Fujimorismo insiste en facultades legislativas para reformas que afectarían derechos de pueblos indígenas

La Comisión de Constitución del Senado en Perú debatirá este jueves 15 de octubre una nueva versión de predictamen para otorgar facultades legislativas al gobierno de Keiko Fujimori. El texto enfrenta cuestionamientos de orden político y constitucional, al incluir materias que ya habían sido descartadas en la Cámara de Diputados. Uno de los puntos sensibles es la reincorporación de cambios legales que podrían afectar los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

La Cámara de Diputados ya aprobó una propuesta legislativa para que el Ejecutivo dicte normas solamente sobre seguridad y la emergencia por el fenómeno de El Niño. Este texto no incluía asuntos sobre medio ambiente o pueblos indígenas.

Pero este jueves, la Comisión de Constitución del Senado revisará un texto distinto. El presidente de este grupo, el fujimorista Carlos Mesía, distribuyó una versión que incluye dos artículos con menciones a los pueblos indígenas.

El artículo 2.2.8 plantea otorgar facultades legislativas sobre expropiación de predios para proyectos de infraestructura. Y el artículo 2.2.10 contempla medidas para agilizar la liberación de interferencias para la ejecución de obras. En ambos se hace mención al respeto de los derechos de los pueblos indígenas u originarios.

Simplificación y expropiaciones

Consultada sobre el tema por Mongabay Latam, la senadora peruana Ruth Luque expresó su preocupación por el artículo 2.2.8. “Esta disposición pretende autorizar al Ejecutivo para modificar normas sobre adquisición, expropiación, saneamiento y transferencia de predios para proyectos de infraestructura. Estamos hablando de facultades amplias que no se limitan expresamente a las obras necesarias para atender el fenómeno de El Niño”, advirtió.

Según observa Luque, la redacción general del citado artículo no genera garantías para la protección de los derechos territoriales colectivos y el Gobierno podría “apartarse de obligaciones constitucionales e internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas”.

Guisela Loayza Álvarez, asesora legal de Cuencas Sagradas, una alianza de 25 organizaciones indígenas de Perú y Ecuador, considera que este artículo representa un peligro porque básicamente tiene fines de simplificación.

“El Gobierno busca facilitar expropiaciones y eso es lo que más nos preocupa. Se piensa ejecutar o regularizar proyectos de inversión como carreteras de distintas magnitudes, bajo la declaratoria de necesidad pública, así como proyectos de servicios públicos como en telecomunicaciones”, explicó.

Richard O’Diana Rocca, abogado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), advirtió que el artículo 2.2.10. genera una bandera roja de alerta, debido a que muchos proyectos de infraestructura como los helipuertos, carreteras o puentes se ejecutan “sin proteger al medio ambiente y generan el desplazamiento de pueblos indígenas u originarios”.