Empresario libanés rechaza acusaciones y niega haber ejercido presiones contra comerciantes

El empresario Ali Hussein Charaf Eddine rechazó categóricamente las acusaciones formuladas en su contra respecto de supuestas amenazas, presiones o prácticas coercitivas contra importadores de Ciudad del Este. Afirmó que desarrolla sus actividades empresariales dentro del marco legal, negó tener contactos o influencias en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y sostuvo que los señalamientos provienen de denunciantes anónimos, cuyas afirmaciones considera falsas y lesivas para su honor y su actividad comercial. Asimismo, anunció que se reserva el derecho de recurrir a las instancias judiciales correspondientes contra quienes calumnien o difamen su buen nombre.

En ejercicio del derecho constitucional de réplica, rectificación y aclaración, el empresario Ali Hussein Charaf Eddine salió al paso de las acusaciones difundidas en su contra y negó de manera categórica haber ejercido amenazas, presiones, coacciones o cualquier otro tipo de práctica irregular destinada a obligar a comerciantes de Ciudad del Este a contratar determinados servicios relacionados con operaciones de importación, transporte o logística.

Charaf Eddine calificó los señalamientos como falsos y rechazó íntegramente las versiones atribuidas a personas que solicitaron mantener sus identidades en reserva. Sostuvo que las acusaciones carecen de sustento y que, hasta donde tiene conocimiento, no existe elemento objetivo alguno que permita sostener que haya utilizado amenazas o supuestas influencias institucionales para obtener ventajas comerciales.

El empresario manifestó que a lo largo de su actividad se ha desempeñado de manera transparente y dentro de las disposiciones legales que regulan las operaciones comerciales y empresariales, por lo que considera particularmente grave que se pretenda vincular su nombre con prácticas que niega haber cometido.

Asimismo, afirmó que no cuenta con antecedentes penales y sostuvo que nunca desarrolló sus actividades mediante amenazas, intimidaciones o mecanismos ajenos a las reglas normales de la actividad comercial.

NIEGA CONTACTOS O INFLUENCIAS EN LA DNIT

Uno de los puntos rechazados con mayor énfasis por Charaf Eddine guarda relación con la versión según la cual supuestamente utilizaría contactos o influencias dentro de instituciones públicas para presionar a otros empresarios.

Al respecto, negó categóricamente tener amigos, contactos o personas dentro de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) a quienes pueda recurrir para promover controles, fiscalizaciones o cualquier otra actuación contra comerciantes que no mantengan relaciones comerciales con él o con empresas vinculadas a su actividad.

Sostuvo que jamás amenazó a ningún empresario con inspecciones de la DNIT ni utilizó el nombre de esa institución para conseguir clientes, contratos o ventajas comerciales. Charaf Eddine remarcó que las fiscalizaciones y controles desarrollados por los organismos del Estado corresponden exclusivamente a las instituciones competentes y que no posee capacidad ni influencia alguna para determinar contra quiénes deben realizarse esos procedimientos.

En ese sentido, rechazó cualquier intento de vincularlo con supuestas presiones provenientes de instituciones estatales y señaló que atribuirle ese tipo de conductas sin pruebas afecta directamente su reputación personal y comercial.

El empresario también cuestionó que acusaciones de semejante gravedad hayan sido formuladas por personas cuyas identidades no fueron reveladas y respecto de las cuales, según señaló, desconoce quiénes son, cuáles son sus intereses y qué elementos concretos poseen para respaldar sus afirmaciones.

A criterio de Charaf Eddine, detrás de estas versiones podrían existir intereses comerciales de terceros que pretenden perjudicar su imagen, su trayectoria empresarial y sus actividades en un mercado caracterizado por una fuerte competencia.

En ese contexto, manifestó que no descarta que los señalamientos respondan a una agenda promovida por personas interesadas en dañarlo comercialmente, aunque dejó en claro que corresponderá a las autoridades competentes determinar el origen y las eventuales responsabilidades relacionadas con esas acusaciones.

ACTIVIDAD DENTRO DEL MARCO LEGAL

Respecto de las referencias formuladas sobre sus actividades comerciales y empresariales, el afectado manifestó que sus negocios se desarrollan dentro de las normas legales y tributarias correspondientes y rechazó que la existencia de sociedades o actividades empresariales en Paraguay o Brasil pueda ser utilizada para insinuar la comisión de irregularidades.

Sostuvo que desarrolla legítimamente actividades empresariales y que las empresas con las cuales se encuentra relacionado funcionan dentro de las estructuras jurídicas y comerciales previstas por las legislaciones de los países donde operan.

También señaló que ejercer actividades comerciales, participar de sociedades o realizar inversiones constituye una actividad absolutamente lícita y que cualquier cuestionamiento acerca del funcionamiento de las empresas debe sustentarse en hechos verificables y no en sospechas o versiones provenientes de fuentes anónimas. El empresario reivindicó igualmente su trayectoria y aseguró que siempre procuró mantener relaciones comerciales basadas en el respeto, la libre competencia y el cumplimiento de las disposiciones legales.

Finalmente, Ali Hussein Charaf Eddine manifestó que considera seriamente perjudicial para su honor, su buen nombre y sus actividades empresariales la difusión de acusaciones que, según sostiene, carecen de pruebas y son absolutamente falsas.

Indicó que respetará el trabajo de las instituciones y el derecho de cualquier persona a formular denuncias por las vías correspondientes, pero afirmó que ese derecho no puede convertirse en una herramienta para efectuar acusaciones falsas destinadas a perjudicar la reputación o los intereses comerciales de terceros.

En ese contexto, Charaf Eddine dejó expresa constancia de que se reserva el derecho de promover las acciones legales que correspondan contra cualquier persona que incurra en actos de calumnia, difamación o afectación ilegítima de su honor y buen nombre, así como contra quienes resultaren responsables de promover o divulgar acusaciones falsas en su contra.