Rectores alertan por eventuales recortes a la educación superior en el Presupuesto 2027

A pocas semanas de la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, las universidades agrupadas en el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) mantienen su preocupación ante la posibilidad de una reducción de los recursos destinados a la educación superior, en medio del escenario de estrechez fiscal reconocido por el Gobierno.

El tema estará entre las principales materias de la sesión virtual que el Cruch realizará este jueves. El organismo reúne a las 18 universidades estatales y a 12 instituciones privadas tradicionales, cuyos rectores han planteado inquietudes respecto de las señales entregadas hasta ahora por el Ejecutivo.

La preocupación aumentó después de que la ministra de Educación, María Paz Arzola, reiterara que las prioridades de su cartera estarán concentradas en los aprendizajes, la educación parvularia y los primeros años de enseñanza básica. La secretaria de Estado ha señalado, sin embargo, que el Ministerio de Educación contará con recursos suficientes para desarrollar sus prioridades.

Las autoridades universitarias todavía no conocen la propuesta presupuestaria definitiva del Ejecutivo. No obstante, en conversaciones entre rectores se han mencionado eventuales disminuciones reales de recursos para el subsector de educación superior que podrían llegar al 10% e incluso al 15%, según las estimaciones más pesimistas citadas en el documento. Esas cifras corresponden a antecedentes preliminares y no a recortes anunciados oficialmente por el Gobierno.

Las diferencias por el financiamiento universitario comenzaron a manifestarse durante los primeros meses de la administración. En su primera presentación ante el Cruch, el 26 de marzo, Arzola expuso un escenario de restricciones presupuestarias y déficits en programas relevantes que obligaban a establecer prioridades y reasignar recursos.

En esa oportunidad, la ministra también planteó la alta dependencia que mantienen las universidades respecto del financiamiento estatal y anticipó que fortalecer los recursos destinados a la educación superior no estaría entre las principales prioridades de la cartera.

Las discrepancias continuaron posteriormente, cuando el Cruch calificó como “inviable” la aplicación de los ajustes presupuestarios que el Gobierno buscaba realizar durante 2026.

En reuniones posteriores, la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, transmitió a los rectores el compromiso de resguardar los recursos que sustentan el financiamiento del sector. También señaló que una mayor eficiencia en la asignación de becas y beneficios estudiantiles había permitido generar ahorros fiscales.

Pese a esas explicaciones, los rectores mantienen sus aprensiones. El vicepresidente ejecutivo del Cruch y rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, señaló que los trascendidos sobre posibles recortes han provocado inquietud dentro de las comunidades universitarias.

Corrales sostuvo que, a juicio del Consejo, existe poco margen para realizar reducciones presupuestarias sin afectar las funciones que cumplen las instituciones. Entre las áreas que podrían resentirse mencionó la investigación, la vinculación con el medio, los planes de desarrollo institucional y determinados beneficios estudiantiles.

La preocupación también alcanza a las universidades privadas tradicionales agrupadas en la Red G9. Su presidente y rector de la Pontificia Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, advirtió que las instituciones dependen de las definiciones presupuestarias para proyectar sus ingresos, especialmente por recursos como los fondos basales y el financiamiento asociado a la gratuidad.

De la Llera reconoció que el país enfrenta un escenario fiscal complejo, pero manifestó preocupación por la posibilidad de que las restricciones terminen provocando un estancamiento del sistema universitario. Según explicó, una disminución de los recursos puede repercutir simultáneamente en formación, investigación, gestión, contratación de personal y beneficios para los estudiantes.

El rector de la Universidad de Santiago, Pedro Palominos, coincidió en que las universidades estatales deben considerar las restricciones de las cuentas públicas, aunque planteó que la responsabilidad fiscal también exige diferenciar entre gastos prescindibles e inversiones estratégicas.

Palominos advirtió que un presupuesto más restrictivo podría comprometer proyectos de investigación, renovación de infraestructura y equipamiento, formación y retención de especialistas, innovación, transferencia tecnológica y mecanismos de apoyo estudiantil.

El rector de la Universidad de Talca, Arcadio Cerda, puso énfasis en el impacto que eventuales reducciones podrían tener sobre las instituciones regionales. A su juicio, los ajustes afectarían el desarrollo de proyectos y podrían derivar en cambios estructurales con consecuencias sobre el empleo, los servicios universitarios y los beneficios entregados a estudiantes y comunidades.

Cerda planteó además que la discusión presupuestaria debería considerar las condiciones regulatorias bajo las cuales funcionan las universidades estatales. Según sostuvo, modificaciones en ese ámbito podrían permitir importantes ahorros sin necesariamente disminuir los recursos destinados a sus funciones.

La rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), Solange Tenorio, expresó una posición similar. Señaló que las universidades estatales han planteado a la Dirección de Presupuestos alternativas que no requieren financiamiento adicional, entre ellas revisar el marco regulatorio y las condiciones para utilizar determinados instrumentos financieros.

En las conversaciones entre el Ejecutivo y los rectores también se ha abordado la estructura del financiamiento y la asignación de beneficios estudiantiles. Según los antecedentes disponibles, este último componente podría concentrar parte de los ajustes mediante una revisión de los criterios de asignación.

Frente a ese escenario, las universidades han solicitado proteger especialmente los fondos basales mediante un criterio de “no detrimento”, con el objetivo de evitar reducciones que puedan afectar sus operaciones permanentes.

La discusión se produce mientras el Gobierno termina de elaborar su primera propuesta presupuestaria completa para 2027. Hasta que el proyecto sea presentado formalmente, las magnitudes de eventuales ajustes para la educación superior permanecen sin confirmación, aunque las universidades ya anticipan que la defensa del financiamiento basal será uno de los principales puntos del debate. (NP-ChatGPT-La Tercera)