Denuncia ciudadana destapa presuntos cobros por puestos y títulos en el Ministerio de Educación

El Gobierno informó que la investigación comenzó con una alerta recibida en abril. Un operativo ejecutado en Quito incluyó tres allanamientos y la detención de un funcionario para formulación de cargos.

Una denuncia ciudadana dio origen a una investigación sobre presuntos cobros para gestionar cargos públicos, títulos académicos y otros beneficios en el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Así lo informó José Julio Neira, secretario de la Administración y portavoz de la Presidencia, este miércoles 14 de octubre de 2026, tras el allanamiento realizado un día antes en la institución.

Según Neira, la alerta fue recibida en abril y permitió iniciar las indagaciones sobre el principal sospechoso. El funcionario aseguró que este habría recibido pagos de entre USD 1.000 y USD 10.000 de ciudadanos a cambio de gestionar distintos beneficios. La información fue contrastada por la Policía y la Fiscalía para reconstruir los hechos e identificar posibles participantes.

Operativo en oficinas y domicilios

La operación MINEDEC se ejecutó el martes 13 de octubre en Quito. Las autoridades allanaron una dependencia del Ministerio y dos viviendas particulares, como parte de las diligencias relacionadas con la presunta venta de puestos y nombramientos en instituciones educativas.

Un funcionario del área de mantenimiento fue detenido para formulación de cargos. Otros dos empleados, de conducción y servicios generales, fueron aprehendidos con fines investigativos para rendir sus versiones. Su situación procesal deberá ser determinada por las autoridades competentes.

Autoridades investigan pagos y movimientos económicos

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que los sospechosos habrían solicitado entre USD 1.500 y USD 5.000 por gestionar plazas laborales. También afirmó que el empleado de mantenimiento habría manejado recursos económicos de origen injustificado por aproximadamente USD 1 millón. Estas afirmaciones corresponden al reporte oficial del operativo y permanecen sujetas a investigación.

Sobre el supuesto mecanismo, Neira describió acuerdos de pago con ciudadanos, transferencias y posteriores entregas de dinero a un servidor público. Las diligencias buscan esclarecer la participación de cada persona y determinar las responsabilidades correspondientes.

En las comunicaciones públicas se han mencionado dos posibles delitos: Neira habló de cohecho y el reporte de Reimberg se refirió a concusión. La calificación penal deberá precisarse dentro del proceso judicial. Las personas investigadas mantienen su presunción de inocencia.