El juez ratifica el bloqueo de cerca de 300 cuentas relacionadas con el escándalo de hidrocarburos en Aldama

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido continuar con el bloqueo de casi 300 cuentas asociadas a la presunta trama de hidrocarburos, en la que están siendo investigados el empresario Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas, dentro de un procedimiento separado relacionado con un posible fraude de IVA en carburantes. Para más información sobre fraudes de IVA, visita este enlace.

Fuentes jurídicas han confirmado que el instructor también ha decidido mantener «la prohibición de disponer» de 43 vehículos, seis de los cuales pertenecen a Rivas; en la lista se incluyen 13 Land Rovers, dos Ferraris y un Jaguar.

Entre otras medidas, el juez ha decidido mantener el embargo de aproximadamente 70 inmuebles relacionados con el denominado ‘caso hidrocarburos’ en localidades como Albacete, Cáceres, Málaga, Madrid y Cádiz, que también incluye una estación de servicio en Huesca. Para más detalles sobre el caso, visita aquí.

Esta decisión fue adoptada tras recibir un informe de la Guardia Civil en octubre, que proponía diversas diligencias, desde el bloqueo de productos bancarios hasta embargos preventivos. Si quieres conocer más sobre las investigaciones de la Guardia Civil, consulta este artículo.

En el informe, se comunicó la existencia de una organización criminal especializada que, tras obtener para Villafuel SL la autorización de operador mayorista en el mercado de hidrocarburos, a través de una estructura de empresas instrumentales, habría cometido posibles delitos relacionados con la pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

Según los agentes, Villafuel estaba «simulando» transmitir el hidrocarburo de su propiedad a empresas interpuestas, cuando en realidad lo entregaba a sus clientes finales, logrando así eludir el ingreso de las cuotas de IVA correspondientes, que ascienden hasta el momento a 231 millones de euros.

INDICIOS SUFICIENTES PARA ACORDAR MEDIDAS CAUTELARES

Por lo tanto, en octubre, el juez acordó «el bloqueo urgente y embargo preventivo y/o prohibición de disponer de saldos y productos que estén en posesión de las personas físicas y jurídicas» investigadas, así como el «bloqueo de todas las cuentas y activos» en que participen. Para más información sobre medidas cautelares, visita este enlace.

En aquella ocasión, Pedraz solicitó a cerca de veinte bancos que aportaran «toda la información» y llevaran a cabo «las acciones requeridas» en relación con una serie de productos vinculados a los investigados.

El instructor argumentó que las medidas cautelares no podían considerarse «precipitadas o prematuras», dado que «la propia ley procesal establece» que este tipo de acciones deben tomarse cuando existen «indicios de criminalidad contra una persona».

Según su evaluación, ya se habían realizado suficientes diligencias «como para atribuir a los imputados la comisión de hechos con apariencia delictiva, que sin duda implicarían una responsabilidad civil determinada.»