Buscan frenar la derogación del Estatuto del Periodista: presentan dos proyectos para restablecer su vigencia

Dos proyectos de ley ingresaron a la Cámara de Diputados con el objetivo de dejar sin efecto la derogación de los estatutos especiales que regulan la actividad periodística, una decisión incluida en la Ley 27.802 de Modernización Laboral y cuya entrada en vigencia está prevista para el 1° de enero de 2027. Ambos expedientes fueron girados a las comisiones de Legislación del Trabajo y Libertad de Expresión.

La iniciativa más amplia corresponde al diputado nacional Sebastián Galmarini, quien propone derogar los artículos 197, 212 y 213 de la Ley 27.802 para restablecer la vigencia de la Ley 12.908, conocida como Estatuto del Periodista Profesional, así como del Decreto–Ley 13.839/46, que regula al personal administrativo de empresas periodísticas, y del Decreto–Ley 14.954/46, referido al personal de redacción de agencias noticiosas. Además, plantea la creación de una Mesa de Actualización de los Estatutos del Trabajo Periodístico en el ámbito de Diputados para elaborar una nueva normativa adaptada a los desafíos tecnológicos y laborales actuales, incluyendo teletrabajo, plataformas digitales e inteligencia artificial.

Por su parte, el proyecto impulsado por Sergio Palazzo, acompañado por diputados de Unión por la Patria como Máximo Kirchner, Germán Martínez, Cecilia Moreau, Vanesa Siley, Hugo Yasky y Hugo Moyano, se concentra exclusivamente en derogar el artículo 197 de la Ley 27.802 y ratificar la vigencia de la Ley 12.908.

En los fundamentos de ambas iniciativas aparece un argumento común: la defensa de la libertad de expresión. Galmarini sostiene que el Estatuto del Periodista Profesional constituye una garantía para el ejercicio independiente del periodismo y advierte que su eliminación implicaría la pérdida de derechos específicos como la cláusula de conciencia, el régimen especial de jornada laboral, las horas extras y las indemnizaciones agravadas. También señala que la derogación no fue acompañada por un régimen de transición ni por una normativa alternativa que contemple las particularidades de la actividad.

En la misma línea, Palazzo argumenta que el estatuto periodístico no puede ser considerado una norma laboral más, dado que el ejercicio de la profesión está estrechamente vinculado con el derecho constitucional a la libertad de expresión y al acceso a la información. Según sostiene, la eliminación de ese régimen especial favorecería procesos de precarización laboral que podrían afectar la independencia de los trabajadores de prensa.

El proyecto de Palazzo cuestiona además la derogación aprobada dentro de la Ley de Modernización Laboral y cita fallos de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para fundamentar la necesidad de mantener una protección diferenciada para la actividad periodística.

De prosperar cualquiera de las dos iniciativas, quedaría sin efecto la decisión adoptada por la Ley 27.802 y continuarían vigentes los estatutos especiales que regulan el trabajo periodístico en la Argentina desde mediados del siglo pasado.