Procuraduría crea grupo especial para vigilar cumplimiento de sentencia sobre la niñez Wayuu

Un grupo especial de trabajo fue creado por la Procuraduría General de la Nación para hacerle seguimiento a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017, relacionada con la vulneración de derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes Wayuu en Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia, municipios donde fue declarado un estado de cosas inconstitucional.

La medida quedó establecida en la resolución 282 del 13 de octubre de 2026, por el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco. La sede administrativa funcionará en la Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira, desde donde se coordinarán las actuaciones institucionales previstas para cumplir este propósito.

El grupo tendrá la responsabilidad de vigilar los avances en la garantía de derechos fundamentales como la alimentación, la salud, el acceso al agua potable y la participación de la niñez Wayuu, en el marco de las acciones dirigidas a contribuir a la superación de la crisis humanitaria que afecta a esta población indígena.

Coordinación institucional y seguimiento judicial

Entre las funciones asignadas está articular el trabajo de las procuradurías delegadas y otras dependencias de la entidad, preparar documentos técnicos y jurídicos, y proponer mecanismos que faciliten el intercambio de información y la evaluación de los resultados obtenidos por las instituciones responsables.

El equipo también deberá elaborar informes periódicos que permitan identificar avances, dificultades y recomendaciones relacionadas con el cumplimiento de las órdenes judiciales. Estos documentos servirán para examinar las actuaciones institucionales y establecer qué aspectos requieren mayor atención por parte de las autoridades involucradas.

La resolución contempla, además, que el procurador general pueda modificar las funciones y el objeto del grupo según las necesidades del servicio. También podrá determinar la ubicación laboral del personal que sea asignado a esta labor de seguimiento.

Vigilancia preventiva y protección ambiental

El acto administrativo incluye funciones preventivas para identificar, evaluar y mitigar riesgos que puedan afectar derechos individuales y colectivos, recursos naturales, biodiversidad y patrimonio cultural. Asimismo, contempla estrategias de interlocución para prevenir situaciones que comprometan la conservación ambiental y la protección cultural.

Otra responsabilidad consiste en verificar el cumplimiento de las obligaciones de las entidades públicas en materia ambiental, conservación de recursos naturales y protección cultural, mediante acciones de control de gestión que permitan promover medidas preventivas o correctivas cuando las circunstancias lo ameriten.

El desafío de garantizar los derechos Wayuu

La creación de este grupo establece un mecanismo especializado de seguimiento institucional frente a una sentencia que exige respuestas para las comunidades Wayuu de los cuatro municipios. Su trabajo deberá permitir examinar las actuaciones de las autoridades y las dificultades que persisten en la atención de las necesidades básicas de la población.

El reto será que la vigilancia se traduzca en avances verificables en el acceso al agua potable, la alimentación y los servicios de salud, especialmente para niñas, niños y adolescentes. La resolución define las responsabilidades del equipo, mientras que los resultados dependerán del seguimiento que se realice y de la respuesta de las entidades competentes.