Colombia, laboratorio regional de la guerra con drones

En pocos años, los grupos armados colombianos han transformado drones comerciales, originalmente concebidos para usos civiles, en plataformas utilizadas como armas, pasando de emplearlos para tareas de vigilancia a utilizarlos para atacar a distancia con explosivos, ampliar su radio de acción y desafiar las defensas de las fuerzas de seguridad. La rápida incorporación de drones kamikaze, sistemas controlados mediante fibra óptica y ataques coordinados con múltiples aeronaves refleja una evolución que ha convertido a Colombia en un laboratorio regional de una guerra con drones cada vez más sofisticada, mientras capacidades similares se extienden entre grupos armados y criminales de otros países de Latinoamérica.

La evolución plantea un desafío que va más allá de la incorporación de una nueva arma. Los grupos criminales y armados están adaptando tecnologías comerciales de bajo costo, incorporando conocimientos desarrollados en otros conflictos y modificando sus tácticas con una rapidez que obliga a las fuerzas de seguridad a revisar continuamente sus sistemas de detección, protección e interceptación.

“Ahora, el crimen es capaz de modificar los drones importados y crear nuevos sistemas como los drones enjambre y los drones con uso de fibra óptica”, dice a Diálogo Pablo Uribe Ruan, experto colombiano en seguridad y geopolítica. Según el experto, “este salto tecnológico ha sido en pocos meses. La velocidad de adquisición de conocimiento de los criminales, así como la capacidad para crear nuevos sistemas de drones, es impresionante”.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comenzaron a emplear sistemáticamente drones First–Person View (FPV) en 2023. La posibilidad de que el operador vea en tiempo real lo que ve el dron y corrija su trayectoria durante el vuelo abrió rápidamente nuevas posibilidades ofensivas. De un empleo inicialmente rudimentario para lanzar granadas, los FPV evolucionaron hasta convertirse en plataformas de ataque cada vez más precisas y utilizadas de forma coordinada.

La evolución incorpora además tecnologías y tácticas desarrolladas en Ucrania. Según el Financial Times, personal vinculado a grupos armados colombianos ha viajado al país en conflicto con Rusia para adquirir conocimientos relacionados con el empleo de drones, una transferencia de experiencia que ilustra la velocidad con la que tácticas desarrolladas en un campo de batalla pueden llegar a manos de actores no estatales en otra región.

Los datos recopilados por el Proyecto de Datos sobre Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED) muestran la aceleración del fenómeno. Aproximadamente el 72 por ciento de los 670 eventos con drones utilizados como armas registrados en Latinoamérica desde 2018 ocurrieron entre enero de 2025 y agosto de 2026. Colombia concentra 97 de los 182 municipios de la región donde ACLED registró este tipo de incidentes, lo que la organización describe como el epicentro regional de esta expansión. El número de grupos armados que utilizan drones como armas en el país pasó de cinco en 2024 a 19 en 2026.

Concentrados principalmente en zonas rurales cercanas a los cultivos de coca y a los corredores del narcotráfico, los drones son utilizados no solo contra las fuerzas de seguridad, sino también para vigilancia, control territorial e intimidación de comunidades. Su creciente disponibilidad permite a los grupos armados combinar una tecnología comercial relativamente accesible con explosivos y conocimientos técnicos adquiridos o compartidos entre organizaciones.

De los drones kamikaze a la fibra óptica

Entre los factores que, según los expertos, han favorecido esta evolución figuran la geografía de las zonas donde operan los grupos armados y un efecto imitativo entre las propias organizaciones. Numerosas bases militares y estaciones de policía atacadas se encuentran en áreas rurales y aisladas, difíciles de alcanzar por tierra. Los drones permiten superar parte de esas barreras geográficas y atacar desde mayor distancia, mientras que una innovación introducida por una organización puede ser rápidamente observada y reproducida por otras.

Una de esas innovaciones son los denominados drones kamikaze, desarrollados a partir de plataformas comerciales. A diferencia de los aparatos utilizados para lanzar una granada y regresar, estos sistemas transportan el explosivo integrado en su estructura y están diseñados para impactar directamente contra el objetivo.

Las autoridades colombianas identificaron esta configuración después de ataques contra el cantón militar José Hilario López, en el Cauca, el 25 de abril y el 17 de julio, atribuidos al frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las FARC liderada por Néstor Vera, alias Iván Mordisco. En ambos episodios, las fuerzas de seguridad lograron interceptar los drones e impedir que alcanzaran su objetivo. El examen de los aparatos mostró que, en lugar de lanzar granadas, transportaban el explosivo integrado en su propia estructura.

Un salto adicional está representado por los drones controlados mediante fibra óptica. El 12 de febrero, el ELN utilizó esta tecnología en un ataque contra el cantón militar San Jorge, en Saravena, departamento de Arauca, hiriendo a dos soldados.

Como explica Uribe, “lo que fundamentalmente cambia este sistema de los drones FPV (…) es que elimina la dependencia de enlaces de radio y los sustituye por una fibra que se despliega durante el vuelo y transmite las órdenes y la señal de video”.

La diferencia tiene consecuencias directas para la defensa. Como la conexión entre el operador y el aparato no depende de un enlace de radiofrecuencia, los sistemas convencionales de interferencia electrónica (jamming) no pueden cortar esa comunicación. Las fuerzas de seguridad deben recurrir entonces a otras capas de protección, entre ellas radares, sensores electroópticos e infrarrojos y sistemas capaces de interceptar físicamente la aeronave.

La adaptación ilustra una dinámica que se repite en esta nueva competencia tecnológica: una medida diseñada para contrarrestar una generación de drones puede perder efectividad cuando los grupos armados modifican el sistema de navegación, comunicación o ataque.

Ataques múltiples y saturación de las defensas

La innovación no se limita a los aparatos. También alcanza la forma en que son empleados. Los grupos armados colombianos han pasado de utilizar drones individuales a lanzar ataques coordinados con múltiples aeronaves, descritos por autoridades y medios colombianos como ataques “en enjambre”.

En Ocaña, Norte de Santander, el 4 de septiembre, un ataque atribuido al ELN con al menos 16 drones cargados con explosivos contra el cuartel militar Trapiche mató a tres militares. Meses antes, el 12 de abril, en Timba, municipio de Jamundí, Valle del Cauca, múltiples drones cargados con explosivos, atribuidos a las disidencias de las FARC, atacaron simultáneamente a tropas colombianas e hirieron a dos soldados.

La lógica de estos ataques es la saturación. Varios aparatos que llegan en un período reducido y desde diferentes direcciones pueden obligar a las fuerzas de seguridad a detectar y responder a múltiples amenazas al mismo tiempo. Esa dinámica crea una asimetría de costos: drones comerciales relativamente económicos pueden exigir sistemas de detección, guerra electrónica e interceptación considerablemente más sofisticados.

Ninguna tecnología ofrece por sí sola una respuesta completa. La interferencia electrónica puede resultar efectiva contra determinados enlaces de radio, pero pierde esa ventaja frente a sistemas guiados por fibra óptica. La detección mediante radar y sensores electroópticos aporta otras capas de protección, mientras que la interceptación física del aparato requiere capacidades adicionales. Los ataques con múltiples drones aumentan la presión sobre todas esas defensas al mismo tiempo.

Sin embargo, la amenaza no se limita a las fuerzas de seguridad. “El problema no solo es que son un sistema usado contra la fuerza pública, sino que el crimen organizado también activa los drones enjambres contra población civil ubicada en zonas de conflicto armado, como se ha podido ver en el Catatumbo”, dice Uribe.

A esta dimensión se suma también el reclutamiento de menores. Según un informe de Human Rights Watch (HRW), algunos grupos armados están entrenando a niños para pilotar drones equipados con explosivos. La práctica amplía las capacidades de estas organizaciones  mientras incorpora  a menores reclutados a funciones cada vez más especializadas dentro de las estructuras armadas.

Una respuesta en varias capas

Ante la rápida evolución de la amenaza, Colombia está desarrollando una respuesta que combina capacidades operativas, formación especializada, sistemas contra drones, inteligencia y mayores controles sobre la importación y circulación de estos equipos.

Parte de esa adaptación comenzó antes de la escalada más reciente. En octubre de 2025, el Ejército Nacional activó el Batallón de Aeronaves No Tripuladas (BANOT), una unidad especializada destinada a consolidar capacidades relacionadas con estos sistemas. La estructura incluye compañías dedicadas a operaciones con aeronaves multirrotor y de ala fija, contramedidas electrónicas y mantenimiento.

La capacitación también se ha ampliado. En abril de 2026, el Ejército graduó a 105 nuevos operadores de sistemas de aeronaves no tripuladas, fortaleciendo la capacidad institucional para emplear estas tecnologías en operaciones y responder a su creciente utilización por grupos armados.

A esa estructura se suma el Escudo Nacional Antidrones, anunciado en enero de 2026, con una inversión prevista de más de USD 1680 millones para fortalecer la detección e interceptación de aeronaves no tripuladas. El programa contempla diferentes categorías de sistemas contra drones, incluidas capacidades fijas, semifijas, móviles, portátiles y destinadas a plataformas de superficie.

Colombia también ha reforzado los controles sobre el ingreso de drones y sus componentes. Desde enero de 2026, nuevas disposiciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) exigen una declaración anticipada para su importación y restringen su ingreso al Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, y a los puertos bajo jurisdicción aduanera de Cartagena. La normativa también prohíbe su entrada mediante tráfico postal y envíos urgentes.

En agosto, el Ministerio de Defensa presentó además un proyecto de ley para establecer un marco más amplio sobre la importación, fabricación, comercialización, adquisición, registro, uso, transporte, vigilancia y control de sistemas de aeronaves no tripuladas y sistemas contra drones. La iniciativa se encuentra en trámite legislativo.

El objetivo de estas medidas es dificultar que organizaciones armadas aprovechen una cadena comercial diseñada principalmente para usos civiles. La magnitud de ese mercado muestra la complejidad del desafío: según el Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (UNMAS), el número de aeronaves no tripuladas registradas en Colombia pasó de 55 en 2022 a 7291 en 2025, mientras los pilotos registrados aumentaron de 12 a 4497 en el mismo período.

Una amenaza que cruza fronteras

La velocidad de la innovación también dificulta tratar el fenómeno como un problema exclusivamente colombiano. Las mismas características que han permitido la expansión de los drones entre grupos armados dentro del país —bajo costo relativo, componentes comerciales, intercambio de conocimientos y facilidad de adaptación— favorecen su difusión a través de las fronteras.

“Hay que partir de la base de que el crimen organizado colombiano es transnacional en todo el sentido de la palabra: importa conocimiento y bienes -drones- desde Ucrania, Rusia y Turquía, comparte conocimiento con sus pares en México y el este de Europa, y cada vez genera más conocimiento técnico que le sirve para dejar de ser un neto importador de drones a ser un modificador de drones que pueden ser exportados (…) a Ecuador, Venezuela o Centroamérica”, dice Uribe.

ACLED ya identifica a Ecuador y Brasil como nuevas fronteras en la utilización de drones por organizaciones criminales, mientras México continúa siendo otro de los principales focos regionales. La experiencia colombiana muestra así cómo capacidades desarrolladas en un contexto pueden propagarse rápidamente entre organizaciones y territorios.

La cooperación internacional forma parte de la respuesta. Colombia mantiene con los Estados Unidos cooperación en formación, desarrollo de capacidades operativas, interoperabilidad e intercambio de información y tecnologías. En abril, el Comando Sur de los EE. UU. (SOUTHCOM) estableció el SOUTHCOM Autonomous Warfare Command, una nueva estructura orientada a integrar sistemas autónomos, semiautónomos y no tripulados y a trabajar con socios regionales en el desarrollo de estas capacidades.

Para Colombia y otros países de la región, sin embargo, la carrera tecnológica va más allá de incorporar nuevos equipos. La experiencia colombiana demuestra que los grupos armados pueden observar una vulnerabilidad, adquirir tecnología comercial, adaptar conocimientos procedentes de otros conflictos y modificar sus tácticas en cuestión de meses.

La respuesta requiere por ello combinar inteligencia, entrenamiento, regulación, intercambio de información y defensas capaces de adaptarse a diferentes tipos de amenaza. En un entorno en el que una innovación desarrollada en Ucrania puede aparecer poco después en un ataque en Colombia y posteriormente difundirse a otras organizaciones de la región, la capacidad de aprender y adaptarse con rapidez se está convirtiendo en una ventaja operacional tan importante como la propia tecnología.