América Latina y el Caribe acuerdan impulsar la electrificación, pero crecen los reclamos por la agenda climática

Los ministros y ministras de Energía de los 27 países integrantes de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) concluyeron la XI Semana de la Energía, celebrada en Santo Domingo, con cuatro decisiones estratégicas y una declaración conjunta para avanzar en la transformación del sector.

Entre los compromisos acordados se encuentran impulsar la electrificación de los consumos finales, promover sistemas de almacenamiento energético, estudiar el impacto de la inteligencia artificial en el sector eléctrico y fomentar la economía circular aplicada a las tecnologías limpias.

Además, los representantes resolvieron crear un Consejo Regional de Juventudes en Energía y orientar los subsidios hacia los sectores más vulnerables. Sin embargo, organizaciones ambientales advirtieron que los acuerdos no incorporaron de manera central la crisis climática ni una estrategia para reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles.

La sociedad civil reclama mayor participación

Las organizaciones presentes valoraron la apertura del encuentro y los avances vinculados con la electrificación y la integración regional. No obstante, consideraron necesario establecer mecanismos permanentes para que las comunidades participen en el diseño y la implementación de las políticas energéticas.

La creación del Consejo de Juventudes fue interpretada como un precedente para ampliar la participación social, similar al espacio que ya existe para el sector empresarial. En ese sentido, las organizaciones propusieron avanzar hacia una instancia institucional que represente a la sociedad civil.

También plantearon incorporar criterios de justicia social y equidad en la planificación energética. Según esta perspectiva, las decisiones deben contemplar las necesidades de las comunidades, la distribución de los costos y beneficios y el acceso asequible a la energía.

Los combustibles fósiles, una deuda pendiente

Otro de los principales cuestionamientos fue la ausencia de compromisos concretos para abandonar progresivamente el petróleo, el carbón y el gas. Las organizaciones señalaron que la seguridad energética no debería depender exclusivamente de estos recursos, cuyas emisiones contribuyen al calentamiento global.

Como alternativas, propusieron fortalecer la eficiencia energética, la generación distribuida y la reducción del consumo innecesario. Asimismo, remarcaron que la transición requiere discutir quién financia los cambios, quién obtiene beneficios del modelo actual y cómo se distribuyen los costos económicos.

En consecuencia, reclamaron que el cambio climático se incorpore como un componente central de la seguridad energética regional, en articulación con el proceso iniciado en Santa Marta, Colombia, durante abril, y con la próxima COP31.

Beneficios de una transición energética inclusiva

La electrificación, combinada con una mayor participación de fuentes renovables, puede contribuir a reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire, especialmente cuando reemplaza tecnologías basadas en combustibles fósiles.

Por otra parte, el almacenamiento permite integrar mejor la generación solar y eólica, mientras que la economía circular favorece la recuperación de materiales y disminuye los residuos asociados a las tecnologías limpias. A su vez, una planificación regional coordinada puede mejorar la cooperación y la seguridad del suministro.

Para que estos beneficios lleguen a toda la población, las políticas deben priorizar a los sectores vulnerables y garantizar espacios efectivos de participación. El desafío regional será convertir los acuerdos en medidas concretas que combinen desarrollo energético, protección ambiental y justicia social.