San Luis aprobó tres leyes clave impulsadas por Poggi

La Cámara de Senadores de San Luis convirtió en ley este martes 20 de octubre tres proyectos impulsados por el gobernador Claudio Poggi: el Programa de Desendeudamiento y de Incentivo al Consumo Familiar, la Ley de Innovación Financiera para la Inversión y el Desarrollo Socioeconómico y el Plan Maestro del Agua 2026–2036. Las iniciativas fueron aprobadas por mayoría, con el respaldo del oficialismo y el rechazo de la oposición, que cuestionó su implementación, financiamiento y mecanismos de control.

El proyecto que concentró mayor atención fue el de desendeudamiento familiar, que busca facilitar la refinanciación de deudas de consumo y estimular las compras en comercios locales. Las otras dos normas establecen un marco para incorporar herramientas financieras digitales y planificar la gestión del agua durante la próxima década.

Desendeudamiento familiar: quiénes podrán acceder y cuáles son las condiciones

La ley contempla dos programas complementarios. El primero está dirigido a personas que acrediten al menos dos años de residencia ininterrumpida en San Luis y tengan deudas de consumo con una mora superior a 90 días al momento de la sanción de la norma. Los montos alcanzados y otros aspectos operativos deberán definirse mediante la reglamentación.

El Estado provincial no asumirá el pago de las deudas particulares. En cambio, podrá otorgar beneficios impositivos sobre Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos para incentivar a las entidades financieras adheridas a ofrecer planes de refinanciación más accesibles.

Las condiciones previstas incluyen plazos de amortización de al menos 24 meses, un período de gracia mínimo de dos meses y una tasa de interés que no supere en más de 10 puntos porcentuales la tasa TAMAR publicada por el Banco Central. Las operaciones no podrán incorporar gastos administrativos, comisiones ni honorarios adicionales.

Uno de los límites centrales establece que la cuota mensual no podrá superar el 30% de los ingresos del grupo familiar. Además, la norma permite consolidar deudas contraídas con distintas entidades e incluir obligaciones pendientes por servicios públicos provinciales, como Edesal, de acuerdo con la reglamentación.

El segundo programa apunta a estimular el consumo mediante descuentos, reintegros, promociones y otros beneficios en comercios de San Luis. A cambio, las entidades participantes podrán acceder a un crédito fiscal equivalente al 25% de los beneficios efectivamente otorgados a los consumidores.

Durante el debate, el senador oficialista Martín Olivero defendió la intervención estatal para acompañar a los hogares endeudados. Reconoció que la iniciativa no resolverá por sí sola los problemas económicos, pero sostuvo que puede ayudar a las familias a reorganizar sus compromisos financieros.

Desde la oposición, Hugo Olguín cuestionó los beneficios tributarios para las entidades y advirtió que extender los plazos puede reducir el valor de las cuotas sin necesariamente disminuir el costo total de la deuda. También reclamó una recomposición salarial para atender las causas del endeudamiento.

La aplicación efectiva del programa dependerá de la reglamentación y de la adhesión de las entidades financieras, que deberán presentar propuestas ajustadas a los requisitos establecidos.

Innovación financiera: activos digitales y cuestionamientos por los controles

La segunda iniciativa aprobada establece un marco para incorporar herramientas tecnológicas y activos digitales al sistema financiero provincial, con el objetivo de promover la inversión y el desarrollo económico.

El senador oficialista Adolfo Castro Luna defendió la actualización de los instrumentos disponibles para la administración pública y destacó la posibilidad de utilizar tecnologías que permitan mejorar la seguridad y la trazabilidad de las operaciones.

Durante su exposición, aclaró que la norma no implica crear una moneda provincial ni establece la obligación de utilizar los activos digitales que eventualmente se emitan.

Desde la oposición, Hugo Olguín cuestionó las facultades que el proyecto otorga al Poder Ejecutivo para crear y emitir activos, determinar sus condiciones de uso y establecer su respaldo. También advirtió sobre la necesidad de fortalecer los controles legislativos y planteó objeciones a las disposiciones que permiten contrataciones directas de proveedores tecnológicos.

El legislador, además, señaló una contradicción entre la promoción de nuevas herramientas financieras y el tratamiento del endeudamiento familiar. Según planteó, la expansión de los instrumentos digitales también genera desafíos vinculados al acceso al crédito y a las deudas de consumo.

Plan Maestro del Agua 2026-2036: planificación y dudas sobre el financiamiento

La tercera ley establece una planificación para la gestión del agua en San Luis durante los próximos diez años. El documento busca orientar las políticas de abastecimiento, infraestructura, uso productivo y preservación del recurso hídrico.

Durante el debate, Castro Luna destacó la importancia de administrar un recurso condicionado por las características climáticas de la provincia. También señaló la necesidad de mejorar los sistemas de medición, modernizar la infraestructura y aumentar la eficiencia del riego.

Como ejemplo de los desafíos pendientes, mencionó que la eficiencia del riego en el Valle del Conlara se ubica en torno al 29%.

Desde la oposición, el senador Sergio Moreira cuestionó la falta de compromisos presupuestarios concretos y consideró que la norma no establece garantías suficientes para asegurar la ejecución de las obras previstas.

También reclamó plazos definidos, compromisos de gestión y mecanismos de seguimiento legislativo. Como antecedente, comparó la iniciativa con el Plan Maestro del Agua 2012–2025, que, según señaló, contemplaba instancias de evaluación anual.

Pese a las objeciones opositoras, las tres iniciativas obtuvieron la mayoría necesaria en el Senado y completaron su trámite legislativo. Con la sanción de las normas, el Gobierno provincial contará con nuevas herramientas para promover la refinanciación de deudas familiares, incorporar instrumentos financieros digitales y planificar la gestión hídrica hasta 2036.