Sanción de EE.UU. desata pedidos de investigación y crisis institucional

La sanción anunciada por Estados Unidos contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, provocó este lunes una fuerte reacción en Bolivia y abrió un nuevo frente de tensión institucional. Washington restringió el ingreso de la cabeza del Ministerio Público y de sus familiares, al señalarlo por presuntos actos de “corrupción significativa” relacionados con el narcotráfico y la protección de delincuentes violentos.
De acuerdo con el Departamento de Estado estadounidense, Mariaca habría abusado de sus cargos públicos al solicitar y aceptar presuntamente sobornos para facilitar operaciones de narcotráfico y ayudar a personas vinculadas a actividades criminales a evadir la justicia. Estas son acusaciones formuladas por el Gobierno de Estados Unidos y que, hasta el momento, deben ser esclarecidas mediante las instancias correspondientes.
Mariaca respondió rechazando cualquier intento de injerencia externa y pidió a Estados Unidos respetar la soberanía boliviana y la independencia de las instituciones nacionales. El fiscal aseguró que no se dejará intimidar por presiones políticas nacionales o internacionales y defendió las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público. Entre ellas, mencionó actuaciones relacionadas con el caso del consultor argentino Fernando Cerimedo y las denuncias vinculadas a la denominada “gasolina basura”. La autoridad también recordó que no es la primera vez que Estados Unidos lanza este tipo de acusaciones contra autoridades bolivianas, que luego no fueron probadas, como cuando se le retiró la visa al expresidente Jaime Paz, padre del hoy mandatario de estado, igual por presuntos vínculos con el narcotráfico.

GOBIERNO ANUNCIA
INVESTIGACIÓN Y
LEGISLATIVO PIDE DIMISIÓN
La situación también generó una reacción inmediata desde el Órgano Ejecutivo. El Gobierno anunció que solicitará a Estados Unidos información oficial sobre las personas sancionadas y afirmó que las acusaciones contra Mariaca son graves y deben ser esclarecidas con evidencia, cooperación internacional y debido proceso. Asimismo, anticipó investigaciones de fondo sobre los ciudadanos bolivianos alcanzados por las medidas estadounidenses.
Desde la Asamblea Legislativa también aumentó la presión. Los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Roberto Castro y Diego Ávila, plantearon que Mariaca se aparte temporalmente del ejercicio de sus funciones mientras se esclarecen las acusaciones. Además, solicitaron gestionar mediante la Cancillería información oficial del Departamento de Estado estadounidense y plantearon que la Asamblea analice el caso.
El diputado Carlos Alarcón pidió directamente que Mariaca deje el cargo y sea sometido a una investigación independiente. Según su planteamiento, la información que entregue Estados Unidos podría servir para determinar si corresponde iniciar un juicio de responsabilidades en el Legislativo.
El expresidente Jorge Tuto Quiroga también pidió una investigación y sostuvo que la sanción afecta la credibilidad del Ministerio Público al involucrar directamente a su máxima autoridad. Propuso que el Congreso conforme una comisión para recabar información y determinar responsabilidades; aunque evitó exigir expresamente la renuncia de Mariaca.
Los sancionados que serán investigados, según el Gobierno, son:
•Iván Lima Magne. Fue ministro de Justicia durante el Gobierno de Luis Arce.
•Frans William Cabrera. Coronel de la Policía, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y fue recientemente Inspector General de la Policía.
•Martín Daniel Irusta. Fiscal señalado por haber sido abogado de Evo Morales.
•Alberto Zeballos. Fiscal Departamental de Santa Cruz.
•Mauricio Nava. Fiscal superior y ex Fiscal Departamental de Chuquisaca.
•Israel Campero. Fue el vocal constitucional señalado de decisiones a favor del Gobierno de Arce, como suspender las interpelaciones y avaló al ala arcista en su litigio con los evistas por la sigla del MAS.
•Iván Campero. Fue magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia, implicado en el caso consorcio.
•Albania Caballero. Jueza cuestionada por otorgar la detención domiciliaria a la exdiputada Laura Rojas, investigada por el caso maletas.
•Rosario Ximena Flores Paniagua. Jueza que ordenó la libertad de su colega Hebert Zeballos, también implicado en el caso maletas.
•Rodrigo Vedia. Exjuez de La Guardia, cuyo nombre fue vinculado a casos polémicos y denuncias.
•Alberto Samuel Soto de la Vía. Expresidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional, que fue vinculado a presuntos actos irregulares.
•José Luis Iriarte. Empresario privado vinculado con el tema del combustible en el norte paceño.