MADRID · La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) ha hecho pública su valoración del Real Decreto 737/2026, aprobado el pasado 22 de septiembre por el Consejo de Ministros, que permite reconocer como cotizados los periodos de ministerio ejercidos por pastores evangélicos antes de su incorporación al Régimen General de la Seguridad Social en 1999.

En un comunicado firmado por su presidente, Esteban Muñoz de Morales, y su secretaria ejecutiva, Carolina Bueno, la Federación considera que la norma supone “un nuevo reconocimiento, por parte del Gobierno, de la situación de discriminación que durante décadas ha afectado a pastores evangélicos y a sus familias”.

Sin embargo, concluye que la respuesta “resulta insuficiente, especialmente para quienes han sufrido durante años las consecuencias de aquella discriminación”.

El “capital coste”, principal objeción

Entre los aspectos positivos, FEREDE destaca que el decreto permite computar los periodos de ministerio no cotizados con efectos retroactivos al 1 de enero de 2015, lo que puede mejorar las pensiones de jubilación de algunos pastores.

La principal crítica de la Federación es que la norma no prevé compensación ni reparación por la discriminación religiosa reconocida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo, y que mantiene la obligación de que los afectados paguen el llamado capital coste correspondiente a esos periodos.

FEREDE recuerda que aquella discriminación supuso “años sin tener cobertura sanitaria, años sin pensiones de jubilación o viudedad” y que cientos de pastores y viudas han fallecido sin acceder a esas prestaciones.

“Consideramos injusto que se mantenga la obligación del pago del capital coste de unas pensiones que durante años les han resultado denegadas, porque la solución llega 27 años tarde”, señala el comunicado.

Peor situación para las viudas

El decreto permite a los pastores fraccionar ese pago, pero, al descontarse de la pensión, FEREDE advierte de que la mejora “puede ser prácticamente imperceptible para muchos afectados”.

En el caso de las viudas, no se permite el fraccionamiento: deberán abonar el importe en un único pago y en el plazo de un mes para acceder a la pensión o a su mejora.

“Una cuestión de voluntad política”

La Federación pide que pastores y viudas no tengan que asumir la totalidad del capital coste, como ya ocurrió con otros colectivos, entre ellos los profesores de ikastolas y de euskera durante el franquismo, los estibadores portuarios, las empleadas del hogar o los deportistas profesionales.

“Estamos convencidos de que se trata de un asunto de voluntad política, no un problema económico”, afirma FEREDE, que subraya que, al haber fallecido ya la mayoría de los afectados, el impacto para las arcas del Estado sería “ínfimo”.

Diálogo, sin renunciar a la vía legal

FEREDE solicitará una reunión urgente con los responsables de la Administración para plantear medidas complementarias, en particular que el Estado asuma el capital coste de los periodos en los que los pastores no pudieron cotizar “por impedimento legal del propio Estado”.

La Federación reitera su “voluntad de diálogo” y su “mano tendida”, pero advierte de que, de no alcanzarse un acuerdo, el decreto “podría consolidar la discriminación histórica” que afecta al conjunto de la comunidad evangélica, por lo que no renunciará “a ninguna de las vías legales” a su alcance.

La situación de los pastores jubilados sin pensión ha sido uno de los principales asuntos planteados por los evangélicos a las autoridades españolas en las últimas décadas. El caso ha tenido también eco internacional, dado que a instancias de la Alianza Evangélica Española, la Alianza Evangélica Mundial llevó la cuestión ante la ONU en sus revisiones periódicas en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde repetidamente se ha pedido al Gobierno español que cumpliera sus compromisos y resolviera esta injusticia.