Cómo la cocaína, la crisis económica y la corrupción han sumido a Ecuador en el caos total

Las sobrecogedoras imágenes procedentes de Ecuador en la segunda semana del año han hecho que el mundo entero tome conciencia del deterioro de la situación de seguridad en este país sudamericano. El asesinato el pasado mes de agosto del candidato presidencial Fernando Villavicencio por miembros de bandas locales ya había causado conmoción. Pero esta vez, la situación parece haberse descontrolado, con un estado de «guerra interior» decretado por el presidente elegido el año pasado, Daniel Noboa.

Lo más sorprendente es que, hasta hace poco, este país tenía fama de ser relativamente pacífico. En 2016, el país tenía una tasa de homicidios de 5,6 por cada 100.000 habitantes, la segunda más baja del subcontinente, solo por detrás de Chile. La tasa había bajado drásticamente bajo la presidencia de Rafael Correa (2007-2017). En 2011, era cuatro veces superior.

Pero en pocos años, todo cambió. En 2022, la tasa de homicidios subió a 26 por 100.000, un nivel cercano al de Colombia y México, y sólo superado realmente en Sudamérica por Venezuela. Y 2023 ha sido un año de mayor deterioro.

¿Qué ha ocurrido para que este país de 18 millones de habitantes se encuentre en esta situación infernal? Las causas son múltiples. Algunas son externas al país, otras, más numerosas, tienen que ver con la nefasta gestión de las dos últimas administraciones, la de Lenín Moreno, de 2017 a 2021, y la de Guillermo Lasso, de 2021 a 2023.

Ecuador ha sido durante mucho tiempo un centro de exportación de cocaína procedente de plantaciones de Colombia y Perú. El país tiene puertos activos en el Pacífico, sobre todo Guayaquil, desde donde siempre ha sido fácil exportar droga a Norteamérica o Europa, sin ser detectado por las autoridades de los países de origen de la hoja de coca.

Sin embargo, este tráfico se realizaba a menor escala y no suscitaba el mismo nivel de violencia que en la actualidad. Es decir, el reciente deterioro de la situación de seguridad no puede explicarse únicamente por la situación geográfica de Ecuador y su implicación en el tráfico internacional de drogas.

Esta situación parte de dos puntos de inflexión. El primero es el acuerdo alcanzado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC, la guerrilla que controlaba la mayor parte del narcotráfico entre Colombia y Ecuador. Su desmantelamiento ha provocado una especie de «vacío de poder» en la ruta ecuatoriana, en un momento en el que la demanda de cocaína en Occidente no ha dejado de crecer.

Esta situación ha llevado a tres grandes grupos a hacerse con el control de este mercado: los dos grandes cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y la mafia albanesa, que ya organizaba la distribución hacia Europa en la época de las FARC. Estos grupos se han establecido apoyándose en bandas locales, que hasta ahora se habían especializado en formas más tradicionales de delincuencia, pero que ahora se han convertido en agentes locales de los cárteles. Entre ellas se encuentra la de los ya famosos «Choneros», cuya fuga de prisión del líder José Adolfo Macías, conocido como «El Fito», desencadenó el reciente recrudecimiento de la violencia.

Para todos estos grupos, Ecuador es un país muy práctico. Las infraestructuras son de buena calidad y la moneda oficial es el dólar, lo que resulta perfecto para facilitar el blanqueo del dinero del tráfico y minimizar las pérdidas por el cambio en el proceso de distribución. En consecuencia, el país se ha convertido gradualmente en productor de cocaína. En julio de 2023, en un cargamento de plátanos procedentes de Ecuador, una de las exportaciones emblemáticas tradicionales del país, los funcionarios de aduanas holandeses descubrieron nueve toneladas de cocaína con un valor total de 660 millones de dólares. Una cantidad récord.

Pero esta evolución no habría sido posible sin otro factor clave, el deterioro de la situación económica y social del país. La prosperidad de los años de Correa se debió sobre todo a las ganancias inesperadas de los altos precios del petróleo, que el país dispone en abundancia. A diferencia de sus predecesores conservadores, el presidente de izquierdas organizó la redistribución de estas ganancias inesperadas entre los más pobres, el sistema sanitario y el sistema educativo. Esas políticas contribuyeron en gran medida a reducir la desigualdad y la delincuencia en el país.

Pero el modelo económico ecuatoriano no ha cambiado en lo esencial. Y una vez que los precios de las materias primas comenzaron a bajar, la situación se volvió muy difícil para el Estado ecuatoriano. Sobre todo porque, como economía dependiente del dólar, el país debe asegurar constantemente la entrada masiva de dólares en su territorio o reducir la demanda interna en la misma cantidad.

A partir de 2017, la situación se volvió muy preocupante. El anterior sucesor de Correa, Lenín Moreno, abandonó de golpe la política de redistribución y, presionado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), adoptó una brutal política de austeridad. Esta política se centró en los programas sociales y de seguridad. Considerando que la situación era buena en este ámbito, el gobierno hizo recortes masivos en los presupuestos de justicia y de la policía. Incluso se suprimió el Ministerio de Justicia, en el mismo momento en que los cárteles se afianzaban en el país.

Estas decisiones fueron desastrosas. La situación económica se ha deteriorado aún más, provocando disturbios en 2019 y empobreciendo a las clases más vulnerables. Parte de la población se ha visto obligada a colaborar con las bandas y a sumergirse en el narcotráfico.

Este deterioro también ha fomentado la corrupción generalizada, especialmente en las prisiones. La situación carcelaria del país ha sido una de las fuentes de la crisis actual. Desde este punto de vista fue un error la decisión de Rafael Correa en 2015 de generalizar la prisión preventiva para los pequeños traficantes. El número de presos pasó de 11.000 a 40.000 entre 2009 y 2021. Miles de jóvenes indigentes han acabado en prisión, dispuestos a ser reclutados por las bandas.

Con la caída de los presupuestos, el aumento de la población reclusa y la corrupción generalizada, las cárceles se han convertido en verdaderas bases de operaciones para las bandas. La mayoría de los líderes de estos grupos siguen organizando sus actividades desde sus celdas. Según las asociaciones, casi una cuarta parte de las prisiones ecuatorianas están controladas de facto por bandas.

La situación se ha vuelto rápidamente explosiva. Sobre todo porque la diversidad de los actores y su constante competencia por controlar la producción, el abastecimiento y la distribución han desembocado en una sangrienta guerra de bandas. En 2020, el asesinato del entonces jefe de los Choneros, José Luis Zambrano, conocido como «Rasquiña», desencadenó una violenta batalla sucesoria.

La fragmentación del panorama criminal agravará la situación, animando a las bandas a diversificar sus ingresos en un intento de hacerse con el control, por lo que los secuestros y los intentos de extorsión se convirtieron en moneda corriente. Nadie está realmente a salvo, desde las empresas y escuelas locales hasta los basureros y agricultores. El día a día de los ecuatorianos, sobre todo en la región costera de Guayaquil, se está convirtiendo en una pesadilla.

Al mismo tiempo, la situación económica se deterioró aún más con la pandemia de Covid-19 y el repunte inflacionista que le siguió. En junio de 2022 estallaron nuevos disturbios cerca de Quito tras la decisión del presidente Guillermo Lasso de poner fin a los subsidios que reducían el precio de los combustibles, resultando muertas seis personas. Según el Banco Mundial, la tasa nacional de pobreza (ingresos inferiores al 60% de los ingresos medios) se disparó con la pandemia, llegando al 33% de la población en 2020. En 2022 consiguió descender al 25,2%, pero sigue muy por encima del nivel de 2017 (21,5%).

El nuevo presidente se ve en gran medida impotente. En primer lugar, porque, al igual que su predecesor, está presionado por la austeridad impuesta por el FMI y la dolarización. En segundo lugar, porque está en guerra constante con el Parlamento, donde dominan los correístas. Por ello, el Ejecutivo está utilizando el tema de la seguridad para intentar reforzar el poder presidencial. En febrero de 2023, Guillermo Lasso propuso una serie de ocho reformas constitucionales que combinaban la posibilidad de extraditar delincuentes ecuatorianos al extranjero con otras medidas. Todas fueron rechazadas.

Mientras se desarrolla la crisis económica y política, y a pesar del ocasional recurso al ejército, las bandas ganan cada vez más terreno. Frente a una policía y una administración penitenciaria sin presupuesto suficiente, los narcotraficantes gozan de recursos financieros, militares y tecnológicos superiores. En un reportaje del New York Times publicado en julio de 2023, un policía admitió que tenía que utilizar teléfonos privados para comunicarse con sus colegas porque no disponía de radio. Para él, «el combate es desigual».

Ecuador corre, pues, el riesgo de convertirse poco a poco en un Estado fallido. Este es también el mensaje que las bandas han querido enviar esta semana del 8 de enero, con la fuga de El Fito, su intromisión en un programa de televisión y las peleas callejeras que siguieron a la declaración de «guerra interna» de Daniel Noboa.

A partir de ahora, la referencia de Noboa, o más bien su última esperanza, es el «método Bukele», llamado así por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien redujo drásticamente la tasa de criminalidad en su país, entonces una de las más altas del mundo, y metió en cintura a las bandas locales en 2022. Para lograrlo, recurrió a la vía dura, suspendiendo en gran medida las libertades públicas y practicando una feroz represión. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado casos de detención arbitraria, de justicia sumaria e incluso de tortura.

Pero este método se ha convertido en una referencia en América Latina. Varios candidatos a la presidencia de Ecuador, entre ellos Daniel Noboa, lo han tomado como modelo, al igual que otros en Chile y Argentina.

El problema es que no es seguro que el caso ecuatoriano sea comparable al salvadoreño. Las bandas locales están vinculadas a grupos internacionales que, como los cárteles mexicanos, pueden hacer frente a ejércitos nacionales, están muy bien organizados y son muy ricos.

Pero sobre todo está la droga, cada vez más demandada en los países occidentales, lo que dificulta la erradicación de las organizaciones criminales. Desde este punto de vista, el caso ecuatoriano se parece más al de México o Colombia que al de El Salvador. En México y en Colombia, la «guerra contra el narcotráfico» ha provocado un deterioro permanente de la seguridad. Ecuador, ya sumido en una grave crisis económica, se encuentra ahora al borde del abismo.

Traducción de Miguel López