Alcaldes de La Guajira piden garantizar agua para niños wayuu ante la Corte

El acceso al agua potable en las comunidades indígenas de La Guajira volvió a ocupar la atención de la Corte Constitucional durante la audiencia de seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, realizada en Riohacha este 13 de octubre. En representación de los municipios involucrados en el fallo, el alcalde Genaro Redondo Choles presentó los avances de las intervenciones adelantadas para mejorar el suministro del líquido en poblaciones rurales.

Durante su intervención, el mandatario distrital expuso las dificultades que todavía enfrentan numerosas familias wayuu para conseguir agua, especialmente aquellas donde los niños deben recorrer largas distancias cargando recipientes. Esta realidad continúa siendo uno de los principales desafíos para garantizar los derechos fundamentales de la población indígena en Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia.

Redondo Choles explicó que las inversiones se han orientado hacia comunidades seleccionadas mediante criterios técnicos y espacios de diálogo con autoridades tradicionales y líderes indígenas. Las intervenciones comprenden la instalación, reparación y construcción de microacueductos rurales, con el propósito de mejorar las condiciones de abastecimiento y reducir los desplazamientos que diariamente realizan las familias.

Tuberías para acercar el agua a las viviendas indígenas

Durante la audiencia, el alcalde describió las condiciones en las que viven algunas comunidades, donde conseguir agua exige caminar cientos de metros bajo las altas temperaturas de La Guajira. Según indicó, las obras adelantadas buscan que el suministro llegue hasta los sectores habitados, evitando que niños y adultos tengan que desplazarse continuamente para conseguirlo.

“Hemos encontrado muchas comunidades donde aún los niños tienen que caminar 300, 500 u 800 metros cargando agua en pimpinas y calambucos. En las comunidades priorizadas estamos llevando 300, 500 o 800 metros de tubería para que ya las comunidades no caminen hacia donde está el agua, sino que el agua llegue a las comunidades”, manifestó el mandatario.

Estas intervenciones forman parte de las acciones presentadas ante la Corte Constitucional para responder a las obligaciones derivadas de la Sentencia T-302 de 2017, que declaró un estado de cosas inconstitucional frente a la vulneración de derechos fundamentales de la niñez wayuu, particularmente en materia de agua potable, alimentación y salud.

Solicitan apoyo nacional para garantizar agua en centros infantiles

En su condición de vocero de los alcaldes de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, Redondo Choles aprovechó la audiencia para solicitar al ministerio de Vivienda y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) una mayor articulación que permita atender las necesidades de abastecimiento en las comunidades indígenas.

La petición estuvo dirigida especialmente a garantizar agua permanente en los centros donde reciben atención los niños. El alcalde sostuvo que estos espacios deben contar obligatoriamente con suministro continuo, teniendo en cuenta que el acceso al líquido es indispensable para la alimentación, la higiene y las condiciones de salubridad de los menores.

La solicitud también puso de presente la necesidad de que las intervenciones cuenten con acompañamiento de las entidades nacionales, de manera que las soluciones puedan responder a las necesidades de las comunidades y mantener su funcionamiento a lo largo del tiempo.

Compromisos bajo la vigilancia de la Corte Constitucional

Durante la sesión de seguimiento, el mandatario de Riohacha manifestó su disposición de continuar con las iniciativas que actualmente se desarrollan para avanzar en el cumplimiento de los requerimientos judiciales. Las acciones anunciadas estarán relacionadas con el mejoramiento del acceso al agua y la atención de comunidades indígenas que todavía presentan dificultades de abastecimiento.

Aunque las autoridades municipales expusieron las inversiones y obras adelantadas, el seguimiento de la Corte Constitucional mantiene vigente una preocupación fundamental: que las intervenciones se traduzcan en un suministro suficiente, continuo y seguro para las familias wayuu, especialmente para los niños que históricamente han enfrentado mayores dificultades.