Corte anula fallo que mantenía a jueza en causa contra Óscar Núñez y ordena su apartamiento

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló el Auto Interlocutorio N.º 112 del Tribunal de Apelación Multifueros de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes y ordenó apartar a la jueza Jazmín Ortiz del proceso penal que enfrenta el exgobernador Óscar Venancio Núñez Giménez por lesión de confianza y otros hechos punibles.

La decisión de la máxima instancia judicial hizo lugar al recurso planteado por la defensa de Núñez y tuvo por inhibida a la magistrada, luego de concluir que el tribunal de alzada actuó de manera arbitraria al rechazar tanto la recusación promovida por la defensa como el propio allanamiento de Ortiz.

La controversia se inició el 16 de junio de 2026, cuando Núñez recusó a la jueza con base en el artículo 50, numeral 13, del Código Procesal Penal, que contempla circunstancias graves capaces de afectar la imparcialidad o independencia del juzgador.

El planteamiento de la defensa se produjo luego de la difusión de fotografías de un encuentro político realizado en la residencia de Núñez, en el que participaron los padres de la magistrada. La defensa sostuvo que la vinculación política de los familiares con el procesado podía generar dudas sobre la imparcialidad de la jueza y afectar la confianza en el proceso.

Al contestar la recusación, Ortiz se allanó al planteamiento. La magistrada sostuvo que había actuado con objetividad, pero reconoció que las publicaciones periodísticas y los cuestionamientos relacionados con la participación política de sus padres en el mismo sector del recusante podían generar dudas sobre la credibilidad de su actuación jurisdiccional.

Pese a este allanamiento, el Tribunal de Apelación Multifueros de Presidente Hayes, integrado por Gustavo E. Martínez y María Elena Meza, dictó el A.I. N.º 112, el 19 de junio de 2026, y rechazó la recusación. Entre sus argumentos, sostuvo que la militancia política de los familiares no afectaba el desempeño judicial de Ortiz y consideró que el planteamiento había sido presentado de manera extemporánea.

La defensa, representada por los abogados Raúl Caballero Cantero y Josefina Aghemo de Lorenzi, recurrió la resolución ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La mayoría integrada por los ministros María Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera sostuvo que el tribunal de alzada excedió sus atribuciones al desconocer el efecto procesal del allanamiento de la magistrada. Según el criterio expuesto en la resolución, el artículo 345 del Código Procesal Penal establece que, cuando el juez recusado se allana a los términos de la recusación, corresponde tenerlo por inhibido.

La Corte señaló además que, una vez producido el allanamiento, el tribunal no tiene facultades para obligar al magistrado a continuar interviniendo en la causa. La eventual impugnación de la inhibición corresponde al magistrado sustituto que sea designado, conforme al procedimiento previsto en la legislación procesal.

El ministro Alberto Martínez Simón también coincidió con la decisión de apartar a Ortiz. En su fundamentación, destacó el reconocimiento realizado por la propia magistrada respecto de la proximidad política de sus padres con el procesado y consideró relevante el contexto particular de una comunidad pequeña, donde las relaciones personales y políticas pueden tener mayor exposición.

Con el fallo, la Sala Penal declaró admisible y dio lugar al recurso de apelación presentado por la defensa de Núñez, anuló el A.I. N.º 112 y tuvo por inhibida a la jueza Jazmín Ortiz.

El expediente deberá ser remitido para continuar con el procedimiento de integración del Tribunal de Apelación que tendrá a su cargo la causa.