Cierre de barbería en Riohacha enfrenta reclamos de ‘El Cole’ y cuestionamientos ciudadanos

El cierre de la barbería de Víctor Pinto Quintero, conocido como ‘El Cole’, ha generado reacciones encontradas en Riohacha. Mientras el comerciante cuestiona el procedimiento y advierte sobre sus consecuencias económicas, otros ciudadanos piden revisar las obligaciones de arrendamiento y los requisitos exigidos para mantener abierto el establecimiento.

Pinto Quintero asegura que lleva más de 25 años dedicado a la barbería, actividad que representa el sustento de su familia y de varios trabajadores. Ahora enfrenta la incertidumbre sobre la continuidad de su negocio y su capacidad para responder por compromisos económicos, incluidos el arriendo y los pagos a sus empleados.

Diferencias con la secretaría de Gobierno

El caso involucra al secretario de Gobierno de Riohacha, Leandro Mejía Díaz, conocido como ‘Toca’, con quien el comerciante habría tenido diferencias durante las actuaciones relacionadas con el funcionamiento del establecimiento. La situación trascendió a las redes sociales y, según la información suministrada, el funcionario presentó ante la Fiscalía una denuncia por presuntas amenazas y amedrentamiento.

El barbero sostiene que durante el operativo le solicitaron documentación relacionada con la actividad comercial y el uso del suelo, trámite por el cual afirma haber realizado un pago. Sin embargo, la información disponible no permite establecer cuáles requisitos estaban pendientes ni cuáles fueron los fundamentos administrativos específicos que motivaron el cierre.

Para esclarecer lo ocurrido, resulta necesario conocer la versión oficial de la secretaría de Gobierno y revisar los documentos relacionados con el procedimiento, las condiciones de funcionamiento del negocio y las obligaciones contractuales del inmueble.

La discusión por el arrendamiento

Entre los comentarios publicados en Facebook, Elcy Manjarrez preguntó por una presunta deuda de siete millones de pesos correspondiente al arrendamiento del local. Su intervención plantea la necesidad de examinar las obligaciones económicas del comerciante, aunque el monto y el estado de esa supuesta deuda requieren verificación documental.

Yoseth de Jesús Celedón Deluque también pidió revisar el contrato entre el comerciante y la cooperativa vinculada al arrendamiento. Consideró importante aclarar las condiciones acordadas y las comunicaciones relacionadas con una eventual entrega del inmueble.

Solidaridad con el comerciante

Jorge Enrique Ortiz describió a ‘El Cole’ como una persona trabajadora y servicial. En su publicación cuestionó la actuación contra el barbero y pidió a las autoridades atender otros problemas de seguridad que, a su juicio, afectan a la ciudad.

Santander Hurtado recordó que Pinto Quintero trabajó como embolador y en el mercado antes de establecerse en un pequeño local arrendado en el Mercado Nuevo. Desde su perspectiva, el cierre amenaza años de esfuerzo y los ingresos de otras personas que dependen de la barbería.

Alfredo Buitrago Maestre también expresó su respaldo y pidió la intervención del gobernador de La Guajira para buscar una alternativa que permita al comerciante continuar con su actividad.

Opiniones divididas y explicaciones pendientes

Las reacciones ciudadanas no son unánimes. Mientras varios usuarios defienden la trayectoria laboral del barbero, otros consideran necesario revisar sus compromisos económicos y el cumplimiento de los requisitos legales. Ambos aspectos deben examinarse por separado, sin que las opiniones publicadas en redes sociales sustituyan las pruebas.

Karla Duarte insinuó posibles pagos irregulares relacionados con funcionarios, pero en la información disponible no hay evidencias que sustenten esa afirmación. Por tanto, debe entenderse como una opinión y no como un hecho comprobado.

Mileidis Mercado publicó una crítica sobre el comportamiento de algunos dirigentes durante las temporadas políticas, sumándose a las expresiones de inconformidad frente a la atención de las necesidades ciudadanas.

El caso también requiere precisar el alcance de la denuncia presentada ante la Fiscalía, sin asumir que su radicación demuestra la responsabilidad de alguna de las partes.

Por ahora, la controversia exige conocer las razones oficiales del cierre, las condiciones contractuales del local y los documentos relacionados con el funcionamiento de la barbería. El desafío consiste en esclarecer las responsabilidades con información verificable, respetar los procedimientos legales y determinar si existe una alternativa que permita resolver las diferencias sin desconocer las obligaciones de ninguna de las partes.