
El diputado nacional del Frente Renovador Ramiro Gutiérrez presentó un proyecto de ley para incorporar al Código Penal los delitos de tráfico y desvío ilícito de armas de fuego, municiones y otros materiales sometidos a regímenes especiales de autorización, registro o control. La propuesta busca cubrir lo que considera un vacío en la legislación vigente, ya que actualmente existen figuras penales vinculadas con la tenencia, portación, fabricación o provisión ilegal de armas, pero no una tipificación específica para el tráfico ilícito y el desvío deliberado desde los circuitos legales.
Según explicó el legislador, la ausencia de una figura autónoma dificulta las tareas de prevención e investigación. En ese sentido, recordó que la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego (UFIARM) ha advertido sobre las limitaciones que genera la falta de una tipificación expresa del tráfico de armas.
La iniciativa crea un delito autónomo de tráfico ilícito, entendido como toda acción destinada a incorporar armas, componentes, piezas, municiones y materiales especialmente controlados a circuitos ilegales de producción, comercialización, distribución o abastecimiento. La pena prevista para la figura básica va de cinco a doce años de prisión, mientras que en los casos agravados puede alcanzar los quince años.
Entre las circunstancias agravantes se incluyen los casos en que la cantidad o el poder de fuego de los materiales generen peligro para un número indeterminado de personas, cuando los elementos provengan de arsenales militares o policiales, depósitos judiciales u otros organismos estatales, o cuando su capacidad destructiva represente una amenaza concreta para la seguridad pública o la defensa nacional.
El proyecto también incorpora el delito de desvío ilícito, destinado a sancionar a quienes, teniendo autorización legal o responsabilidad sobre esos materiales, alteren deliberadamente su destino y los extraigan de los sistemas de control vigentes. «El tráfico y el desvío son dos momentos distintos de un mismo problema. El tráfico incorpora materiales al circuito ilegal. El desvío identifica el punto en el que un arma, una munición o un material que estaba legítimamente controlado sale deliberadamente de ese circuito», sostuvo Gutiérrez.
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es el tratamiento de las municiones, un punto que, según el diputado, ha sido históricamente relegado en la legislación penal. «Un arma sin municiones carece de capacidad ofensiva. Combatir el abastecimiento de municiones es también reducir la capacidad de fuego de la delincuencia», argumentó.
La iniciativa prevé además la responsabilidad penal de las personas jurídicas involucradas en estos delitos, habilitando sanciones como la suspensión o cancelación de licencias, permisos y autorizaciones para operar con materiales controlados.
Otro de los puntos destacados es la asignación de competencia a la Justicia Federal para investigar los nuevos delitos. El proyecto fundamenta esta decisión en el carácter frecuentemente interjurisdiccional y, en algunos casos, transnacional de estas conductas. «Las armas que terminan en manos de una organización criminal no reconocen límites provinciales. Pueden desviarse en una jurisdicción, transportarse por otra y terminar abasteciendo delitos a cientos de kilómetros», argumentó el legislador.
En los fundamentos también se menciona la necesidad de adecuar la normativa argentina a compromisos internacionales asumidos por el país, entre ellos el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, complementario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Finalmente, el texto aclara que las nuevas figuras penales no alcanzarán a los legítimos usuarios ni a quienes desarrollen actividades autorizadas conforme a la normativa vigente, sino exclusivamente a las conductas dolosas destinadas a incorporar o desviar armas y municiones hacia circuitos ilegales.
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