
Ministro de Trabajo de Colombia, Antonio Sanguino
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, entregó este miércoles nuevas pruebas ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dentro de la denuncia penal que presentó contra el senador Jonathan Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, y los excongresistas Lina María Garrido y Miguel Polo Polo, por solicitar públicamente a Estados Unidos una intervención en Colombia para capturar al presidente Gustavo Petro.
La entrega del nuevo material probatorio responde a un requerimiento de la propia Corte Suprema, que solicitó ampliar la información antes de decidir si abre una investigación formal contra los tres dirigentes políticos.
En declaraciones a RTVC, Sanguino explicó que la denuncia se originó por hechos ocurridos los días 3 y 4 de enero de 2026, cuando, tras la operación militar estadounidense en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro, los entonces congresistas publicaron mensajes en redes sociales en los que pidieron que una acción similar se ejecutara en Colombia contra el jefe de Estado.
«Estos congresistas atacaron al presidente de la República, Gustavo Petro, y solicitaron la intervención de Estados Unidos en Colombia para que aquí ocurriera con el presidente de la República lo mismo que ocurrió con Nicolás Maduro en Venezuela«, afirmó el ministro.
Sanguino sostuvo que esas manifestaciones podrían constituir conductas previstas en el Código Penal colombiano y aseguró que, a su juicio, los hechos podrían configurar delitos relacionados con la traición a la patria. Por esa razón, pidió al alto tribunal, competente para investigar a los congresistas, verificar si existieron actuaciones que comprometan la responsabilidad penal de los denunciados.

El ministro precisó que la denuncia se sustenta en dos posibles delitos: el menoscabo de la integridad nacional y la incitación a la guerra. Explicó que esta última figura jurídica se configura cuando un ciudadano colombiano promueve que un Estado extranjero emprenda acciones militares o de hostilidad contra Colombia o sus instituciones.
Como parte de la ampliación de la denuncia, el ministro entregó a la Corte publicaciones realizadas por los dirigentes políticos en redes sociales, entre ellas videos, mensajes y comentarios que, según sostiene, no solo respaldan los hechos denunciados, sino que evidencian que insistieron posteriormente en solicitar una actuación de Estados Unidos contra el Gobierno colombiano.
El proceso permanece en etapa preliminar y será ahora la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la que evalúe el nuevo material probatorio para determinar si existen fundamentos suficientes para abrir una investigación formal contra Jota Pe Hernández, Lina María Garrido y Miguel Polo Polo por los hechos denunciados.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
CARLOS CASTAñEDA
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