
Lo que comenzó como la esperanza de acceder a una vivienda mediante la conformación de una cooperativa terminó en una denuncia ante la Justicia. Unas 15 familias de Melo, en su mayoría personas de bajos recursos, aseguran haber entregado dinero durante meses, convencidas de que estaban dando pasos para concretar el sueño de la casa propia.
Según relataron las denunciantes, realizaron aportes, pagaron cuotas y organizaron rifas y otros beneficios para reunir fondos. Las dudas surgieron cuando comenzaron a solicitar explicaciones sobre el manejo del dinero y a reclamar la devolución de lo aportado, sin obtener la respuesta esperada.
La mujer señalada en la denuncia tiene vinculación con la política. Entre los aspectos que generan cuestionamientos figura la solicitud expresa para el supuesto pago de honorarios de un arquitecto. Para las denunciantes, esto resulta contradictorio, ya que, según sostienen, el proyecto todavía estaba muy lejos de alcanzar una instancia que justificara ese tipo de intervención profesional.
Además, una de las mujeres que presentó la denuncia afirmó que habría existido documentación adulterada, un señalamiento que deberá ser analizado en el marco de la investigación judicial.
El monto involucrado rondaría los $300.000. Algunas de las damnificadas se contactaron con Cerro Largo Portal y advirtieron que otras personas que también buscan acceder a una vivienda podrían encontrarse en una situación similar, ya que la mujer gestionaba otros dos grupos.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Letrada de Primer Turno, que ya habría tomado conocimiento del material probatorio presentado por las denunciantes. Según fuentes consultadas, no se descarta que esta misma semana comiencen las citaciones en sede judicial.
La investigación deberá esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades. La mujer señalada tendrá la oportunidad de ejercer su defensa, aportar las explicaciones que considere pertinentes y demostrar, si corresponde, que las acusaciones en su contra no se ajustan a la realidad. Por el momento, se trata de denuncias que deberán ser verificadas en sede judicial.
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