Uruguay: la estafa ganadera que dejó un agujero de US$272 millones y expuso las fallas de un modelo que durante años operó fuera del control financiero

El derrumbe de Conexión Ganadera terminó de revelar una de las mayores crisis financieras de la historia reciente de Uruguay: un esquema que captó durante años los ahorros de miles de personas bajo la promesa de rentabilidades fijas vinculadas al negocio ganadero y que, según las cifras confirmadas por la Justicia, terminó con un pasivo de US$387 millones frente a activos por apenas US$115 millones. La diferencia, de US$272 millones, no representa solamente el fracaso de una empresa. El caso abrió interrogantes sobre cómo funcionó durante años un modelo de captación de ahorro que no estaba sometido a la supervisión ordinaria del Banco Central del Uruguay, pese a que desde 2018 existían actuaciones e informes jurídicos que habían puesto la actividad bajo observación.

La dimensión del problema quedó mucho más clara después de que la sindicatura presentara las cifras definitivas del concurso. La relación entre activos y pasivos alcanza apenas el 29,8%, lo que significa que los bienes identificados representan menos de un tercio de las obligaciones reconocidas. El síndico Alfredo Ciavattone advirtió que, con los recursos disponibles, ni siquiera sería posible devolver íntegramente el capital originalmente aportado por los inversores.

El mecanismo que atrajo a los ahorristas parecía sencillo. Las empresas recibían dinero de particulares, compraban o administraban ganado y ofrecían una renta fija que podía alcanzar el 7% anual o incluso más, según el tipo de contrato. La promesa tenía una ventaja psicológica evidente: el inversor no necesitaba ser productor rural, tener un establecimiento ni conocer el mercado ganadero para participar de un negocio tradicionalmente asociado en Uruguay con patrimonio, tierra y seguridad.

Pero había una contradicción estructural que ahora resulta mucho más evidente. La ganadería es una actividad sometida a precios, clima, sanidad, costos, disponibilidad de pasturas y condiciones internacionales; ofrecer una renta fija independientemente de esas variables requería que existiera detrás del contrato una estructura financiera capaz de sostener la promesa. Cuando esa generación real de recursos no apareció en magnitud suficiente, el sistema comenzó a depender cada vez más del dinero que ingresaba posteriormente.

Ese mecanismo es precisamente el que llevó a la Justicia y a la sindicatura a hablar de un funcionamiento compatible con un esquema Ponzi. El síndico sostuvo que las ganancias cobradas por los primeros inversores provenían de aportes posteriores y que los rendimientos prometidos no tenían correspondencia con una rentabilidad ganadera real.

La consecuencia es particularmente grave porque modifica la naturaleza del supuesto negocio. El inversor creía que su dinero estaba respaldado por ganado y producción agropecuaria. Sin embargo, la investigación concursal encontró que al momento de declararse el concurso no existían cabezas de ganado ni animales registrados en Dicose a nombre de Conexión Ganadera ni de Hernandarias XIII, uno de sus principales tomadores de ganado, según el peritaje difundido en Uruguay.

El problema no terminó allí. Entre las cuentas por cobrar aparecen importantes sumas vinculadas a empresas y personas relacionadas con la estructura del negocio. Algunas de esas acreencias están siendo investigadas por la Fiscalía especializada en Lavado de Activos, que intenta determinar si existieron desvíos de fondos y cuál fue el destino del dinero captado de los inversores.

Uno de los datos más llamativos surgió durante la investigación sobre Don Coraje, una empresa vinculada a Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso. Según información publicada en Uruguay, esa compañía tenía contratos por unos US$6,5 millones destinados al engorde de alrededor de 28.000 animales, pero los controles realizados por el Ministerio de Ganadería encontraron solamente nueve vacas en el establecimiento señalado. El dato es objeto de investigación judicial y no constituye por sí mismo una condena contra los involucrados.

La investigación también alcanzó otras operaciones realizadas antes y después de la muerte de Basso. El fiscal Enrique Rodríguez interrogó a empresarios que habían mantenido relaciones comerciales con él y examinó transferencias de dinero, sociedades, propiedades y operaciones ganaderas para determinar si existieron movimientos destinados a ocultar o desviar recursos.

La caída del sistema comenzó a hacerse visible entre 2024 y 2025, cuando varios fondos dedicados a captar inversiones para negocios ganaderos empezaron a mostrar problemas de liquidez. Primero aparecieron las dificultades de Grupo Larrarte y República Ganadera; después llegó el derrumbe de Conexión Ganadera, que era el actor de mayor tamaño del sector. En conjunto, la crisis alcanzó a miles de inversores y provocó un cuestionamiento general sobre este tipo de instrumentos.

El caso de Conexión Ganadera adquirió además una dimensión dramática con la muerte de Gustavo Basso, uno de sus directores. Inicialmente fue presentada como un accidente de tránsito ocurrido en noviembre de 2024. Posteriormente, dentro de la investigación, se estableció que se trató de un suicidio. Su muerte ocurrió antes de que se conociera públicamente la magnitud del agujero financiero de la compañía.

Su socio, Pablo Carrasco, y la esposa de este, Ana Iewdiukow, fueron imputados por delitos relacionados con la estafa y, en el caso de Carrasco, también por lavado de activos. Daniela Cabral, viuda de Basso, fue imputada por estafa y cumple prisión domiciliaria. Estas personas mantienen su condición de imputadas y la responsabilidad penal definitiva deberá determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.

Pero el caso plantea una pregunta que va más allá de las responsabilidades individuales: ¿cómo pudo crecer durante años un negocio que captaba grandes cantidades de ahorro privado sin quedar sometido a una supervisión financiera equivalente a la de otros instrumentos de inversión?

Aquí aparece el papel del Banco Central del Uruguay.

En febrero de 2025, la Superintendencia de Servicios Financieros respondió a un pedido de acceso a la información y confirmó oficialmente que Conexión Ganadera no estaba registrada ni supervisada por el Banco Central. La resolución también indicó que desde 2018 se habían realizado distintas actuaciones sobre la empresa.

El Banco Central había publicado además en 2022 una advertencia general señalando que las empresas que ofrecían este tipo de inversiones ganaderas no estaban bajo su supervisión. Es decir, formalmente existía una advertencia pública antes del colapso, aunque la discusión posterior se concentró en si las herramientas disponibles eran suficientes y si el organismo debió interpretar de otra manera determinadas características de la actividad.

Y aquí aparece uno de los elementos más delicados de toda la historia.

Investigaciones periodísticas posteriores revelaron que desde 2018 existían informes jurídicos internos del propio Banco Central que analizaban si empresas como Conexión Ganadera podían estar realizando actividades sujetas a regulación financiera. En 2018 la institución había visitado la empresa después de detectar, entre otros elementos, la existencia de una tasa de retorno de la inversión y su promoción en internet.

La cuestión volvió a ser analizada en 2021. En esa oportunidad se preguntó específicamente si la actividad podía quedar comprendida dentro de una figura sometida a regulación y si la promoción mediante el sitio web, radios y cartelería podía constituir un llamamiento general e impersonal al ahorro. El propio expediente señalaba que faltaban elementos para conocer completamente cómo funcionaba el modelo en la práctica, incluyendo contratos efectivos, movimientos contables y documentación vinculada al ganado.

La diferencia entre advertir y controlar resulta fundamental.

El Banco Central podía sostener que aquellas empresas estaban fuera de su perímetro legal, mientras que desde el punto de vista de un ahorrista común la situación podía resultar completamente distinta: una compañía recibía su dinero, prometía una rentabilidad y administraba la inversión en su nombre.

Para el inversor, la operación tenía características financieras; para el marco jurídico vigente, podía ser considerada una operación productiva que quedaba fuera del perímetro del regulador. Esa zona gris terminó convirtiéndose en uno de los principales problemas de la crisis.

La propia autoridad monetaria reconoció posteriormente la necesidad de modificar esa situación. En 2025 elaboró un proyecto para ampliar el perímetro regulatorio y permitir que determinadas actividades de captación masiva de recursos fueran sometidas a control aunque no emitieran valores negociables.

La reforma propuesta busca precisamente atacar el vacío que quedó expuesto por la crisis. El criterio planteado es que una empresa que convoque públicamente a invertir dinero y prometa una rentabilidad futura gestionada por un tercero pueda quedar bajo determinadas exigencias regulatorias, incluso si formalmente estructura la operación mediante contratos privados y no mediante títulos de oferta pública.

Eso plantea una cuestión de fondo para Uruguay: el problema no era solamente que una empresa hubiera cometido presuntamente una estafa, sino que el diseño institucional permitió que una actividad con características de captación financiera se desarrollara durante años en una zona donde la supervisión era limitada.

La controversia llegó incluso a la Bolsa de Valores de Montevideo. Su presidente, Ángel Urraburu, sostuvo durante la crisis que había sido como si “un elefante” hubiera pasado delante de las autoridades sin que se generaran los mecanismos legales necesarios para que el Banco Central pudiera intervenir. La comparación muestra hasta qué punto el sector financiero consideró que la dimensión de la actividad ya era visible antes del colapso.

No se trata, sin embargo, de afirmar que el Banco Central haya participado en la maniobra o que tuviera conocimiento de un fraude específico. La evidencia disponible permite afirmar que existieron actuaciones, advertencias y discusiones regulatorias; no permite convertir automáticamente esas actuaciones en prueba de complicidad o responsabilidad penal de funcionarios. La eventual responsabilidad institucional es un asunto diferente y requiere un análisis jurídico y administrativo propio.

También existe una diferencia entre una falla de supervisión y una falla de legislación. Si el organismo carecía de facultades suficientes para intervenir sobre determinados contratos privados, una actuación más agresiva podía haber sido jurídicamente cuestionable. Si, por el contrario, la actividad ya reunía características que la colocaban dentro del perímetro regulatorio, entonces la discusión cambia completamente.

Precisamente por eso la reforma propuesta por el Banco Central adquiere tanta importancia. El regulador intenta cerrar después del desastre una brecha normativa que durante años permitió que el ahorro del público ingresara a estructuras que no tenían las mismas obligaciones de transparencia y control que otros instrumentos financieros.

La magnitud de las pérdidas hace que esa discusión sea todavía más urgente.

La Justicia confirmó un pasivo de US$387 millones y activos por US$115 millones. Pero incluso esos US$115 millones no deben interpretarse como dinero disponible para repartir inmediatamente entre los damnificados. Una parte importante corresponde a cuentas por cobrar cuya recuperación es incierta.

En junio de 2026, aproximadamente 4.000 damnificados alcanzaron un acuerdo para distribuir unos US$35 millones provenientes de la venta del ganado existente. El acuerdo requería una mayoría determinada de acreedores y posteriormente debía avanzar por el procedimiento judicial correspondiente.

La cifra ilustra la dimensión del problema: aun cuando los afectados puedan recuperar una parte de los activos identificados, la diferencia respecto del dinero reclamado continúa siendo enorme.

Y esa diferencia afecta especialmente a los pequeños ahorristas. Algunos inversores habían colocado cantidades relativamente pequeñas en comparación con los grandes capitales involucrados, pero para una familia común una pérdida de decenas o cientos de miles de dólares puede representar la desaparición de los ahorros acumulados durante décadas.

El atractivo original del sistema ayuda a explicar por qué tanta gente confió.

Uruguay tiene una cultura histórica de ahorro y una fuerte relación económica y cultural con la actividad ganadera. Para un ciudadano que no participa directamente de la producción rural, invertir en ganado podía parecer una forma de acceder a una actividad considerada tangible: había animales, campos y una economía productiva detrás.

Además, las empresas no eran desconocidas. Conexión Ganadera llevaba alrededor de 25 años de actividad y sus principales responsables gozaban de reconocimiento dentro del sector. Esa reputación funcionó como un mecanismo de confianza mucho más poderoso que cualquier folleto financiero.

Ese elemento es fundamental para comprender por qué el sistema pudo crecer.

Las estafas financieras no dependen exclusivamente de promesas extraordinarias. También pueden apoyarse en reputación, relaciones personales, referencias empresariales y una apariencia de actividad real. En el caso uruguayo, la existencia de ganado y de operaciones rurales ayudaba a construir una imagen de negocio productivo.

El problema era que la rentabilidad fija debía ser explicada por una actividad cuyo resultado es, por naturaleza, variable.

La comparación con el caso brasileño de Fazendas Reunidas Boi Gordo permite observar una similitud histórica, aunque no significa que ambos casos sean jurídicamente idénticos. En Brasil, la Boi Gordo captó dinero de miles de inversores bajo contratos relacionados con la engorda de ganado y terminó protagonizando una de las mayores pirámides financieras del país. La empresa colapsó a comienzos de la década de 2000 y dejó un largo proceso concursal que continúa generando reclamos.

La diferencia tecnológica y regulatoria entre ambos momentos es enorme, pero el patrón económico merece atención: captar dinero de inversores, presentar la actividad ganadera como respaldo tangible y ofrecer una rentabilidad que puede superar lo razonable para una actividad de riesgo variable.

En Brasil, el modelo Boi Gordo terminó mostrando que el ganado podía funcionar como una poderosa narrativa de legitimidad mientras el verdadero flujo financiero dependía de nuevos aportantes. En Uruguay, la investigación de Conexión Ganadera está examinando precisamente si ocurrió una dinámica comparable.

No significa que cada fondo ganadero sea una estafa. La actividad de inversión vinculada al ganado puede ser legítima y existen estructuras productivas reales. El problema aparece cuando la rentabilidad prometida no guarda relación con el riesgo económico real y cuando el inversor carece de información suficiente para verificar dónde está su dinero.

Ese es probablemente uno de los principales aprendizajes de la crisis uruguaya.

El segundo aprendizaje tiene que ver con la supervisión. Un sistema financiero moderno no puede depender únicamente de que una empresa se presente formalmente como productora agropecuaria si en la práctica está convocando a miles de personas a entregar sus ahorros a cambio de una rentabilidad.

La forma jurídica del contrato no debería ser suficiente para determinar el nivel de protección del inversor. También importa la realidad económica de la operación.

El tercer aprendizaje afecta directamente a los ahorristas. La promesa de una renta fija en una actividad esencialmente variable debería ser una señal para analizar cuidadosamente el contrato, la estructura patrimonial, quién custodia los activos, cómo se verifica la existencia del ganado y qué organismo supervisa la operación.

La crisis demostró que una inversión puede parecer tangible y aun así presentar riesgos financieros difíciles de observar desde afuera.

Ahora Uruguay enfrenta el desafío de reconstruir la confianza. Miles de personas perdieron dinero, varias empresas del sector quedaron bajo investigación y el Banco Central trabaja en una reforma que busca evitar que una operación de captación masiva pueda esconderse detrás de un contrato productivo.

Pero hay algo que ninguna reforma puede recuperar: la confianza perdida de quienes creyeron que sus ahorros estaban respaldados por un negocio ganadero real.

El caso también deja una pregunta que seguirá abierta mientras avance la investigación penal: cuánto dinero terminó realmente en ganado, cuánto fue utilizado para pagar obligaciones anteriores, cuánto se destinó a otros negocios y cuánto pudo haber sido transferido a estructuras vinculadas con los responsables.

Las respuestas dependerán de peritajes, documentación contable, registros de ganado, movimientos bancarios y cooperación internacional. La Fiscalía de Lavado de Activos ya ha extendido sus indagaciones a empresas y personas relacionadas con la estructura del grupo.

El silencio al que alude el título original de la investigación debe entenderse, por tanto, con cautela. No existe evidencia suficiente para afirmar que toda la plaza financiera uruguaya conocía el fraude y decidió callar. Sí existen elementos para sostener que el modelo era conocido, que había empresas que ofrecían productos similares, que el Banco Central había intervenido en consultas desde 2018 y que distintos actores del mercado discutían desde hacía años si esas actividades debían quedar sometidas a regulación.

Ese matiz es importante porque evita convertir una investigación compleja en una acusación colectiva.

Lo que sí está documentado es que, después del colapso, el Estado uruguayo reconoció la necesidad de ampliar las herramientas regulatorias. El Banco Central propuso modificar la normativa precisamente para incluir operaciones que antes podían quedar fuera de su perímetro.

La reforma llega después de que miles de personas hayan perdido buena parte de sus ahorros. Esa secuencia —primero el colapso, después la reforma— será inevitablemente uno de los puntos que la sociedad uruguaya deberá discutir.

Porque el verdadero interrogante no es solamente cómo terminó Conexión Ganadera.

Es por qué un modelo capaz de captar cientos de millones de dólares durante tantos años pudo crecer hasta alcanzar esa dimensión antes de que el sistema financiero, los organismos públicos y los propios participantes del mercado consiguieran detenerlo.

La respuesta probablemente no estará en una sola persona ni en una sola institución. El expediente apunta a una combinación de confianza, reputación, contratos privados, falta de transparencia, rentabilidades difíciles de justificar, crecimiento del mercado, zonas grises regulatorias y controles que no lograron anticipar el colapso.

Conexión Ganadera dejó de ser únicamente un caso policial o empresarial. Se convirtió en una prueba para el sistema financiero uruguayo y en un precedente que puede determinar cómo se protegerá el ahorro privado en el futuro. La reforma regulatoria propuesta por el Banco Central, la investigación penal y el proceso concursal deberán avanzar en paralelo. Mientras tanto, los números ya ofrecen una conclusión contundente: frente a US$387 millones de obligaciones reconocidas existen apenas US$115 millones en activos, y una parte de esos activos todavía debe ser recuperada.

El caso Boi Gordo, ocurrido en Brasil décadas atrás, demuestra que la combinación entre ganado, rentabilidad garantizada y confianza puede convertirse en una poderosa herramienta para captar ahorro, pero también puede ocultar una estructura financiera insostenible. Uruguay tiene ahora la oportunidad —aunque sea después de una pérdida gigantesca— de aprender de ambos episodios y establecer una regla mucho más clara: cuando una empresa recibe dinero del público y promete una rentabilidad gestionada por terceros, el inversor necesita información, trazabilidad y supervisión proporcionales al riesgo, independientemente del nombre que figure en el contrato.

La ganadería puede ser un negocio productivo legítimo. Lo que no puede confundirse con producción es la promesa de una rentabilidad fija sin respaldo económico verificable. Esa es, probablemente, la lección más importante que deja la mayor estafa ganadera de Uruguay.