El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, destituido por corrupto, deberá afrontar un segundo juicio oral y público. Esta vez por el caso Tajy, relacionado con una presunta compra simulada de insumos para la elaboración de panificados durante la pandemia. El Tribunal de Apelación integrado por Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni confirmó la resolución del juez Humberto Otazú que dispuso elevar la causa a juicio. La acusación comprende supuestos hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. En este caso, tres funcionarios ya admitieron el descarado robo en plena pandemia.
El Ministerio Público sostiene que la operación ocasionó un perjuicio de G. 306.188.500 a la Municipalidad de Ciudad del Este, que es manejada por el Clan Prieto desde 2019.
Miguel Prieto y su exnovia Emili Vanesa Florentin
La investigación apunta a pagos por mercaderías que, según la acusación, nunca ingresaron a la institución, aunque se tramitaron documentos para respaldar la compra.
La contratación se realizó por la vía de la excepción, entre marzo y junio de 2020, para adquirir insumos destinados a la producción de panificados para familias de escasos recursos. Según la Fiscalía, la administración de Prieto efectuó el pago cuestionado el 11 de junio de aquel año.
Con la confirmación de la apertura del juicio, corresponde integrar el Tribunal de Sentencia que examinará las pruebas y determinará las responsabilidades.
Uno de los puntos centrales del caso es la capacidad de la proveedora Tajy Servicios Generales, firma unipersonal de Buenaventura Morínigo, ya fallecido y señalado como tío de Emili Vanessa Florentín Páez, entonces pareja de Prieto.
La empresa tenía domicilio en Juan León Mallorquín y sus antecedentes la vinculaban con la construcción de pozos artesianos. La Fiscalía sostiene que carecía de capacidad operativa y de existencias para suministrar los alimentos adjudicados.
Los antecedentes periodísticos también recogen que Morínigo había desconocido el contrato y negado haber firmado los documentos de la operación. En su domicilio no se observaron indicios de un depósito de alimentos.
A esto se suman las inconsistencias señaladas en la investigación, entre ellas actas de recepción con fechas anteriores a las supuestas compras efectuadas por la proveedora.
La acusación atribuye a Prieto, como ordenador de gastos, haber direccionado la contratación hacia una empresa vinculada a su entonces pareja, Emili Vanesa Florentín.
El fiscal Silvio Corbeta afirmó que los documentos reunidos, incluidos antecedentes de la Contraloría, permiten sostener en juicio que la firma no realizaba la actividad necesaria para proveer insumos de panadería. Estas afirmaciones deberán ser debatidas durante el juzgamiento.
SIETE ACUSADOS IRÁN A JUICIO
Además de Miguel Prieto Vallejos, fueron enviados a juicio oral Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, abogado, exdirector de Administración y Finanzas de la Municipalidad, actualmente planillero con un super salario y presidente del partido Yo Creo; Emili Vanessa Florentín Páez, exnovia de Prieto, y actual planillero en la comuna con jugoso salario; Robert Osmar Florentín Silvero; Sebastián Martínez Insfrán, concejal rastrero; Alex Yamal Samhat González e Higinio Ramón Acuña. La acusación fue sostenida en la audiencia preliminar por los fiscales Silvio Corbeta y Verónica Valdez.
ADMITIERON LOS HECHOS PUNIBLES
La situación procesal es diferente para Maggi Elizabeth Fariña Almada, Nelson Alexis Segovia Acevedo y Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, quienes reconocieron los hechos y obtuvieron la suspensión condicional del procedimiento.
En cuanto a Buenaventura Morínigo, el juzgado declaró extinguida la acción penal y dictó su sobreseimiento definitivo por fallecimiento. Por tanto, ninguno de ellos integra el grupo de siete personas remitidas a juicio.
CASO TÍA CHELA SIGUE EN PLENO DESARROLLO
La confirmación del caso Tajy se produce mientras Prieto ya enfrenta el juicio oral por el caso Tía Chela, relacionado con la adquisición de kits de alimentos durante la emergencia sanitaria.
En ese expediente, la Fiscalía sostiene que hubo un perjuicio de aproximadamente G. 2.130 millones. El proceso se encuentra en la etapa de producción de pruebas documentales.
El Tribunal de Sentencia de Tía Chela está integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel. Durante la audiencia del martes 13 de octubre, el colegiado advirtió a los acusados que preparen sus defensas ante una eventual calificación de los hechos como estafa y producción de documentos no auténticos, además de las figuras por las que fueron llevados a juicio. La advertencia procesal no constituye una condena ni una determinación anticipada de culpabilidad.
https://ahoracde.com/caso-tajy-confirman-segundo-juicio-oral-contra-miguel-prieto-por-robo-en-pandemia/
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