Superintendente de Salud de Colombia, Daniel Quintero, dándole la cara a los usuarios
En una de sus últimas entrevistas antes de dejar la Superintendencia Nacional de Salud, Daniel Quintero hace un balance de su gestión y asegura que encontró un sistema marcado por redes de corrupción, recursos desviados, medicamentos retenidos y entidades que, según afirma, convirtieron la atención de millones de colombianos en un negocio financiero. El exfuncionario sostiene que su administración logró demostrar que la crisis no obedecía únicamente a la falta de presupuesto, sino a un modelo que requiere una transformación estructural.
Hablar con Daniel Quintero sobre el sistema de salud colombiano es recorrer una de las etapas más controversiales de los últimos años. Durante su paso por la Superintendencia Nacional de Salud, asegura haber encontrado un modelo profundamente deteriorado, donde, según sus propias investigaciones, la falta de recursos no era el principal obstáculo para garantizar la atención de millones de colombianos. El problema, sostiene, estaba en la manera como esos recursos eran administrados y, en numerosos casos, desviados.
Su relato comienza en un momento que describe como uno de los más complejos para el sector. La discusión sobre la salud ocupaba el centro del debate nacional. Los reclamos por la falta de medicamentos, las demoras en las autorizaciones médicas y las denuncias de pacientes que no recibían tratamientos oportunamente alimentaban una creciente crisis de confianza. Para el entonces superintendente, existían casos reales que evidenciaban graves fallas del sistema, como la muerte de un menor que no recibió a tiempo un medicamento indispensable para salvar su vida. Sin embargo, sostiene que alrededor de esa realidad también se construyó una narrativa que, a su juicio, ocultaba el verdadero origen de la crisis.
Daniel Quintero el Supersalud de Colombia , dialoga con los periodista de la alianza informativa de la Otra Cara, su director Sixto Alfredo Pinto y Carlos Castañeda , director permanente para Colombia de la Prensa MERCOSUR Internacional
Quintero afirma que llegó a la entidad con una instrucción directa del presidente Gustavo Petro: hacer cumplir la ley, fortalecer las facultades de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia y actuar con total independencia frente a cualquier estructura que estuviera apropiándose de los recursos destinados a la salud de los colombianos.
«Esa fue la orden. Hacer cumplir la ley. Darle dientes a la Superintendencia y llevar ante la justicia a quienes estuvieran robándose los recursos públicos, sin importar si pertenecían a este gobierno o a cualquier otro», recuerda.
A partir de ese momento comenzó una estrategia que, según explica, cambió la forma de ejercer la vigilancia sobre el sistema. Las auditorías dejaron de anunciarse previamente. Equipos técnicos empezaron a visitar de manera sorpresiva EPS, IPS, dispensarios farmacéuticos, secretarías de Salud y demás entidades vigiladas, con el propósito de verificar directamente lo que ocurría con la atención a los usuarios.
Los resultados, asegura, fueron reveladores.
En numerosas inspecciones, los funcionarios encontraban medicamentos disponibles en los dispensarios que minutos antes habían sido negados a los pacientes. La escena, según relata, se repetía una y otra vez. Los ciudadanos llegaban con la fórmula médica y recibían la respuesta de que el tratamiento no estaba disponible. Sin embargo, al verificar físicamente el inventario, el medicamento aparecía almacenado en las bodegas.
Para Quintero, aquello respondía a una estrategia deliberada.
«Lo que encontramos fue un modelo que buscaba desgastar al paciente para que terminara comprando el medicamento con su propio dinero, mientras los recursos públicos ya habían sido girados para garantizar esa entrega.»
Las auditorías también permitieron identificar presuntas malversaciones de recursos públicos, pagos injustificados y una compleja red de instituciones prestadoras de salud que únicamente existían sobre el papel.
Según explica, algunos de los lugares registrados como IPS correspondían realmente a talleres mecánicos, bodegas, establecimientos comerciales o inmuebles donde jamás se había prestado un servicio médico. A pesar de ello, recibían millonarios desembolsos provenientes del sistema de salud.
«Nos encontramos IPS fantasma financiadas con dinero público. Recursos que debían terminar en médicos, hospitales y pacientes estaban siendo desviados hacia estructuras inexistentes.»
Las investigaciones también alcanzaron fondos especiales, entidades territoriales y diferentes operadores del sistema, donde, según sostiene, fueron detectadas presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a la atención de los usuarios.
Lejos de considerar que el problema obedecía únicamente a la insuficiencia presupuestal, Quintero sostiene que Colombia dispone de uno de los mayores presupuestos públicos para salud de la región.
«Cada año se administran alrededor de 113 billones de pesos. La discusión nunca debió ser únicamente si hacía falta más dinero. La verdadera pregunta era qué estaba ocurriendo con esos recursos una vez ingresaban al sistema.»
Desde su perspectiva, la estructura creada tras la Ley 100 permitió que la administración financiera de la salud terminara concentrándose en conglomerados económicos cuyo principal incentivo era maximizar utilidades.
Según afirma, mientras hospitales y clínicas esperaban durante meses el pago de sus servicios, parte de esos recursos permanecían generando rentabilidad financiera o terminaban invertidos en otros activos.
Durante las intervenciones realizadas por la Superintendencia, asegura haber encontrado inversiones relacionadas con clínicas en el exterior, hoteles y otros negocios financiados con recursos que originalmente estaban destinados a garantizar la atención médica de millones de colombianos.
«No era un problema de caja. Era un problema de prioridades.»
Uno de los aspectos que más llamó la atención durante su gestión fue el fortalecimiento de las inspecciones sobre la entrega de medicamentos.
De acuerdo con Quintero, esas acciones permitieron reducir en un 35 por ciento las quejas relacionadas con la entrega de tratamientos farmacológicos y disminuir significativamente los tiempos de respuesta para menores de edad en condición de riesgo vital.
Explica que una de las primeras decisiones consistió en expedir una circular que obligaba a atender a estos pacientes en un plazo máximo de ocho horas. El incumplimiento de ese protocolo implicaba el inicio inmediato de investigaciones penales, fiscales y disciplinarias.
Al mismo tiempo, la Superintendencia implementó un sistema permanente de seguimiento para niños con enfermedades huérfanas, patologías oncológicas, enfermedades raras, trasplantes y otras condiciones de alta complejidad.
Cada caso comenzó a ser monitoreado directamente mediante contacto con los padres de familia para verificar si estaban recibiendo medicamentos, tratamientos y controles médicos.
«Pasamos de reaccionar cuando ya existía una tragedia a tratar de prevenir que esa tragedia ocurriera.»
Esa decisión, reconoce, estuvo profundamente influenciada por una experiencia personal.
Años atrás, su hija fue diagnosticada con una enfermedad hepática que hizo necesario un trasplante cuando apenas tenía unos meses de nacida.
Como padre, afirma haber experimentado la incertidumbre de depender de una autorización médica, de un medicamento oportuno y del trabajo de intensivistas, anestesiólogos y especialistas que finalmente lograron salvar la vida de la menor.
«Esa experiencia transforma completamente la manera de entender el sistema. Cada vez que encontraba un niño esperando un medicamento, era imposible no pensar en mi propia hija.»
Su experiencia previa como alcalde de Medellín también marcó su visión sobre el sistema sanitario.
Recuerda que durante la pandemia del covid 19 enfrentó fuertes diferencias con algunos actores del sistema cuando decidió ampliar la capacidad hospitalaria de la ciudad.
Según relata, varias EPS consideraban innecesario aumentar el número de camas de cuidados intensivos debido al alto costo económico que representaban.
Pese a esas diferencias, Medellín pasó de cerca de 600 camas UCI a más de mil durante la emergencia sanitaria.
«Cada cama significaba una oportunidad de salvar una vida.»
Otro de los hallazgos que considera más graves apareció durante las auditorías realizadas sobre las historias clínicas.
Según explica, fueron identificados procedimientos médicos registrados a nombre de pacientes que jamás habían sido practicados.
Uno de los ejemplos más llamativos correspondía a mujeres reportadas en el sistema como si hubieran sido sometidas a cirugías de pene, una irregularidad que, según afirma, evidenciaba la existencia de facturación fraudulenta.
Para Quintero, la puesta en marcha de la historia clínica electrónica representa uno de los avances tecnológicos más importantes para combatir ese tipo de prácticas, ya que permitirá a los ciudadanos verificar directamente los procedimientos registrados a su nombre y facilitará el intercambio de información entre hospitales de todo el país.
Aunque reconoce que no alcanzó a desarrollar la modernización tecnológica de la Superintendencia, asegura haber dejado estructurado un proyecto basado en inteligencia artificial, analítica de datos y modelos predictivos para fortalecer la capacidad de vigilancia del Estado.
De cara al futuro, lanza una advertencia sobre el rumbo que podría tomar el sistema de salud.
Considera que la eventual liquidación de la Nueva EPS representaría un enorme riesgo para hospitales, clínicas y millones de usuarios, al tratarse de una entidad respaldada por la Nación en el pago de sus obligaciones.
Sin embargo, insiste en que el debate de fondo no puede limitarse a una sola entidad.
«Lo realmente importante es definir si Colombia quiere seguir administrando la salud desde la lógica financiera o si decide colocar definitivamente al paciente en el centro del sistema.»
Quintero asegura que su principal legado no se resume en las cifras de auditorías realizadas, las sanciones impuestas o la reducción de las quejas.
Su mayor satisfacción, dice, es haber demostrado que muchas de las tragedias que durante años parecían inevitables podían prevenirse cuando el Estado ejerce una vigilancia efectiva, actúa con decisión y hace cumplir la ley.
«Si algo quedó demostrado durante nuestra gestión es que el problema estructural de la salud no era únicamente conseguir más recursos. El verdadero desafío consistía en garantizar que cada peso llegara realmente a donde debía llegar: al paciente colombiano.»
ACERCA DEL CORRESPONSAL
CARLOS CASTAñEDA
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