Ordenan a la Contraloría entregar declaraciones juradas de exjefe de Gabinete de Cartes

El juez Miguel Ángel Palacios hizo lugar al amparo promovido por Hugo Javier Portillo y ordenó a la Contraloría General de la República entregar las declaraciones juradas de bienes, rentas, activos y pasivos de Juan Carlos López Moreira, correspondientes a su gestión como jefe de Gabinete de la Presidencia entre 2013 y 2018.

La decisión fue adoptada este viernes por el juez Penal de Garantías N.º 7 de la Capital, Miguel Ángel Palacios Méndez, mediante la Sentencia Definitiva (S.D.) N.º 85, que hizo lugar al amparo constitucional promovido por el ciudadano Hugo Javier Portillo Sosa contra el organismo de control.

El magistrado ordenó a la Contraloría proporcionar las copias de las declaraciones juradas en formato PDF, dentro del plazo legal correspondiente, aunque estableció que la documentación deberá ser entregada con determinados datos personales protegidos.

Un pedido que comenzó en 2018

El reclamo judicial tiene su origen en una solicitud presentada por Portillo el 10 de diciembre de 2018 a través del Portal Unificado de Acceso a la Información Pública.

Ante la falta de respuesta de la Contraloría dentro del plazo establecido por la Ley N.º 5282/14, el ciudadano promovió en marzo de 2019 una acción de amparo, con el patrocinio de la abogada María Gloria Aguilar.

La Contraloría sostuvo durante el proceso que no estaba adherida al portal utilizado para formular la solicitud y argumentó, además, que las declaraciones juradas estaban sometidas a un régimen legal especial que impedía su entrega sin una orden judicial expresa.

El expediente tuvo posteriormente un recorrido que prolongó durante años la definición del reclamo.

El juzgado había elevado una consulta de constitucionalidad a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia respecto de la Acordada N.º 1005/15, lo que derivó en la suspensión temporal del proceso.

La Corte finalmente rechazó la consulta mediante el Acuerdo y Sentencia N.º 351, del 10 de agosto de 2026. Con esa decisión, el expediente regresó al juzgado de origen para que el magistrado resuelva el fondo de la acción.

Interés público sobre el patrimonio de funcionarios

Al analizar el caso, el juez Palacios sostuvo que el derecho de acceso a la información pública, reconocido por el artículo 28 de la Constitución Nacional y reglamentado por la Ley N.º 5282/14, alcanza a información vinculada con la gestión de los recursos públicos.

El fallo considera que las declaraciones juradas de los funcionarios constituyen información de interés público porque permiten ejercer un control ciudadano sobre la evolución patrimonial de quienes ejercen funciones públicas y perciben remuneraciones provenientes del Estado.

La resolución también toma en consideración la Ley N.º 6919/2022, que establece disposiciones sobre la publicidad de las declaraciones juradas de bienes y rentas y contempla su publicación mediante los mecanismos digitales de la Contraloría.

De esta manera, el juzgado concluyó que la existencia de información personal dentro de las declaraciones juradas no justifica, por sí sola, impedir el acceso a todo el documento.

López Moreira ocupó la Jefatura de Gabinete de la Presidencia durante el periodo 2013–2018, por lo que las declaraciones cuya entrega fue ordenada corresponden al patrimonio declarado durante su desempeño como alto funcionario del Poder Ejecutivo.