AN de 2020 inicia ruta para nombrar fiscal, contralor y defensor del pueblo: ¿qué se espera?

En 30 días la Asamblea Nacional (AN) de 2020, dominada por el partido de gobierno, Psuv, promete que habrá nueva designación de los integrantes del Poder Ciudadano (fiscal general, contralor y defensor del pueblo).

De esta forma, el Parlamento retoma el control de dicho proceso, al igual que lo hiciera con el Poder Judicial y el Electoral, luego de que el fiscal, el contralor y el defensor fueran designados por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 2017, que asumió las competencias del legislativo opositor de 2015 de manera inconstitucional, según juristas venezolanos.

Iniciada la ruta en la AN al ser designado el Comité de Postulaciones e instalarse dicha instancia este viernes 11 de octubre, para convocar a los interesados en los cargos y evaluar las credenciales, el codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, dice no tener mayores expectativas de este proceso al ser controlado por el partido de gobierno que advirtió una vez más, hará prevalecer más la lealtad política que los méritos, entre los requisitos para acceder a los cargos.

“No resultaría extraño que ratificaran a los actuales funcionarios (Tarek William Saab, Alfredo Ruiz y Jhosnel Peraza), pero tampoco se puede descartar que, dada la situación del país, se nombraran a figuras más radicales en los cargos”, comentó el abogado y defensor de derechos humanos en declaraciones a Efecto Cocuyo.

Inicia la ruta

Este 11 de octubre se instaló el Comité de Postulaciones en el Palacio Legislativo y aprobó el cronograma que finalizará con la presentación de nombres ante la plenaria de la AN para su aprobación final y juramentación. La instancia está presidida por el diputado y militar, Giuseppe Alessandrello (Psuv), seguido por el parlamentario José Gregorio Correa, del ala de Acción Democrática (AD) que controla Bernabé Gutiérrez como primer vicepresidente.

Ambos parlamentarios encabezaron los comités de postulaciones que en 2021, 2022 y 2023 propusieron a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a los actuales magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Los acompañan en el Comité,  los diputados Desiré Santos Amaral (segunda vicepresidenta), María Gabriela Vega, Nicia Maldonado, José Oscar Villarroel, Gloria Castillo, Ginkellys Vanessa Gutiérrez, Nancy Ascencio, Fernando Bastidas, Carolina García, Alfonso Campos y Timoteo Zambrano, estos últimos de la Alianza Democrática.

Instalado el Comité, Alessandrello informó que quienes deseen postularse a los cargos de fiscal, contralor general y defensor del Pueblo pueden hacerlo a partir del 14 de octubre, previa convocatoria que será publicada en los medios que disponga la instancia. Una vez culminado el proceso de filtro que debe incluir evaluación de credenciales, entrevistas a los postulados, publicación de una lista preliminar y un lapso para impugnaciones, el Comité presentará una lista de elegibles ante la plenaria.

De acuerdo con la Constitución, los funcionarios para los tres cargos tienen un período de siete años.

Según el artículo 284 para ser fiscal General de la República se requieren las mismas condiciones de elegibilidad de los magistrados del TSJ, a saber: nacionalidad venezolana por nacimiento y no poseer otra nacionalidad, ser ciudadano de reconocida honorabilidad; ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años años y tener título universitario de postrado en materia jurídica o haber sido profesor universitario en ciencia jurídica durante un mínimo de 15 años y tener la categoría de profesor titular.

Según el artículo 288 de la Carta Magna, para ser el contralor debe ser venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad, mayor de 30 años y con probada aptitud y experiencia para el ejercicio del cargo.

En cuanto al defensor del pueblo (artículo 280) también debe ser venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad y mayor de 30 años, “con manifiesta y demostrada competencia en materia de derechos humanos y cumplir con las exigencias de honorabilidad, ética y moral que establezca la ley”.

Balance negativo

En un mes se sabrá si quedan ratificados Saab, Ruiz y Peraza o designados nuevos funcionarios. En el caso del Ministerio Público ya está sonando extraoficialmente el nombramiento de Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y agente del Estado ante Sistema Internacional de Derechos Humanos, como relevo de Saab.

Para Daniels, el balance de los actuales fiscal, contralor y defensor del pueblo en el desempeño de sus funciones es negativo, especialmente en materia derechos humanos.

“El balance es negativo en cuanto al cumplimiento general de las funciones en cada cargo de acuerdo con la Constitución y las leyes. Consideramos que el peor desempeño lo tiene el defensor del pueblo del que nada se sabe, especialmente por tratarse de una época de represión en Venezuela. No ha actuado ante denuncias de torturas, desapariciones forzadas ni detenciones arbitrarias, para lo cual tiene un mandato especial de proteger a los ciudadanos”, expresó Daniels.

Escasas han sido las apariciones públicas y los pronunciamientos de Ruiz desde que fuera designado por la ANC. En uno de los más recientes avaló la sentencia de la Sala Electoral del TSJ que avaló el triunfo atribuido por el Poder Electoral a Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio, pese a que no se mostraron las actas de escrutinio. Nada ha dicho de las casi 2.000 detenciones, especialmente de adolescentes, registradas por ONG como Foro Penal, producto de las protestas por los resultados electorales anunciados.

Sin expectativas

Otros abogados como Tamara Suju y el exfiscal del MP, Zair Mundaray, han señalado a Saab de formar parte de la “estructura represiva” del gobierno de Maduro al procesar penalmente a decenas de opositores y negar ante organismos internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) las evidencias sobre comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de las fuerzas de seguridad del Estado que obedecen a una cadena de mando.

“No hay expectativas de cambios en las designaciones, puesto que esos funcionarios no son nombrados para cumplir con la Constitución. Sólo tomarán en cuenta que sean fieles al gobierno, como ya sucedió con las designaciones de los rectores del CNE y el TSJ y los resultados están a la vista”, agregó Daniels.

Tampoco espera que sectores de la sociedad civil deseen participar en el proceso por falta de garantías de seguridad, es decir, que cualquiera pueda ser visto como “enemigo” por postular un nombre o dar una opinión contraria a los intereses del poder político en Miraflores.

Vale recordar igualmente que el Comité de Postulaciones presidido por Alessandrello para la designación de los rectores del CNE el año pasado fue señalado en su momento, por organizaciones como Súmate y el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), de solapar actividades como la publicación de la lista preliminar de los candidatos a rectores seleccionados y la impugnación de los nombres propuestos, lo que afectó la transparencia del proceso.