Preocupación por los desalojos en Diputados durante el debate sobre la inviolabilidad de la propiedad privada

La Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados continuó este miércoles el tratamiento del proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada con una reunión informativa en la que participaron representantes de organizaciones sociales, asociaciones civiles e instituciones vinculadas a la problemática habitacional. Durante las exposiciones, los invitados manifestaron su preocupación por los efectos que la iniciativa podría tener sobre inquilinos, ocupantes con posesión legítima y otros sectores vulnerables.

La reunión fue presidida por el diputado de UP Itai Hagman, quien convocó a especialistas y referentes sociales para analizar el impacto de la propuesta legislativa en materia de desalojos y acceso a la vivienda.

Uno de los primeros expositores fue Leonel Bazán, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien cuestionó el enfoque del proyecto al considerar que no contempla estándares internacionales de derechos humanos ni recomendaciones efectuadas al Estado argentino por organismos especializados. Según advirtió, la iniciativa establece mecanismos uniformes para situaciones muy diferentes, lo que podría derivar en una mayor vulneración de derechos y un incremento de los conflictos sociales.

En la misma línea, Sebastián Artola, integrante de Inquilinos Agrupados de Rosario, expresó preocupación por las consecuencias que tendría la eventual aprobación de la norma en los grandes centros urbanos. A su juicio, la propuesta podría agravar las dificultades que atraviesan numerosas familias para acceder y sostener una vivienda.

También desde el sector de los inquilinos, Karina Chiappa, vicepresidenta de la Asociación Platense de Inquilinos, cuestionó que el proyecto equipare situaciones vinculadas al alquiler con casos de usurpación. Según señaló, ello implicaría un retroceso en materia de protección de derechos para quienes habitan inmuebles bajo distintas modalidades de tenencia.

Por su parte, el abogado especializado en desalojos Juan Francisco Venturino sostuvo que la problemática excede el plano jurídico y debe analizarse desde una perspectiva más amplia. En ese sentido, remarcó que el déficit habitacional continúa siendo uno de los principales desafíos estructurales que enfrenta el país.

Durante el encuentro también se debatió sobre la situación de las personas que poseen inmuebles sin contar con un título formal de propiedad. Franco Carballo, integrante de la Asociación de Derecho Urbano Argentina (ADUA), consideró que la discusión representa una oportunidad para revisar y actualizar los mecanismos de regularización dominial existentes. A su entender, resulta necesario perfeccionar las herramientas que permitan transformar situaciones de posesión prolongada en títulos de propiedad definitivos.

Una posición similar expresó la abogada Selene Posteraro Sánchez, quien cuestionó los cambios propuestos sobre la Ley 24.374 de regularización dominial. Según argumentó, elevar los plazos de posesión exigidos podría dejar sin protección a numerosos ocupantes de viviendas urbanas y familias agricultoras que adquirieron inmuebles de buena fe y esperan acceder a la titularidad formal.

Además de los expositores principales, participaron representantes de distintas organizaciones vinculadas al derecho a la vivienda, colectivos barriales, entidades de consumidores, agrupaciones de inquilinos y asociaciones de personas afectadas por situaciones de endeudamiento habitacional.

Las exposiciones formaron parte de la ronda de consultas impulsada por la comisión antes de avanzar en el tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa que genera fuertes debates entre quienes consideran necesario reforzar las garantías sobre la propiedad y quienes advierten sobre sus posibles consecuencias sociales en un contexto marcado por el déficit habitacional y las dificultades de acceso a la vivienda.