Gremio de abogados repudia concurso interno de la Corte Suprema en Alto Paraná y denuncia «cultura del padrinazgo»

El Colegio de Abogados Democráticos del Paraguay (CADEP) emitió un duro pronunciamiento contra la decisión mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de llamar a un concurso exclusivamente interno para cubrir vacancias de Actuarios Judiciales y Jefaturas en la Circunscripción de Alto Paraná. El gremio califica la medida de inconstitucional y advierte que convalida el clientelismo y el «padrinazgo».

A través de un pronunciamiento institucional fechado en Asunción el 23 de octubre de 2026 y firmado por el presidente de su Consejo Directivo, Fabio Almada Duarte, el Colegio de Abogados Democráticos del Paraguay (CADEP) manifestó su absoluto y enérgico rechazo a la reciente determinación de la máxima instancia judicial. La controversia gira en torno a la convocatoria a un concurso de méritos y aptitudes de carácter estrictamente «interno», aprobada por decisión mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia para cubrir cargos vacantes de Actuarios Judiciales y Jefaturas en la Circunscripción de Alto Paraná.

Desde la organización gremial sostienen que esta determinación no solo representa un retroceso en la transparencia institucional, sino que constituye un mensaje de exclusión arbitraria que convalida el clientelismo y vulnera las bases fundamentales de la República. Asimismo, cuestionan que la Corte deforme el espíritu de las normas jurídicas y de sus propias Acordadas, señalando que se tuerce exprofeso la legalidad del servicio civil para favorecer la cultura del «padrinazgo» y la selección interna de «perfiles leales» en detrimento de los profesionales más capacitados.

Vulneración de garantías constitucionales

El CADEP advierte que el llamado cerrado entra en abierta contradicción con el rol de la Corte Suprema como máxima intérprete y garante de las leyes, al violar de manera flagrante tres normativas de la Constitución Nacional.

El gremio denuncia que la resolución pisotea el precepto que consagra la igualdad de todos los habitantes en dignidad y derechos y prohíbe las discriminaciones, al cercenar arbitrariamente la participación de miles de profesionales del derecho independientes del país.

El pronunciamiento remarca que la Carta Magna garantiza a todos los habitantes la igualdad de acceso a las funciones públicas no electivas sin más requisito que la idoneidad. Al respecto, el colegio subraya que la idoneidad se demuestra y contrasta mediante la libre competencia y la confrontación de capacidades de todo el universo de profesionales aptos en el país, y no mediante el blindaje de un sector cerrado.

Los profesionales indican que la disposición judicial infringe la garantía del derecho al trabajo de todos los ciudadanos en condiciones de libertad e igualdad, sin distinción de fueros o corporativismos estatales.

El documento enfatiza que el gremio no acepta un Poder Judicial de puertas cerradas y privilegios corporativos, cuestionando la incoherencia de una institución que dicta normas de transparencia para otros órganos mientras aplica el secretismo y la exclusión hacia los profesionales independientes dentro de su propia casa. «Un verdadero Estado de Derecho no se edifica seleccionando a los afines, sino abriendo las instituciones a la excelencia e idoneidad de toda la ciudadanía», sentencia el comunicado.