El espíritu de estas iniciativas se centra en fortalecer el recaudo fiscal y proveer liquidez al Tesoro Nacional, promoviendo la cultura de la legalidad y la reactivación económica mediante mecanismos de normalización tributaria y parafiscal bajo estrictos estándares de moralidad pública.
Asimismo, sus propuestas buscan blindar las finanzas territoriales garantizando pisos mínimos del 90% en el Sistema General de Participaciones, instaurar un control político cuatrimestral sobre la ejecución regionalizada, agilizar la reconstrucción posdesastre y asegurar justicia contributiva vial para que los peajes no concesionados se reinviertan en el departamento generador.
Paralelamente, para el departamento del Cesar se consolidó una inversión regionalizada de $2.289.985 millones un 2,4% del total nacional con una inversión pero capita de $1,5 millones, logrando un incremento de $155.997 millones frente al informe preliminar.
Mientras tanto para Educación Superior la Estampilla Pro Universidad Ley 1697 se le asignarán $6.940 millones, fomento y permanencia $1.666 millones, Bienestar Institucional Universidad Popular del Cesar – Valledupar $1.639 millones y Política de Gratuidad $859 millones eso pone a la educación en el centro del debate en el departamento del Cesar.
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