
En la tarde de este lunes, la fiscal Blanca Zaracho encabezó una entrega vigilada en el local “Torres Comercial”, ubicado en Barrio Obrero de Asunción, para desarticular un esquema de cobro extorsivo, que exigía a la víctima montos exorbitantes bajo la amenaza constante de destruir su entorno familiar.
La investigación se inició tras la denuncia de la afectada, quien en junio del año pasado adquirió un bien por un valor total de aproximadamente G. 3.900.000, incluyendo intereses. Tras sufrir la pérdida de su puesto de trabajo, la mujer cayó en una mora temporal en el pago de sus mensualidades. Al intentar ponerse al día una vez reincorporada al ámbito laboral, la casa comercial le informó que la deuda había sido supuestamente “tercerizada” y la derivó con un presunto abogado gestor.
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A partir de allí, lo que debió ser una renegociación mercantil ordinaria se transformó en una pesadilla sistemática de hostigamiento.
Amenazas de escrache, bullying escolar y cobros en cuentas personales
Según los audios y capturas de WhatsApp, el supuesto cobrador y abogado elevó progresivamente el nivel de amedrentamiento. No contento con publicar la imagen de la mujer en redes sociales bajo falsas acusaciones de “estafa” y acosar a sus parientes, el sujeto amenazó directamente con viralizar mensajes difamatorios en los grupos de padres del colegio de su hija para que la niña sufriera bullying.

Asustada por la integridad de su familia, la víctima cedió y comenzó a realizar giros de dinero.
Sin embargo, las transferencias no iban al comercio, sino al alias personal del presunto abogado, quien le remitía fotografías de comprobantes informales sin validez legal. Pese a que la denunciante ya había abonado más de G. 1.900.000 mediante estas operaciones, el extorsionador volvió a exigirle la suma de G. 6.150.000 en concepto de un “cierre definitivo”.
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Le impuso además un interés arbitrario de G. 8.000 diarios sobre cuotas ya vencidas, configurando un evidente esquema usurario. Para consumar el pago, el sujeto citó a la víctima en la mismísima sede del comercio de Barrio Obrero.
Billetes marcados y la huida del sospechoso
Ante la gravedad del hostigamiento, que incluyó un ultimátum fijado para las 18:00 del mismo día bajo la amenaza de que “otra sería su historia”, la representación legal de la víctima recurrió a la Fiscalía.
Tras obtener la orden del Juzgado de Garantías, la comitiva montó el operativo. Se fotocopiaron billetes por un valor de G. 6.150.000 y la mujer ingresó al comercio para realizar la transacción fingida.

Durante el procedimiento, los agentes procedieron a cotejar la documentación y a incautar el dinero previamente marcado. Si bien la transacción física se concretó en las instalaciones de Torres Comercial, el presunto abogado coaccionador no se presentó en el sitio. Ante esta situación, la Fiscalía busca confirmar su verdadera identidad y comprobar si cuenta con matrícula profesional ante la Corte Suprema de Justicia.
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Presente en el lugar durante la inspección fiscal, Nelson Torres, gerente de Torres Comercial, intentó desligar a la casa de electrodomésticos de la situación.
El comerciante sostuvo que la firma posee el pagaré físico en regla y que no incurrieron en ninguna irregularidad. Mencionó que solo mantienen un contrato con la empresa “Seinco Cobranzas” para realizar gestiones de cobro extrajudicial a cambio de comisiones.
“Nosotros lo único que hacemos es trabajar. Le pasamos a la empresa solo nombre y apellido, no el pagaré. Yo no sé cómo ellos cobran ni le puedo decir a una empresa externa cómo trabajar”, argumentó Torres.
Aseguró que el pagaré físico siempre estuvo en el sistema del comercio y que la cliente fue a abonar por caja de manera voluntaria. Pese a las declaraciones del propietario, la fiscala Zaracho confirmó que se abrió una investigación penal integral.
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