El pueblo de Granada que votará el 29-N "exiliado": tres de cada cuatro de sus electores viven fuera

En plena Alpujarra granadina, Murtas es un pueblo de unos 400 habitantes con un solo bar. Y como adelantó ‘Ideal’, de sus 1.399 electores solo 332 residen allí. Los otros 1.067 figuran como residentes en el extranjero, según el INE, el 76% del censo. Su alcalde, José Miguel Romera, cuenta que la mayoría “no son gente del pueblo ni lo conocen”: sus familias emigraron en su día a Argentina o Venezuela.

La explicación de este fenómeno parte de la ‘ley de nietos’. Pero desde el lunes también es un problema judicial. El Tribunal Supremo mantiene el veto al voto de los nacionalizados por esa vía, y Murtas es uno de los ejemplos que se pusieron sobre la mesa. En la vista ante el Supremo, Iustitia Europa citó el municipio, con 330 vecinos y 1.038 inscritos en el CERA, el censo de españoles residentes en el extranjero.

¿Qué es la ‘ley de nietos’? Empecemos por el principio. Porque esta ley no existe como ley: es el apodo de la disposición octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que dio la nacionalidad a hijos y nietos de españoles exiliados que la perdieron o renunciaron a ella. El plazo cerró el 22 de octubre de 2025. El Gobierno esperaba cerca de un millón de beneficiarios. Se presentaron unos 2,4 millones de solicitudes y, a agosto, casi 600.000 personas habían obtenido ya la nacionalidad.

¿Por qué se paralizó? Por una instrucción. Días después de entrar en vigor la ley, el Ministerio de Justicia publicó una instrucción que presume la condición de exiliado a todo español que salió entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Para quienes salieron entre 1956 y 1978, hay que probarlo. Vox e Iustitia Europa sostienen que una instrucción no puede ampliar lo que dice una ley, y llevaron el asunto al Supremo.

A principios de septiembre, el tribunal suspendió cautelarmente los efectos electorales de esas inscripciones en el CERA. Lo justificó con el crecimiento del censo exterior: de 2.328.260 electores en 2023 a 2.736.522 en julio de 2026, un “peligro fundado, real y serio” para la objetividad de las elecciones, según partidos como PP y VOX. La medida no retira la nacionalidad, no anula la ley ni su instrucción y no paraliza la tramitación de expedientes.