El fiscal Silvio Corbeta anunció que solicitará en los alegatos finales una modificación de la calificación penal en el caso “Tía Chela”, si el Tribunal no resuelve antes sobre esa posibilidad. Durante la audiencia del lunes 19 de octubre, el Ministerio Público expuso inconsistencias tributarias que, según sostiene, respaldan la existencia de operaciones ficticias para perjudicar a la Municipalidad de Ciudad del Este. El juicio al exintendente Miguel Prieto Vallejos, y su pandilla continuará el próximo lunes 26. Las evidencias cada vez son más contundentes y demuestran que se cometieron los hechos punibles.
Las facturas y los antecedentes tributarios de los proveedores volvieron a concentrar la atención del juicio oral y público desarrollado en Asunción. La Fiscalía sostiene que los documentos examinados permiten reconstruir una presunta cadena de operaciones comerciales utilizadas para justificar la compra de alimentos durante la pandemia.
Corbeta explicó que el proceso continúa bajo la acusación por lesión de confianza y asociación criminal, pero recordó que el Tribunal ya advirtió a las defensas sobre la posibilidad de considerar también los hechos punibles de estafa y producción de documentos no auténticos. Esa advertencia no implica que el cambio de calificación ya haya sido resuelto.
Según el representante del Ministerio Público, si el colegiado no toma una decisión previamente, la Fiscalía formulará el pedido durante los alegatos finales. El planteamiento se apoya en la interpretación fiscal de las pruebas documentales incorporadas al debate.
CRUCE DE FACTURAS EVIDENCIA ILEGALIDAD
Durante la jornada del lunes 19, Corbeta presentó observaciones surgidas de informes de la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). El análisis incluyó el cruce de comprobantes y la revisión de las compras que debían respaldar las ventas realizadas a la despensa barrial Tía Chela.
Entre los casos mencionados figura Patricia Monserrat Santacruz. Según la exposición fiscal, la contribuyente presentó facturas de ventas a la proveedora municipal, pero los productos adquiridos no coincidían con los que posteriormente declaró haber vendido a esa firma.
Otra de las empresas examinadas fue Vanemi S.A., señalada como subproveedora de alimentos. Corbeta indicó que las facturas identificadas con los números 851 y 853 no especificaban la unidad de medida de los fideos, aunque para la reconstrucción del inventario se consideraron presentaciones de cinco kilos.
También mencionó a Nancy Noemí Sosa Ruiz, respecto de quien señaló la falta de una factura de compra de fideos. En el caso de Eladio Ortiz López, afirmó que tampoco fueron presentados comprobantes de adquisición de las mercaderías posteriormente comercializadas.
Para la Fiscalía, estas inconsistencias constituyen indicios de una presunta red de comerciantes que habría generado comprobantes ficticios para respaldar operaciones en perjuicio de la comuna. Esa hipótesis deberá ser valorada por el Tribunal junto con las demás pruebas y los argumentos de las defensas.
TRIBUNAL ADMITE CONVOCATORIA DE UN PERITO
La audiencia también estuvo marcada por una controversia sobre la convocatoria de un perito que analizó firmas atribuidas a un comerciante.
La Fiscalía solicitó su comparecencia, mientras que la defensa planteó un recurso de reposición. Los abogados argumentaron que admitirlo implicaría subsanar una omisión del Ministerio Público, por no haber presentado oportunamente al testigo.
El Tribunal rechazó la reposición y autorizó la convocatoria. Fundamentó su decisión en la facultad de los jueces de disponer la intervención de técnicos o científicos como medida para mejor proveer.
LA CONTRATACIÓN DURANTE LA PANDEMIA
El caso tiene como antecedente la adquisición de 25.000 kits de alimentos en 2020. La acusación sostiene que Tía Chela fue beneficiada con la contratación pese a que no reunía la capacidad necesaria para cumplir con la provisión y atribuye a las operaciones un presunto perjuicio de aproximadamente G. 2.130 millones.
El examen de las facturas apunta a determinar si las compras declaradas tuvieron respaldo comercial y si los documentos utilizados para justificar los desembolsos reflejaban operaciones reales.
El juicio continuará el lunes 26 de octubre, con la discusión sobre las pruebas documentales y la eventual modificación de la calificación penal entre los puntos centrales del proceso. La responsabilidad de los acusados y el alcance jurídico de los hechos permanecen pendientes de resolución.
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