Concejales y funcionarios municipales se manifiestan en Puerto Casado en reclamo del pago de haberes atrasados

Los manifestantes, unos 10 concejales e igual número de funcionarios decidieron movilizarse debido a la gravedad del caso, considerando que entre el personal hay personas que no perciben sus salarios desde hace 8 meses, explicó el presidente de la Junta Municipal de Puerto Casado (departamento de Alto Paraguay), Domingo Vera (ANR-HC).

En el caso del pago de dietas a los ediles, el atraso va desde 11 hasta 20 meses. A esto se suma la desprolijidad total en la administración de la Municipalidad de Puerto Casado, a cargo del intendente Hilario Adorno (colorado cartista), desde el inicio de su gestión, según aseguró el concejal.

“De forma permanente estamos denunciando varios hechos muy graves cometidos por el intendente, en la manera deshonesta en que está administrando los recursos del contribuyente casadeños”, dijo el presidente de la corporación legislativa.

“Adorno procedió a la compra de una camioneta con un cheque de la Municipalidad y, de forma irresponsable, hizo que figurara a su nombre, sin ningún inconveniente. Otra de las irregularidades cometidas por el jefe comunal hace referencia al tema del almuerzo escolar, que solo quedó registrado en los papeles, pues nunca entregó estos alimentos a los estudiantes”, afirmó el edil.

“Los informes finales de la Contraloría General de la República (CGR) dan cuenta de que existe una presunta malversación de G. 8.800 millones en las arcas del municipio. Todo esto lo denunciamos ante el Ministerio Público, sin que avancen las investigaciones contra el intendente”, refirió.

“Esta medida de fuerza es la única opción que tenemos para que seamos escuchados, ya sea por las autoridades de la Cámara de Diputados o por el propio Presidente de la República (Santiago Peña) para que atiendan los reclamos de los pobladores de esta zona chaqueña y se proceda a intervenir la Municipalidad”, refirió el denunciante.

Finalmente, el concejal aseguró que el jefe comunal se pasa sorteando sus procesos judiciales y deja de atender las necesidades del pueblo. Hace bastante tiempo que no está en la comunidad, precisamente para atender las denuncias que pesan en su contra.

Versión del intendente

El jefe comunal, Hilario Adorno, indicó inicialmente que, efectivamente, la Municipalidad adeuda sueldos y dietas tanto a concejales como a algunos funcionarios, pero no en los meses que señalan los manifestantes. Alegó que el atraso se debe a la baja recaudación en las arcas municipales.

“Desde el sábado 1 de febrero procedimos a pagar los salarios correspondientes a dos meses a los empleados, pero estos funcionarios que se manifiestan decidieron rechazar el pago, alegando que desean percibir el monto total adeudado. Lo mismo alegan los concejales en guerra”, dijo.

Adorno calificó de haraganes a las personas que se manifiestan y dijo que estos funcionarios no quieren trabajar, mientras que los ediles solo están para crear inconvenientes, ya que, según afirmó, son manejados por una empresa local a quienes responden.

“Es cierto que estoy imputado por la Fiscalía y que para el próximo 6 de febrero debo asumir el juicio oral y público, pero confío en que saldré bien parado. Es por eso que me presenté y estoy afrontando la situación como debe ser. Sin embargo, lo que están realizando tanto estos concejales como el grupo de funcionarios es solo una persecución en mi contra, expresó Adorno.

Imputación

Los fiscales Luis Piñanez y Carlomagno Alvarenga habían imputado al intendente, luego de investigar la denuncia presentada por los concejales sobre la compra de una camioneta con dinero perteneciente a la Municipalidad.

Hilario Adorno habría comprado una camioneta con un cheque de la Municipalidad de Puerto Casado por un monto de G. 50 millones, como parte de pago de la cuota del vehículo, una Mitsubishi L200, 2022, de la empresa Nipon Automotores, de acuerdo a la denuncia fiscal.

El juez Penal de Garantías Rodrigo Estigarribia, tras el pedido del Ministerio Público, elevó la causa a juicio oral y público, y además había ordenado que el intendente no pudiera acercarse a la sede de la Municipalidad en un perímetro de 500 metros, debido a que podría entorpecer el proceso.