Universidades: la Justicia volvió a intimar al Gobierno y le dio cinco días para cumplir con la ley de financiamiento

La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó este martes un nuevo capítulo judicial. El juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a cumplir, en un plazo de cinco días, con las obligaciones establecidas por la Ley de Financiamiento Universitario vinculadas a la recomposición salarial del personal docente y no docente y a la actualización de las becas estudiantiles.

La resolución llegó luego de que el magistrado analizara la documentación presentada por el Ministerio de Capital Humano y concluyera que no resulta suficiente para demostrar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar que se encuentra vigente y firme desde junio, cuando la Corte Suprema rechazó el último intento de apelación del Gobierno.

En su decisión, Cormick advirtió que, si el Estado persiste en el incumplimiento, podrá aplicar sanciones económicas diarias hasta que la orden judicial sea acatada. Según los sectores universitarios, la recomposición salarial pendiente ronda el 31% y la cautelar exige una actualización que permita recuperar el poder adquisitivo perdido por docentes y trabajadores no docentes.

La controversia se remonta a la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario en 2025. Aunque el presidente Javier Milei vetó inicialmente la norma, el Congreso insistió con su aprobación mediante las mayorías agravadas previstas por la Constitución, dejando firme su vigencia. Sin embargo, el Ejecutivo sostuvo posteriormente que la ley carecía de financiamiento específico para su implementación, lo que derivó en una extensa batalla judicial impulsada por las universidades agrupadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

En diciembre pasado, Cormick había ordenado de manera cautelar la aplicación inmediata de los artículos referidos a salarios y becas. Desde entonces, el Gobierno argumentó que diversos acuerdos paritarios alcanzados con una parte de los gremios constituían un cumplimiento parcial de la norma y pidió levantar la cautelar, planteo que fue rechazado por la Justicia.

Durante las últimas semanas, las universidades nacionales reclamaron que se avanzara en la ejecución efectiva de esa resolución. El fallo conocido este martes responde precisamente a esos pedidos y obliga al Ejecutivo a informar y demostrar el cumplimiento integral de los incrementos ordenados.

La decisión fue celebrada por autoridades universitarias. El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, consideró que se trata de una noticia relevante para el sistema universitario y expresó su expectativa de que el Gobierno respete los plazos fijados por la Justicia. Asimismo, ratificó que las universidades continuarán reclamando la aplicación plena de la ley.

También hubo repercusiones políticas. El diputado nacional Esteban Paulón recordó que había impulsado denuncias judiciales para exigir el cumplimiento de la norma y sostuvo que el fallo aporta “racionalidad” a una discusión atravesada por fuertes tensiones entre el Gobierno y el sector educativo. En la misma línea, el diputado del Frente Renovador Diego Giuliano, vinculó la resolución con los reiterados reclamos salariales que vienen protagonizando docentes y trabajadores universitarios.

El conflicto, lejos de cerrarse, también se proyecta sobre el debate presupuestario. Mientras las universidades reclaman recursos acordes a las necesidades de funcionamiento y salarios para 2027, el proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo abrió una nueva discusión sobre el nivel de financiamiento que tendrán las casas de estudio en los próximos años.