Cooperativas del oro cuestionadas por no pagar impuestos anuncian respaldo al gasolinazo || Analistas cuestionan el pago mínimo de regalías, el daño ambiental y la influencia política del sector, mientras otras federaciones convocan a marcha.

Sucre,  (ANV).- El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol), Nolberto Sánchez, informó que su sector no se movilizará contra el Decreto Supremo 5503 y acepta los nuevos precios de los combustibles, argumentando que desde hace más de un año compran diésel a más de nueve bolivianos el litro. Este respaldo contrasta con la postura de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), que convocó a una marcha nacional para este lunes, y con las críticas de analistas sobre el escaso aporte fiscal, el daño ambiental y la influencia política del sector aurífero.

En declaraciones tras una reunión con el presidente Rodrigo Paz, Sánchez afirmó que respaldarán la gestión gubernamental. «Nosotros no nos movilizamos… simplemente vamos a respaldar la gestión del Gobierno», señaló el dirigente, agregando que entre sus demandas prioritarias están la dotación de explosivos, la agilización de licencias ambientales y la garantía de venta de diésel para las 2.500 cooperativas afiliadas.

Sin embargo, este apoyo no es unánime en el universo cooperativo. La Fencomin, a través de un comunicado, convocó a una «gran marcha nacional» para este lunes 22 de diciembre en La Paz, en rechazo al decreto, con la participación del «100% de los asociados base». Esta divergencia muestra la fragmentación del sector frente a la medida económica.

El respaldo de Fecmabol se da en un contexto de creciente cuestionamiento público al modelo de las cooperativas auríferas. Héctor Córdova, analista de la Fundación Jubileo, sostuvo que el Estado ha perdido el control sobre este sector, que establece sus propias reglas sobre los impuestos que paga. Citó que en 2022, por una exportación de oro de 3.073 millones de dólares, el aporte al Estado fue de solo 63 millones. «El Estado ya perdió el control, pero, además, el Estado ve mellada su gestión, su integridad, su imagen y su economía», afirmó Córdova.

A ello se suman denuncias por el «brutal» e «irreversible» daño ambiental causado por el uso de mercurio y la remoción de tierras, y por la violencia en los yacimientos, donde se han registrado enfrentamientos mortales entre cooperativas por el control de áreas. La exsenadora Cecilia Requena (CC) señaló que el Estado está en «completo descontrol» en la fiscalización ambiental.

Analistas y legisladores también apuntan a la significativa influencia política del sector, que cuenta con asambleístas provenientes de sus filas, lo que explicaría, según críticos, la flexibilidad normativa y fiscal de la que gozan. Esta posición de poder contrasta con la decisión de Fecmabol de no movilizarse, priorizando el diálogo con el gobierno para atender demandas específicas del sector, en un momento de alta tensión social por la eliminación del subsidio.

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