
El jueves 24 de septiembre, los expresidentes Boric y Bachelet firmaron una declaración conjunta pidiéndole al gobierno de Kast reconsiderar la permanencia de Chile en el Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado que impulsa Trump. Es la primera vez desde el retorno a la democracia que dos expresidentes se pronuncian juntos contra una decisión de política exterior del gobierno de turno. El argumento central se resume en una frase, “Chile no debe verse obligado a escoger un bando”.
La declaración llegó solo cinco días después de que Bachelet bajara su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, a la que el gobierno le había quitado el apoyo en marzo, y a días de que se anunciara la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna, por parte del PS. Para la oposición, Kast habría roto una larga tradición en la política exterior de Estado, que durante décadas se mantuvo al margen de la disputa entre gobierno y oposición.
Ahora bien, la pregunta relevante no es si Kast rompió la tradición, sino si todavía queda algo de tradición que romper. Porque para cuando Kast llegó a La Moneda esa política de Estado ya había dejado de existir hace rato.
De hecho, fue el firmante de la declaración contra Kast, el expresidente Boric, quien fue el primero en tratarla como una extensión de su proyecto ideológico. Partió anunciando una política exterior turquesa y feminista, una etiqueta que decía más sobre su coalición que sobre los intereses del país.
En septiembre de 2022 suspendió, con el embajador de Israel ya en La Moneda, la ceremonia de entrega de sus credenciales. Después vino la exclusión de las empresas israelíes de la FIDAE, el retiro de los agregados militares en Israel en la víspera de su última Cuenta Pública y el anuncio de medidas diplomáticas y comerciales en esa misma cuenta. Y en julio de 2025 recibió en Santiago a Lula, Pedro Sánchez, Gustavo Petro y Yamandú Orsi en la cumbre Democracia Siempre, que terminó con una declaración contra el auge de los extremismos de derecha. Así, nadie puede argumentar seriamente que Boric le dio continuidad a la tradición de política exterior.
La otra firmante, Bachelet, tampoco es ajena al evidente alejamiento de Chile de la ruta convencional. Cuando lanzó su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, lo hizo sin preguntarle a nadie. O bien, lo hizo con el mero apoyo de su círculo cercano, y luego del saliente gobierno de Boric, al que le quedaban apenas días en el poder. Nunca tendió puentes con el gobierno entrante, ni tampoco buscó plantearlo como un bien público de carácter nacional.
Si algo se hizo, fue un intento irresponsable de presionar al gobierno de Kast a comprometer el apoyo de la política exterior del Estado habiendo hecho todo lo posible para desacreditar a su gobierno entrante y deslegitimar su posición sobre el lugar de Chile en la arena internacional.
Por lo mismo, la tradición de neutralidad ya estaba quebrada mucho antes de que llegara Kast. Cuando el presidente le retira el apoyo a Bachelet, asiste al Foro Madrid, y dice ante la Asamblea General que “Chile está de vuelta”, solo está afirmando que le dará continuidad a Chile sobre la ruta no neutral que abrió Boric y trató de mantener Bachelet. Hace lo mismo que su antecesor, desde la otra vereda. Si Boric usó la Cancillería para señalizar su pertenencia a la izquierda latinoamericana y europea, Kast la está usando para señalizar su cercanía con Washington y con la derecha regional.
En cualquier caso, lo anterior solo apunta a constatar el doble estándar que existe tras la declaración, no para condenar que no es justo que los países tomen lados, que por los tiempos que corren, tiene más sentido que permanecer neutral ante un mundo volátil e impredecible. Así, lo que está ocurriendo es que Chile simplemente se está poniendo al día con el resto de las democracias competitivas. Estados Unidos entra y sale del Acuerdo de París según quién gobierne. Brasil pasó de reconocer a Guaidó con Bolsonaro a restablecer relaciones con Maduro con Lula. Argentina cambió de socios preferentes con Macri, con Fernández y con Milei. En ninguno de esos casos se habla de traición a la política de Estado. Se asume, simplemente, que quien gana una elección tiene derecho a orientar la política exterior en la dirección que prometió.
El votante chileno, de hecho, ya lo procesa así. La Cadem de esta semana muestra que 45% apoya la adhesión de Chile al Escudo y 43% la rechaza, un empate técnico. Pero si se observa por identificación ideológica, quienes se identifican con la izquierda lo rechazan en 93%, y quienes se identifican con la derecha lo apoyan en 74%. Es la misma distribución que tiene cualquier tema de política interna. Por lo mismo, la declaración de Boric y Bachelet termina confirmando lo que busca negar. Dos expresidentes del mismo sector, firmando juntos, a días de una interpelación preparada por su propio sector, no es una defensa de la política de Estado. Es política de bloque, como cualquier otra.
Con todo, hay dos ideas tras la declaración que son importantes. La primera es China. Cuando Trump anunció el Escudo en marzo, parte de la prensa lo presentó como una alianza contra el narcoterrorismo y, de paso, contra la influencia china en la región. Siendo China el primer socio comercial de Chile, el riesgo no es menor.
Pero lo que importa no es cómo lo presenta Washington sino lo que Chile firma, y lo que Chile firmó es un marco voluntario de coordinación, sin tratado, sin tropas y sin compromisos comerciales, orientado a compartir información, capacitar a Carabineros y la PDI y reforzar el control fronterizo. Nada de eso debiese interrumpir el libre comercio con China. Es decir, Kast toma partido en seguridad y en alineamiento político, pero no en comercio, que es precisamente donde Chile no puede darse el lujo de escoger. Es esa distinción la que le permite tomar lados sin pagar el costo que anticipan Boric y Bachelet.
La segunda idea es la reversibilidad. Si cada gobierno reorienta la política exterior, el Escudo probablemente no va a sobrevivir al próximo cambio de mando. Pero es el mismo costo que pagó la candidatura de Bachelet, y es el costo normal de la alternancia. Un país que cambia de gobierno cada cuatro años, sin coaliciones hegemónicas, difícilmente puede pretender una política exterior inmutable en todo lo que no es comercial.
Así, lo que la declaración de esta semana presenta como una ruptura es, en rigor, la continuidad de una práctica que comenzó en 2022. La diferencia es que ahora la ejerce un gobierno de derecha. ¿Acaso cabe una duda de que si en 2029 gana la izquierda lo primero que hará es ponerle fin a la política exterior del gobierno de Kast? (Ex Ante)
Kenneth Bunker
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