Kast pide a la oposición “no cobrar facturas políticas” e insta a apoyar agenda de seguridad

El presidente José Antonio Kast elevó este martes el tono de sus cuestionamientos a la oposición y emplazó a los parlamentarios a respaldar los proyectos de seguridad impulsados por su gobierno, advirtiendo que quienes rechacen las iniciativas deberán asumir la responsabilidad política de sus decisiones ante la ciudadanía.

Las declaraciones fueron realizadas durante el Foro Regional del Desarrollo (Fodere), celebrado en Copiapó, donde el Mandatario abordó materias relacionadas con educación, inversión y seguridad pública, dedicando la parte final de su intervención a cuestionar las dificultades legislativas que enfrenta el Ejecutivo.

“Disculpen que levante la voz, pero cuando hablamos de la seguridad de los chilenos tenemos que estar todos unidos. No hay ideología que nos pueda separar”, afirmó Kast, en uno de sus pronunciamientos más críticos hacia los sectores opositores desde que asumió la Presidencia.

El cambio de tono contrasta con los llamados al diálogo y a la colaboración política que el jefe de Estado había mantenido durante las últimas semanas, en medio de resultados desfavorables en encuestas de opinión y de un escenario económico marcado por cifras de bajo crecimiento.

Durante la inauguración de la Semana de las Pymes, por ejemplo, Kast había insistido en la necesidad de alcanzar acuerdos transversales en materias como seguridad y empleo, planteando que las diferencias partidarias debían quedar subordinadas a las principales urgencias nacionales.

Sin embargo, en Copiapó adoptó un discurso más confrontacional, especialmente respecto de la tramitación de la reforma constitucional de seguridad y otras iniciativas destinadas a fortalecer las atribuciones del Estado frente al crimen organizado.

El Presidente reconoció que existen conversaciones en el Senado para perfeccionar la propuesta constitucional y que las discrepancias forman parte del debate democrático. No obstante, advirtió que los legisladores deberán responder por sus votaciones.

“Pero los que voten en contra de la seguridad, que se hagan cargo”, manifestó.

También cuestionó a quienes rechazaron la ampliación de los plazos de retención de extranjeros en situación migratoria irregular, medida que el Ejecutivo considera necesaria para facilitar los procedimientos de expulsión.

Kast sostuvo que el plazo actual de cinco días dificulta la identificación, retención y traslado de personas extranjeras sujetas a procedimientos de expulsión, especialmente cuando se encuentran involucradas en actividades delictivas.

En ese contexto, hizo referencia a cinco personas que, según señaló, participaron en hechos de violencia ocurridos durante el domingo, vinculando el episodio con la necesidad de fortalecer las herramientas legales disponibles.

El Mandatario también dirigió un mensaje a la Cámara de Diputados, solicitando que las diferencias políticas con su administración no condicionen la discusión de proyectos relacionados con la seguridad ciudadana.

Pidió a los parlamentarios no utilizar estas iniciativas para ajustar cuentas con el Gobierno y sostuvo que las instituciones policiales necesitan mayores atribuciones y respaldo legislativo para enfrentar la delincuencia.

Asimismo, cuestionó a los sectores que han recurrido al Tribunal Constitucional para impugnar determinadas disposiciones de la agenda gubernamental.

Aunque reconoció que la presentación de estos requerimientos constituye un derecho legítimo, señaló que sus promotores deberán explicar sus decisiones ante la opinión pública.

Las declaraciones se producen en medio de nuevas tensiones entre La Moneda y los partidos de oposición, particularmente después de la decisión de la bancada del Socialismo Democrático de reemplazar al senador Pedro Araya, del PPD, en la presidencia de la Comisión de Constitución del Senado.

Araya había desempeñado un papel relevante en las conversaciones con el Ejecutivo para avanzar en una reforma constitucional de seguridad, trabajando junto a los senadores Andrés Longton, de Renovación Nacional, y Arturo Squella, del Partido Republicano.

Sin embargo, una decisión impulsada por el jefe del comité del Socialismo Democrático, Juan Luis Castro, del Partido Socialista, determinó su reemplazo por el senador Vlado Mirosevic, del Partido Liberal.

La medida provocó diferencias dentro del bloque opositor y cuestionamientos desde el oficialismo, debido al papel que Araya había desempeñado como interlocutor en las negociaciones legislativas.

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, criticó el lunes la decisión y planteó que podría estar imponiéndose entre algunos sectores opositores una estrategia orientada a rechazar las iniciativas del Ejecutivo.

Alvarado reconoció que esa posición forma parte del debate democrático, pero sostuvo que corresponderá a la ciudadanía evaluar sus consecuencias políticas.

Aunque Kast no mencionó directamente el reemplazo de Araya durante su intervención en Copiapó, fuentes del Gobierno vincularon el endurecimiento de su discurso con las dificultades que ese episodio podría generar para la tramitación de la reforma de seguridad.

En La Moneda consideran que el cambio en la presidencia de la comisión representa un nuevo obstáculo para las negociaciones y estiman necesario reforzar el llamado a los parlamentarios para avanzar en las iniciativas destinadas a combatir el crimen organizado.

El Ejecutivo había contemplado una estrategia de mayor presión política sobre la oposición desde la presentación de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), considerando la relevancia que la seguridad pública tiene entre las preocupaciones ciudadanas.

Sin embargo, ese diseño había sido moderado debido a los cuestionamientos provenientes tanto de la oposición como de sectores oficialistas a determinados aspectos de la reforma constitucional.

Las declaraciones de Kast marcan así un nuevo momento en la relación entre el Gobierno y el Congreso, con una postura presidencial más exigente frente a los partidos opositores y con la agenda de seguridad como uno de los principales puntos de confrontación legislativa. (NPChatGPT-La Tercera)