“El bien común de la salud”, reflexiones del obispo de Encarnación

Nota de presentación

El artículo que comparto a continuación parte de una premisa incómoda pero necesaria: el conflicto médico paraguayo no se resuelve discutiendo cifras, porque las cifras son solo uno de tres niveles en juego. Distingue con claridad la dignidad (lo que la ley protege y no admite regateo), el presupuesto (el instrumento que hace posible ese derecho, no su límite natural) y el factor humano (las personas concretas que, en última instancia, convierten la ley y el presupuesto en salud real). El diagnóstico central es que la negociación fracasó porque se quedó atrapada en el segundo nivel, dejando el primero como discurso de apertura y el tercero como daño colateral —evidenciado en las renuncias masivas de especialistas.

El texto identifica además tres maniobras retóricas que, según mi argumento, empobrecen el debate público sin resolver nada: villanizar al médico que reclama, victimizar el presupuesto como si fuera un límite ajeno a toda decisión política, y delegar en la opinión pública un juicio que no le corresponde. Con el respaldo de la Carta Pastoral de la CEP sobre el Bien Común, y apoyado en la contradicción entre los US$ 500 millones invertidos en infraestructura y el argumento de «no hay plata» para el personal, el artículo concluye con una propuesta institucional concreta: una mesa de trabajo ampliada —no solo Ejecutivo y gremio médico, sino también representantes legislativos, sociedades científicas, gobiernos departamentales y ciudadanía organizada— que defina el proyecto Paraguay Sano con vistas al Presupuesto General 2027, antes de su presentación al Congreso.

Es un texto que no toma partido entre las partes en disputa, pero sí toma partido por un método: pensar la salud como proyecto compartido de largo plazo, y no como pulseada de poder donde el verdadero perdedor es siempre un tercero: la salud de todos.

Encarnación, 31 de agosto de 2026

Francisco Javier Pistilli Scorzara

El bien común de la salud:

entre la ley, la caja y las personas

Dignidad, presupuesto y factor humano en el conflicto médico paraguayo

Paraguay vive, mientras se escriben estas líneas, el sexto día de una huelga nacional de médicos. Los titulares se acumulan: cortes de ruta, renuncias masivas, cifras en dólares, acusaciones cruzadas. Y sin embargo, en medio de tanto ruido, el país corre el riesgo de perder de vista la única pregunta que en realidad importa: ¿qué hace falta para que la salud pública sea, de verdad, un bien común, y no solamente una promesa de campaña convertida en pilar de discurso o un bien privado accesible solo a algunos privilegiados de la sociedad, con seguros médicos que hacen de la salud no un derecho sino un bien a adquirir?

Este artículo no busca tomar partido entre el gremio médico y el Gobierno. Busca algo más difícil y más necesario: pensar el conflicto desde su estructura, para que la salida —cuando llegue— no sea una tregua frágil, sino el comienzo de algo sostenible.

Un conflicto mal planteado desde el origen

La discusión pública sobre la huelga se instaló, casi sin que nadie lo decidiera deliberadamente, en un terreno equivocado: el de la cifra. ¿Es mucho o poco lo que piden los médicos? ¿Alcanza o no alcanza el presupuesto? Ese marco, aunque parezca razonable, empobrece el problema real, porque reduce a una sola dimensión —la económica— algo que en verdad tiene tres niveles distintos, y que solo se entiende cabalmente cuando se los distingue.

El primer nivel es la dignidad que protegen las leyes. El derecho a la salud y el derecho a un trabajo digno no son concesiones que el Estado otorga según su humor fiscal: son garantías que preceden a cualquier discusión de números. Es el fundamento sobre el que se construye todo lo demás, y no admite ser medido contra la caja disponible sin desnaturalizarse.

El segundo nivel es el presupuesto, que hace factible ese derecho. No es el fundamento del bien común, es su instrumento. Y un instrumento se diseña, se prioriza, se construye con decisiones políticas —no es un dato de la naturaleza que simplemente «alcanza» o «no alcanza».

El tercer nivel, el que casi nunca se nombra con la claridad que merece, es el factor humano. La ley protege, el presupuesto habilita, pero es el médico frente al paciente —el residente en la guardia, el cirujano pediátrico, la enfermera en terapia intensiva a las tres de la mañana— quien convierte todo eso en el bien real y concreto. Sin ese factor humano, la ley es letra y el presupuesto es una cifra en un documento.

El conflicto actual se discutió casi exclusivamente en el segundo nivel, dejando el primero como retórica de apertura de cada comunicado, y el tercero como daño colateral que se menciona solo cuando ya es demasiado tarde —cuando 141 de 164 especialistas pediátricos presentan su renuncia.

Las tres formas de desviar la mirada

En este tipo de conflictos, hay maniobras retóricas que no resuelven nada, pero que desplazan la atención de lo principal. Vale la pena nombrarlas con precisión, porque cada una tiene un efecto distinto y dañino, y fácilmente se deriva al juicio rápido y a la polarización, al esquema básico de buenos contra malos que divide y contamina el espacio de diálogo.

Villanizar al médico que reclama. Cuando se reduce una demanda de dignidad a una cifra que se puede cuestionar o regatear, la causa se presenta en términos monetarios. En un país con ingresos bajos y limitaciones en el acceso a la salud, esto se presta para desacreditar la causa: se contesta el pedido de aumento con la reacción de que serían exigencias exageradas. Hace apenas seis años, durante la pandemia, a esos mismos profesionales se los llamaba héroes —lo recordaba Mabel Rehnfeldt en una columna reciente—, pero algunos hoy los llaman ambiciosos y abusivos. Ya nadie escucha que los salarios están congelados desde hace catorce años, ni que se trabaja con insumos mínimos. La retórica convierte a los héroes en aparentes villanos.

Victimizar el presupuesto hace el movimiento inverso: convierte una decisión política en un hecho inapelable de la naturaleza. Decir «no hay plata» no es un argumento, es una posición que se presenta como si no lo fuera. Y la contradicción salta a la vista cuando el mismo Gobierno exhibe, en su informe de gestión, quinientos millones de dólares invertidos en infraestructura hospitalaria como uno de sus mayores logros. Si existe ese margen para el cemento, decir que no existe una fracción de eso para quienes operan esos hospitales no es una restricción fiscal: es una prioridad elegida y presentada como si no lo fuera.

Delegar en la opinión pública el juicio del conflicto es, quizás, la maniobra más peligrosa, porque no discute nada: desplaza la responsabilidad de negociar hacia un tercero —el paciente indignado, el ciudadano que solo ve titulares— que no tiene la información ni el poder de decisión para resolver absolutamente nada. Esa fiscalización pública solo tiene capacidad de indignarse contra uno de los dos bandos, según quién controle mejor el relato del día. El costo de esa estrategia lo termina pagando, otra vez, el paciente: enojado con los médicos que lo atienden mal por estar en huelga, o enojado con un Gobierno abstracto, mientras la mesa de negociación real permanece vacía.

Las tres maniobras comparten un mismo efecto: sacan la discusión del terreno donde podría resolverse —la relación entre dignidad, presupuesto y factor humano— y la trasladan a un terreno de percepción, donde gana quien mejor controla el relato, no quien tiene la mejor propuesta.

Un proyecto de gobierno, no una partida contingente

«Paraguay Sano» no es un gasto incidental dentro del presupuesto general: es uno de los cinco pilares que el propio Gobierno definió como programa. Eso cambia por completo el estatus de la discusión. No se trata de un gremio compitiendo por migajas frente a otras prioridades del Estado; se trata de si el Gobierno va a sostener, con hechos y no solo con anuncios, aquello que eligió poner en el centro de su identidad política.

El propio presidente, en su informe de gestión, reconoció que la salud «es nuestra gran materia pendiente». Esa admisión, hecha en un documento oficial, no es un dato menor: es el Gobierno mismo señalando que el pilar declarado no está cumplido. Y la crítica periodística que circula desde hace meses —hospitales nuevos descritos como «cascarones vacíos», edificios sin insumos, sin medicamentos, sin especialistas suficientes para funcionar— no hace más que confirmar, desde el terreno, esa misma admisión.

Si «Paraguay Sano» es en verdad un proyecto de gobierno, entonces su presupuesto no puede tratarse como un techo fijo ajeno a la voluntad política. Debe construirse. Y construirlo implica decisiones concretas: financiar personal con la misma prioridad que financia infraestructura; distinguir lo urgente —insumos, medicamentos, nombramientos de los miles de médicos con contratos precarios— de lo estructural —un ajuste salarial general que requiere una discusión de mediano plazo sobre los ingresos del Estado—, en lugar de tratar todo como un único paquete de sí o no; y acompañar cualquier promesa, como la llamada «carrera sanitaria», con plazos y financiamiento identificado, no con una vaguedad que sirve para bajar la tensión momentánea de una huelga sin comprometer nada real.

Lo que dice la fe, cuando se la escucha sin sospecha

La Conferencia Episcopal Paraguaya, en su Carta Pastoral 2026 sobre el Bien Común, ofrece un marco que —despojado de cualquier etiqueta ideológica— coincide en lo esencial con este razonamiento. El documento sostiene que el bien común no se limita a bienes materiales como agua, tierra o caminos, sino que incluye también valores intangibles: justicia, salud, educación, oportunidades equitativas. Y advierte que ese bien común es tarea compartida del Estado, la ciudadanía y la comunidad, no de una sola parte actuando en soledad.

Aplicado a este conflicto, el diagnóstico eclesial resulta preciso: el deterioro del entramado social es terreno fértil para la polarización y las soluciones apresuradas, que parecen respuesta fácil a problemas complejos. Una negociación que se detiene en su primer nivel —la confrontación inmediata, la cifra, el reclamo puntual— rara vez reconoce el valor del otro como parte del mismo proyecto de interés. Sin esa escucha, que va más allá del conflicto monetario específico, el diálogo no logra elevarse a una comprensión superior del problema: uno que permita plantearlo como proyecto compartido, y no como disputa entre entes antagónicos. Es una exigencia difícil, sobre todo para quien reclama desde una posición de postergación real. Pero es, precisamente, la que la comunidad entera debe asumir: la capacidad de programar en tiempo y forma una solución que comprometa, más allá del presupuesto, la realización efectiva del proyecto de salud para todos.

Hacia una negociación que merezca ese nombre

Ninguno de los dos relatos que hoy compiten en la opinión pública —»los médicos exageran» o «el Gobierno no quiere pagar»— alcanza para resolver algo. Una negociación real tendría que empezar por desactivar las tres maniobras de evasión descritas antes: no juzgar al médico por el monto que pide, no blindar el presupuesto de la responsabilidad política que implica, y no delegar en la opinión pública una decisión que corresponde a quienes tienen la autoridad y la información para tomarla.

Y tendría que invertir el orden en que se ha discutido hasta ahora: partir de que la dignidad no se transa; tratar el presupuesto como un instrumento al servicio de esa dignidad, y no como un veredicto final que la cancela; y medir el éxito del proyecto no en obras inauguradas, sino en si el factor humano —los médicos mismos— permanece, se forma y se sostiene en el sistema a lo largo del tiempo. Ese último criterio, más que ningún otro, es el verdadero indicador de si Paraguay Sano es un proyecto real o apenas una consigna repetida en cada informe de gestión.

El fracaso de las cuatro reuniones previas a la huelga no fue un fracaso de cifras: fue un fracaso de método. Se discutió sin ampliar la mesa a quienes también tienen algo que aportar —el Congreso, las sociedades científicas, los gobiernos departamentales, la ciudadanía organizada—, y se discutió sin reconocer, desde el principio, que un proyecto que depende de personas para concretarse necesita que esas personas tengan parte real en construirlo, no solo un lugar para reclamar cuando ya todo se rompió.

La tensión ha escalado al punto de que la mesa de negociación parece articularse en torno a quién cede primero. Pero una «pulseada» de fuerzas, en un conflicto como este, normalmente deja a un tercero como perdedor. Y ese tercero es, en este caso, la salud de todos: la del pueblo, la de los médicos, la del propio proyecto de gobierno. Desescalar las medidas de presión y abrir paso a un compromiso real puede devolver el foco a la pregunta simple y exigente de este momento: ¿qué necesita la salud en Paraguay, y qué necesitan las personas clave del sistema para sostenerla, dentro de un proyecto que todos dicen asumir como prioridad? Responder eso con seriedad —sin retórica de promesa oficial ni contrarretórica gremial, cada una legítima desde su punto de vista parcial, pero insuficiente por sí sola— es lo que puede hacer que Paraguay Sano deje de ser un titular y empiece a mostrarse en camino real de cumplirse.

Esa respuesta debe verse reflejada en una mesa de trabajo donde confluyan todos los sectores —no solo el Poder Ejecutivo y el gremio médico, sino también representantes legislativos, las sociedades científicas, los gobiernos departamentales y la ciudadanía organizada— para definir juntos el proyecto y proponer lo necesario para el Presupuesto General de Gastos de la Nación 2027, antes de que sea presentado al Congreso. Ahí es donde la carrera sanitaria podrá dejar de ser anuncio y convertirse en un proceso con recursos asignados, plazos y financiamiento propio, como parte de ese proyecto que todos anhelamos, Paraguay Sano, o el Bien Común de la Salud.

Encarnación, 31 de agosto de 2026

Francisco Javier Pistilli Scorzara