ciberseguridad para el sistema financiero y la optimización de procesos mediante inteligencia artificial.
En el Anexo I del plan se detallan las normas previstas para 2026: desde la regulación definitiva de los proveedores de servicios de activos virtuales y el requerimiento de doble factor de autenticación en compras no presenciales, hasta la incorporación de capital por riesgo operacional en seguros y ajustes derivados de la Ley de Presupuesto, como la eliminación de la figura del fiduciario general y cambios en el régimen de tercerizaciones.
“Expresar el compromiso por trabajar para asegurar que la estabilidad financiera y la reputación e integridad del sistema financiero se mantengan en alta consideración”, cerró Cantera en un documento que, en 61 páginas, traza la hoja de ruta de un regulador que busca modernizarse sin perder de vista la prudencia que caracterizó al sistema uruguayo por más de dos décadas.
Redacción
Fuente de esta noticia: https://www.xn--lamaana-7za.uy/economia/bcu-presento-su-memoria-2025-con-foco-en-la-transformacion-digital/
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