Diputado del FA denuncia penalmente a Laura Fernández y a Rodrigo Chaves 

El diputado Antonio Trejos, del Frente Amplio (FA), presentó este miércoles una denuncia penal ante la Fiscalía General para que se investiguen las actuaciones de la presidenta de la República, Laura Fernández, y del exmandatario y actual ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, relacionadas con el nombramiento de Pablo Martínez Bertozzi como director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).

La denuncia, fechada este 15 de octubre, solicita determinar si Martínez cumplía con el grado policial mínimo exigido legalmente cuando fue nombrado director de la DIS, el 1.º de junio.

Trejos pide investigar específicamente:

• Rodrigo Chaves, por su eventual participación, como ministro de la Presidencia, en el procedimiento administrativo que culminó con el nombramiento.
• Laura Fernández, por la intervención que eventualmente hubiera tenido, como presidenta de la República, en el procedimiento que originó la designación.
• Otros funcionarios que hayan participado en el proceso de nombramiento y cuya identidad pueda determinar la Fiscalía.

Cuestiona requisito

El legislador fundamenta su denuncia en el artículo 65 de la Ley General de Policía, según el cual los directores de los cuerpos policiales deben ostentar, como mínimo, el grado de comisionado de policía.

Trejos también cita criterios de la Procuraduría General de la República que, según el documento, han establecido que esa exigencia alcanza a la DIS.

Uno de los elementos centrales de la denuncia es una respuesta que Casa Presidencial brindó en agosto a una consulta periodística sobre Martínez.

“El señor Pablo Bertozzi Martínez no ostenta rango policial”, respondió entonces Presidencia, según la documentación incorporada por Trejos.

Además, el diputado señala que una respuesta del Ministerio de Seguridad Pública del 4 de setiembre incluyó un listado de las personas que ostentan al menos los grados de comisionado y comandante, en el cual Martínez no figura.

Trejos pide a la Fiscalía determinar si los hechos podrían encuadrarse en el delito de nombramientos ilegales, contemplado en el artículo 344 del Código Penal.

Ese artículo sanciona al funcionario público que proponga o nombre para un cargo a una persona que no reúna los requisitos legales.