Gobierno de Colombia expide el Decreto 1525 de 2026 para regular la protesta social

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó el Decreto 1525 de 2026. La medida modifica los protocolos de actuación institucional para la regulación de la manifestación pública en el territorio nacional, en medio de un clima de alta expectativa política.

Durante un pronunciamiento oficial, el jefe de Estado reiteró que la manifestación es un derecho protegido por la Constitución, pero remarcó que este no faculta la realización de agresiones, la destrucción del patrimonio público o privado ni el bloqueo de servicios de emergencia.

Asimismo, la normativa aclara el esquema de supervisión operativa y dispone que la fuerza pública guarde una distancia de acompañamiento preventivo respecto a los bloques de manifestantes.

Decreto 1525 Abelardo de la Espriella

El Decreto 1525 faculta la acción directa y focalizada de los cuerpos de seguridad en caso de detectarse el uso de armas, artefactos explosivos, agresiones contra la ciudadanía o la instalación de retenes ilegales. A su vez, garantiza la protección especial para misiones médicas, la prensa y los servidores públicos que cubran o atiendan las jornadas.

Entre las disposiciones centrales, la norma ratifica la prohibición del uso de armas de fuego por parte de la Policía en escenarios de protesta, excluye la intervención directa de las Fuerzas Militares y establece un escalafón gradual de cinco niveles de respuesta —desde la mediación hasta la disuasión— para garantizar el orden sin vulnerar el ejercicio legítimo de la protesta pacífica.

Monitoreo en principales ciudades y agenda legislativa

El alcance del nuevo decreto se pondrá a prueba durante las concentraciones previstas en Bogotá, Cali y Medellín, impulsadas por organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y diversos sectores sociales.

Esta coyuntura coincide con el trámite de proyectos de ley impulsados por la administración de De la Espriella en el Congreso de la República, los cuales incluyen la discusión de un estatuto antiterrorista y una ley de sometimiento para grupos armados al margen de la ley.