¿La Legislatura de Jujuy está presupuestando el riesgo de una Argentina sin crédito después de 2027?

El interrogante ya no debería ser solamente cuánto gastará Jujuy el próximo año, sino con qué escenario macroeconómico está construyendo ese presupuesto. Si las probabilidades implícitas de incumplimiento aumentan para los vencimientos posteriores a 2027, si el riesgo país permanece elevado y si la Nación llega al próximo ciclo con menor capacidad de financiamiento, la Legislatura provincial debería discutir desde ahora qué ocurrirá con coparticipación, obra pública, municipios, salud, educación y deuda. La pregunta política es simple: ¿el Presupuesto 2027 de Jujuy está contemplando un escenario de estrés financiero nacional o se está confeccionando como si nada pudiera cambiar?

La legislación presupuestaria jujeña exige que el Poder Ejecutivo formule cada presupuesto sobre una proyección de las variables macroeconómicas de corto plazo y que, a partir de ellas, establezca prioridades de gasto e inversión. Es decir, el análisis del contexto económico no es una opción discursiva: forma parte del procedimiento previsto para elaborar las cuentas provinciales. Si el mercado está encareciendo especialmente la deuda argentina posterior a 2027, resulta razonable preguntar qué hipótesis de riesgo, financiamiento, inflación, actividad y transferencias nacionales está utilizando Hacienda para proyectar el próximo ejercicio.

Hasta ahora, la información pública que pude verificar muestra que Jujuy sancionó para 2026 un presupuesto de $2,663 billones y que ya dispuso un nuevo Manual de Clasificaciones Presupuestarias que comenzará a utilizarse desde el 1 de enero de 2027. Pero esas medidas administrativas no responden por sí mismas a la pregunta central: ¿existe un escenario fiscal alternativo para una eventual crisis de deuda nacional, una caída de transferencias o una prolongación del crédito caro? No encontré, en las fuentes oficiales revisadas, una publicación que detalle expresamente un “escenario default” dentro de la preparación presupuestaria provincial.

Y ése es precisamente el debate que debería abrir la Legislatura. Un eventual incumplimiento soberano no significaría automáticamente que Jujuy entre en default, pero sí podría afectar el acceso al crédito, el costo del financiamiento, la actividad económica, la recaudación y la capacidad de la Nación para sostener transferencias y obras. En una provincia donde municipios, infraestructura y servicios esenciales dependen en buena medida de recursos públicos, esos efectos deberían traducirse en escenarios presupuestarios de contingencia, no tratarse cuando el problema ya haya llegado.

La discusión debería incluir además el verdadero aporte de la matriz minera. Si la provincia pretende compensar una eventual reducción de recursos nacionales con mayor producción minera, la Legislatura necesita conocer cuánto queda efectivamente en las cuentas públicas, cuánto llega a municipios, cuánto se destina a infraestructura asociada a la actividad y qué costos ambientales y públicos genera. El crecimiento de las exportaciones no sustituye automáticamente ingresos fiscales ni capacidad estatal.

Por eso, el Presupuesto 2027 puede convertirse en una prueba política de anticipación. ¿Se está preparando Jujuy para un ciclo de menor financiamiento nacional, o se sigue presupuestando bajo supuestos demasiado optimistas? La pregunta no implica afirmar que el default sea inevitable. Implica algo más básico: si los mercados ya están asignando mayor riesgo al período posterior a 2027, sería prudente que la Legislatura explique qué escenario adverso contempla y qué prioridades protegerá primero si ese riesgo finalmente se materializa.