Proyecto Vicuña: cuestionan los posibles impactos de la iniciativa minera sobre glaciares y recursos hídricos en San Juan

El proyecto Vicuña, integrado por los yacimientos de cobre, oro y plata José María y Filo del Sol, avanza en la Cordillera de San Juan, junto al límite con Chile.

La iniciativa, controlada por BHP y Lundin Mining, fue incorporada al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo. La inversión aprobada asciende a US$9.737 millones.

Sin embargo, su desarrollo genera cuestionamientos ambientales debido a la ubicación de parte de la infraestructura proyectada en un área donde existen ambientes glaciares y periglaciares.

Entre los puntos de mayor controversia aparece el glaciar de escombros GE110. Organizaciones ambientales sostienen que este reservorio de agua dulce podría quedar expuesto a impactos derivados de las obras mineras.

Agua, energía y ecosistemas bajo presión

De acuerdo con informes citados por organizaciones ambientales, las tareas exploratorias y la apertura de caminos ya produjeron intervenciones en sectores cercanos al GE110 y su ambiente periglaciar.

Además, la minería metalífera de gran escala requiere importantes volúmenes de agua, por lo que existe preocupación por sus posibles efectos sobre acuíferos y cuencas vinculadas con el río Jáchal.

A la vez, el proyecto tendrá una demanda energética creciente. Documentación oficial señala que el requerimiento podría comenzar alrededor de 260 MW y alcanzar aproximadamente 700 MW en etapas posteriores.

Frente a estas preocupaciones, Vicuña sostiene que desarrolla programas de monitoreo sobre agua, criósfera, biodiversidad, residuos y clima, además de sistemas destinados a mejorar la gestión hídrica.

Un acuerdo provincial que genera controversias

El 5 de agosto de 2026, Vicuña y el Gobierno de San Juan firmaron un acta de compromiso vinculada con la Declaración de Impacto Ambiental. El acuerdo fue aprobado posteriormente por la Legislatura provincial con 27 votos a favor y 9 en contra.

Entre sus disposiciones figura la estabilización de las regalías provinciales en el 3% durante la vida útil del proyecto y un pago anticipado de US$250 millones destinado a infraestructura mediante un fideicomiso.

Asimismo, el convenio contempla una contribución adicional equivalente al 1,5% de las ventas brutas, que comenzaría durante el sexto año de operaciones.

¿Qué daños ambientales podría ocasionar el proyecto?

El principal riesgo señalado por sus críticos está relacionado con la alteración de ambientes glaciares y periglaciares, considerados estratégicos para la regulación y almacenamiento de agua en los Andes. Además, una explotación minera de estas dimensiones puede generar modificaciones del relieve, pérdida de cobertura natural, fragmentación de hábitats, generación de residuos y presión sobre fuentes hídricas.

Por otra parte, el consumo energético y la construcción de caminos, instalaciones y obras auxiliares pueden ampliar la huella territorial del emprendimiento. Por eso, especialistas y organizaciones ambientales reclaman controles independientes y monitoreos permanentes.

En contrapartida, la compañía informa que mantiene programas de seguimiento de agua, biodiversidad y criósfera y que proyecta sistemas de gestión ambiental para acompañar el desarrollo del emprendimiento.

El desafío, en consecuencia, será determinar si las medidas de prevención y control resultan suficientes para proteger los ecosistemas cordilleranos y las reservas hídricas frente a una actividad extractiva de escala inédita.