El Gobierno de Canarias presentó el 16 de octubre, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), el borrador de la Ley del Litoral de Canarias, que aborda la regulación de los charcos y las piscinas naturales y plantea ordenar los pueblos costeros tradicionales evitando su crecimiento. La futura norma se aplicará a los 1126 kilómetros de litoral que contabiliza el Gobierno canario, hoy regidos por la Ley de Costas estatal de 1988.
Lo explicó el catedrático de Derecho Administrativo Francisco Villar ante unas 200 personas. Según la nota del Gobierno de Canarias, los charcos y las piscinas naturales son espacios de baño tradicionales, distintos de las playas, que necesitan una regulación adaptada a su realidad. La ley estatal ni siquiera los nombra.
Un borrador presentado en el I Congreso de Costas Canarias
El texto se presentó en el I Congreso de Costas Canarias, celebrado el 15 y el 16 de octubre y organizado por la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. Su director general, Antonio Acosta, destacó que la presentación abre un proceso de participación. En marzo, al lanzar la consulta previa, había resumido el objetivo: equilibrar el desarrollo económico y social con la protección de los ecosistemas del litoral.
Charcos y piscinas naturales, con una regulación adaptada a su realidad
En buena parte de las islas la costa es abrupta, de roca volcánica, y el baño se hace en charcos entre las piedras o en vasos construidos junto al mar. Poco tienen que ver con una playa de arena, y hace años que se recomiendan las piscinas naturales como alternativa a la playa.
Un ejemplo es La Maceta, en La Frontera (El Hierro). En noviembre de 2024, Acosta visitó las obras de mejora y ampliación de sus vasos, con un presupuesto de 495.303 euros de fondos europeos Next Generation EU. Esas obras y las de Cascadas del Mar necesitaron permisos autonómicos y estatales, y la nueva ley quiere fijar un marco claro de competencias y procedimientos que refuerce la seguridad jurídica.
Los charcos del intermareal, la franja que el mar cubre y descubre con las mareas, son además pequeños ecosistemas. «Actúan como zonas de refugio y guardería para muchas especies marinas», explicó en mayo el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, en las piscinas de La Laja, en Gran Canaria.
Servidumbres de 100 y 6 metros y accesos cada 200 metros
El borrador aborda también la clasificación de los tramos de costa, la compatibilidad de usos, la regeneración de las playas y las servidumbres de protección, tránsito y acceso al mar, franjas de terreno privado con limitaciones para proteger la costa.
La Ley de Costas fija la de protección en 100 metros tierra adentro desde la ribera del mar. La de tránsito ocupa 6 metros que deben quedar libres para el paso de peatones y de los vehículos de vigilancia y salvamento. En zonas urbanas exige un acceso peatonal al mar como máximo cada 200 metros.
Es la misma ley estatal que permite poner multas de 750 euros por un gesto muy habitual en las playas, y sigue siendo la base. Sobre el acceso peatonal, Villar pidió interpretar sus criterios teniendo en cuenta la accesibilidad y los derechos de las personas.
Ese punto ya salió en la consulta previa: según el informe oficial de alegaciones, una particular pidió pasarelas que lleguen al agua para personas con movilidad reducida. El borrador crea también el Foro del Litoral, un órgano de participación y coordinación.
Pueblos costeros tradicionales: ordenarlos sin que crezcan
El otro gran capítulo son los núcleos costeros tradicionales, los barrios de pescadores y casas a pie de mar repartidos por las islas. El borrador plantea reconocer sus valores históricos, pesqueros, marítimos y sociales, ordenarlos, mejorar sus servicios básicos y proteger su carácter, evitando que crezcan o se extiendan.
Fue uno de los asuntos que más se repitió en la consulta previa, que recibió 45 alegaciones entre marzo y abril, según el informe que firmó en agosto la Dirección General de Costas. Catorce, casi un tercio, se centraron en estos núcleos, y algunas pidieron frenar su crecimiento y su turistificación y resolver con urgencia el saneamiento.
En ese informe, el Ayuntamiento de Tazacorte, en La Palma, pidió regularizar y proteger el núcleo de La Bombilla para garantizar su permanencia y la de sus habitantes.
El propio Gobierno admite que en las islas no es viable retirar de forma generalizada las actividades humanas hacia el interior, aunque entre sus objetivos incluye reubicar núcleos del litoral cuando sea necesario.
Calidad del agua y seguridad, en otra norma
Un charco también se cierra. En 2026, Salud Pública aconsejó cerrar las piscinas naturales de Bajamar, en Tenerife, por una contaminación de corta duración, uno de los 11 avisos de ese tipo que dio en la isla hasta septiembre.
Esos análisis buscan bacterias de origen fecal. De 1782 determinaciones, el 99 % salió limpio, como suele pasar con las aguas de baño españolas.
«Las banderas no están para decorar nuestras playas», dijo en julio Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, al presentar la campaña contra los ahogamientos.
Los servicios de emergencia cuentan más de 200 ahogados en las islas entre enero de 2023 y julio de 2026. Esa parte no la arregla la Ley del Litoral: la justicia anuló en septiembre de 2023 el decreto de seguridad de 2018, y el Gobierno prepara otro marco.
Lo que el borrador todavía no dice
Del borrador se conocen las ideas que contó Villar, no sus artículos. Todavía no se sabe si los charcos tendrán horarios, vigilancia propia o un permiso más sencillo para arreglar una escalera o un muro.
«Es urgente pasar a una gestión local y singularizada en el litoral», defendió en el mismo congreso el arquitecto Juan Palop–Casado, presidente de la Fundación Canaria Instituto 20grados. El margen, con todo, tiene techo: el artículo 157 del Estatuto de Autonomía da a Canarias la ordenación del litoral, pero respetando el régimen general del dominio público.
El catedrático Ángel Menéndez–Rexach, de la Universidad Autónoma de Madrid, recordó allí otro hueco: la Ley de Costas no define qué es el litoral.
El informe de la consulta previa describe la ley de 1988 como un marco lo bastante abstracto para aplicarse igual en el Mediterráneo, en el Cantábrico o en las islas. Cataluña, Galicia y la Comunitat Valenciana ya tienen leyes propias, y la catalana también trajo polémica.
El Gobierno de Canarias contó la presentación del borrador el 16 de octubre de 2026 en una nota de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.
Foto: Diego Delso / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
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